POR: MTRO. LUIS ARMADO CARRANZA CAMARENA
En un panorama global de crecimiento moderado pero estable, la economía mexicana ha registrado un tropiezo significativo en el tercer trimestre de 2025, lo que subraya su bajo rendimiento en comparación con economías emergentes similares. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) de México experimentó una contracción del 0.3% en términos trimestrales ajustados por estacionalidad, impulsada principalmente por debilidades en el sector industrial y de servicios.
Esta caída representa la primera contracción trimestral en varios periodos y plantea interrogantes sobre la trayectoria anual del país.
La relación entre esta contracción trimestral y el bajo crecimiento general de México es directa y reveladora. El declive del 0.3% en el tercer trimestre contribuye a diluir el avance acumulado en los primeros nueve meses del año, que apenas alcanzó un incremento del 0.4% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Factores como la contracción del 1.5% en la actividad industrial —incluyendo manufactura, construcción, minería y energía— han sido determinantes, reflejando interrupciones en cadenas de suministro y una demanda interna más débil de lo esperado.
En consecuencia, las proyecciones para el cierre de 2025 se han ajustado a la baja, con estimaciones que oscilan entre el 0.1% según el Banco de México y el 1.0% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que representan un nivel significativamente inferior tanto al promedio histórico de expansión económica del país como a las estimaciones formuladas al inicio del año como en el marco presupuestal gubernamental. El promedio histórico de los últimos 40 años (aproximadamente desde 1985 hasta 2019), el crecimiento anual promedio del PIB de México ha sido de alrededor del 2.2%, según datos del Banco Mundial y análisis macroeconómicos. Este promedio refleja periodos de expansión moderada, interrumpidos por crisis como la de 1994-1995 y la de 2008-2009, pero en general indica una trayectoria de crecimiento sostenido por encima del 2% en términos reales. Por su parte, las expectativas al comienzo de 2025, las proyecciones económicas —incluidas las del gobierno federal en su paquete presupuestal y estimaciones de instituciones como el Banco de México y analistas privados— anticipaban un crecimiento más robusto, típicamente en el rango del 1.5% al 3.0%. Por ejemplo, el gobierno asumió un escenario optimista de entre 2% y 3% en su presupuesto de egresos, mientras que consensos iniciales de analistas apuntaban a cifras cercanas al 1.8%. Sin embargo, factores como la contracción en el tercer trimestre y revisiones posteriores han ajustado estas estimaciones a la baja, reflejando un deterioro en las perspectivas económicas.
LAS LIMITACIONES
ESTRUCTURALES
El bajo crecimiento de México se nota mucho en comparación con otros países en desarrollo y en Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el mundo crecerá un 3.2% en 2025, y los países emergentes un promedio de 4.2%, pero México está quedándose atrás.
En América Latina y el Caribe, se espera un crecimiento alrededor del 2.4%, gracias a países como Brasil (2.4%), Argentina (4.5%) y Colombia (2.5%), que se benefician de mejoras en la agricultura, el comercio y la exportación de materias primas como petróleo o minerales.
Fuera de la región, países en desarrollo como India (6.6%) e Indonesia (4.9%) crecen de forma mucho más fuerte, apoyados por inversiones en carreteras, edificios y tecnología, además de una población joven que impulsa el gasto dentro del país. Incluso naciones como Turquía (alrededor del 3.5%) y Sudáfrica (1.1%) muestran más capacidad para resistir problemas, a pesar de desafíos como el aumento de precios (inflación) y cambios en el valor de su moneda.
La discrepancia radica en que, mientras estas economías han capitalizado oportunidades como el nearshoring en Asia o la estabilización post-pandemia en Latinoamérica,
En este sentido, México enfrenta limitaciones estructurales que amplifican el impacto de contracciones trimestrales y que explican el rezago persistente con un crecimiento promedio anual de alrededor del 2% desde 1980; destacan, por ejemplo, debilidades institucionales y regulatorias, como un estado de derecho frágil con altos niveles de impunidad e incertidumbre regulatoria que desalientan la inversión privada, particularmente en sectores clave como energía e infraestructura.
