Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Carlos Manzo, según afirmaciones de “los otros” impidió que la guardia nacional lo cuidara bajo el argumento de que “escolta personal” -entre 10 y 14 elementos- estaba formada por “policías municipales de su confianza”.
Extraña detención de 6 de las escoltas.
Según versiones oficiales, autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) Michoacán lograron la detención de siete escoltas municipales que estuvieron presentes en el asesinato del alcalde de Uruapan.
Aunque en principio no se menciona a las autoridades federales, las versiones preliminares, los seis sospechosos son parte de la Policía Municipal de Uruapan y, tras su captura en un operativo coordinado por elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Ejército Mexicano, serán trasladados a la ciudad de Morelia para continuar con el proceso judicial y rindan su declaración.
Se asegura que las nuevas detenciones se dan en el marco del traslado de Juan Manuel “N”, “El Licenciado”, hacia el penal federal de El Altiplano para estar presente en la audiencia inicial que lo juzgará por los posibles delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, así como por los señalamientos de ser uno de los presuntos autores intelectuales en el asesinato del presidente municipal a las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Dirá el de enfrente: ¿y se acaba todo?
Las aprehensiones parecen obedecer a la estrategia “limpiar el rostro” de los políticos denunciados públicamente por la viuda de Manzo, Grecia Quiroz quien al asumir el cargo de alcaldesa en Uruapan, mencionó dos nombres que, según sus informaciones, podrían estar ligados a la ejecución de su esposa: Alfredo Ramírez Bedolla. Silvano Aureoles y Leonel Godoy. El primero, gobernador, el segundo su antecesor -prófugo de la justifica aunque existe la ficha roja de la Interpol y se sabe se encuentra en Estados Unidos- y el tercero exgobernador al que le arrojaron granadas en una conmemoración del 15 de septiembre.
De pronto, todo se centra en personajes estatales. En jenízaros. El fiscal general, aprobado por el Congreso Estatal en julio pasado, Carlos Torres Piña en relevo de Adrián López Solís, ha sido mencionado en Estados Unidos de tener nexos con cuando menos dos grupos criminales. Se presumiría que se trataría de Los Viagra, del que, se afirma, el gobernador Ramírez Bedolla tiene “buenas relaciones”.
Especulaciones o verdades, lo importante es saber por qué las autoridades estatales y federales tardaron 20 días para descubrir que Manzo dormía con el enemigo.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, jefe pleno de las acciones que se toman para frenar la violencia, detener a elementos del crimen organizado, destruir laboratorios y confiscar toneladas de cocaína y millones de pastillas, había adelantado la posible participación de elementos de su escolta.
El general Ricardo Trevilla señaló que la Guardia Nacional cumplió con la orden de cuidarlo de manera periférica, porque el alcalde se negó a que estuvieran a su alrededor. Palabras más y palabras menos, refirió que los personajes que solicitan la presencia de la GN para protegerlos, deben seguir los protocolos y dejarse cuidar.
Por lo pronto, los nombres de los políticos se guardan en el cajón de los “presuntos”, pero sobre ellos no pesa ninguna acusación oficial de su participación en la ejecución de Manzo.
Un lavado de rostro que no quita el tizne y en su momento tampoco la responsabilidad.
