Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se reformó la Constitución que otorgó la autonomía a la Fiscalía General de la República y sustituyera a la Procuraduría General de la República, con la finalidad de que el titular de la institución permaneciera en el cargo 9 años y dejara de ser un apéndice del Poder Ejecutivo federal.
En 2018 -último año de gobierno de Peña- no se logró el nombramiento del fiscal general por la falta de votos a favor y por la actitud de las oposiciones que llamaron a Raúl Cervantes, en ese momento procurador general de la República, “fiscal carnal”.
El nombramiento quedó en veremos hasta enero de 2019, ya en el nuevo gobierno y a propuesta presidencial colocó a Alejandro Gertz Manero como su carta fuerte, situación que consiguió y la Fiscalía tuvo titular.
La autonomía constitucional otorgada por el Congreso de la Unión a la Fiscalía General pronosticaba que finalmente el presidente de la República o el secretario de Gobernación estarían impedidos de ordenar oficial y legalmente al fiscal hacia dónde inclinar la balanza en los asuntos que tuviera su cargo.
Extraoficialmente, claro está, la autonomía era rebasada por el poder presidencial. Sin embargo, se registraron cambios importantes en la impartición de justicia.
La inexplicable, jurídicamente, renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien durante casi 7 años al frente de la FGR, sepultó la autonomía que, de suyo y durante el pasado gobierno, obedeció lo que le “sugerían” desde el púlpito presidencial.
El desaseo con el que se nombró a Ernestina Godoy Ramos como fiscal interina, muestra que desde Palacio Nacional se impone la conducción de la justicia y que el poder político lo puede todo, incluso seguir pisoteando la Constitución Política de los Estados Unidos.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la fiscal especializada de Control Competencial, ocupará el cargo por ausencia del titular de la institución.
Ese cargo lo ocupaba Cristina Reséndiz a quien hicieron renunciar a las 14 horas y enseguida el que se iba, Gertz Manero, todavía en uso de sus facultades, designó a Ernestina Godoy Ramos.
Con el nombramiento en automático la ahora fiscal interina, asumió el cargo y de inmediato comenzó a formar su equipo de trabajo.
Conforme a la Constitución y las leyes que de ella emanan en la materia, Godoy podría permanecer el cargo -si el diablo no mete su cola- hasta 2028, siempre y cuando el Senado –“independiente, soberano y parte de uno de los tres poderes de la desunión”- la ratifique si se encuentra -¡seguro estará!- en la lista de aspirantes.
Con el interinato de la fiscala, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá todas las herramientas de la justicia: la procuración y la administración.
Control total: Poder Judicial de la Federación y Fiscalía General de la República.
De tal forma, la tan cacareada autonomía de la institución, siempre referida por el mentor y por la presidenta Sheinbaum, fue despedida sin liquidación alguna.
Se quedó sin empleo.
¿Por qué el desaseo para tomar decisiones que resulten cuestionables?
Es verdad, puede hacer lo que quiera la señora presidenta. Para eso controla los poderes Legislativo y Judicial, aunque las decisiones provengan del sureste del país.
¿Alguien lo duda?
E-mail: jesusmichelnarvaez266@gmail.com, jesusmichelmp@hotmail.com Facebook Jesús Michel y en Misión, Periodismo sin Regaños martes y jueves de 16 a 17 horas, en Radio Cañón en el 760 de AM.