A ello se suman las limitaciones fiscales, con una proporción de deuda sobre PIB en ascenso (del 44.8% al 51.4% en los últimos años) y déficits elevados que restringen el gasto productivo, priorizando rescates a empresas estatales como Pemex.
Además, problemas de productividad y capital humano, derivados de inversiones insuficientes en educación, salud e infraestructura, diluyen el crecimiento per cápita, mientras que dependencias externas, como la vulnerabilidad a políticas comerciales de Estados Unidos bajo el T-MEC, exponen al país a riesgos globales.
Un tema central es en el impacto de los programas sociales en el crecimiento económico. Aunque estos programas, como transferencias incondicionales para adultos mayores, estudiantes y comunidades indígenas, han contribuido a reducir la pobreza (de 41.9% a 36.3% entre 2018 y 2022), también es verdad que han impulsado la popularidad gubernamental, se les reprocha su falta de sostenibilidad fiscal sin reformas tributarias integrales, lo que agrava déficits y desplaza recursos de áreas productivas como salud y educación, donde se reporta un aumento de 30 millones de personas sin acceso a servicios médicos desde 2019.
De esta forma y pese al gasto social equivalente al 7.5% del PIB en 2019, estos programas son menos progresivos de lo anunciado, han coincidido con una recuperación lenta y parcial del PIB post-pandemia —que, aunque ha superado nominalmente los niveles de 2019, permanece por debajo del potencial prometido y ajustado por inflación en términos per cápita— y han coincidido con un crecimiento anual inferior al 1% (frente al 4% prometido), al priorizar clientelismo sobre inversiones que fomenten productividad y empleo formal, exacerbando así el estancamiento económico.
Las decisiones políticas para expandir estos programas desde 2019 han sido excesivas y riesgosas, con un gasto en programas prioritarios que ha escalado de aproximadamente 500 mil millones de pesos en 2019 a 987 mil millones proyectados para 2026 (equivalente a cerca del 10% del gasto total y 3% del PIB), sin mecanismos adecuados de evaluación ni transparencia en padrones de beneficiarios, incrementado los déficits fiscales de 2.9% en 2019 a 5.9% en 2024 y proyecta presiones continuas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, potencialmente comprometiendo la estabilidad macroeconómica y la capacidad para invertir en infraestructura productiva.
RECETA: REVITALIZAR
INDUSTRIA Y SERVICIOS
Es de hacer notar que sin una crisis económica internacional que justifique este rezago —pues el crecimiento mundial se mantiene estable en medio de políticas monetarias acomodaticias—, el bajo avance de México, resalta la necesidad de medidas para revitalizar la industria y los servicios.
De no abordarse en ese contexto, esta tendencia podría perpetuar una brecha con pares regionales y globales, afectando la competitividad a largo plazo.
En resumen, la contracción del tercer trimestre no es un evento aislado, sino un síntoma de un crecimiento anual insuficiente que posiciona a México por debajo de sus contrapartes emergentes, agravado por causas estructurales como debilidades institucionales, presiones fiscales, baja productividad, dependencias externas y el impacto de los programas sociales que, aunque reducen pobreza, no impulsan crecimiento sostenido debido a su enfoque en transferencias directas sin vinculación a productividad.
Para mitigar estas causas estructurales y revertir el rezago, se deben implementar reformas integrales que fortalezcan el estado de derecho mediante medidas que garanticen la independencia judicial y reduzcan la impunidad, lo que incentivaría en la inversión privada y mejoraría la certeza regulatoria; de igual forma, adoptar políticas fiscales sostenibles que diversifiquen el gasto hacia infraestructura y capital humano, reduciendo la dependencia de rescates a empresas estatales y controlando el endeudamiento; asimismo, invertir en educación y salud para elevar la productividad laboral y el crecimiento per cápita; y diversificar las dependencias externas mediante acuerdos comerciales ampliados y promoción del nearshoring interno.
En cuanto a los programas sociales, asegurar su sostenibilidad mediante reformas tributarias que eviten déficits y permitan un impacto positivo en el crecimiento a largo plazo, en lugar de limitarse al alivio temporal de la pobreza. Es reformarlos para mayor eficiencia, vinculándolos a condiciones que promuevan participación laboral y educación productiva,
