El Senado de la República avaló en lo general los cambios a la reforma en materia de extorsión, con lo que se fortalece el marco legal para investigar, prevenir y sancionar este delito que afecta a miles de personas y negocios en el país. La aprobación se dio con una amplia mayoría del Pleno, tras una discusión que incluyó ajustes de última hora para precisar responsabilidades y aumentar las penas en casos relacionados con servidores públicos.
La reforma crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y modifica diversos ordenamientos como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Entre los puntos principales se establece un aumento de penas para quienes cometan extorsión, así como castigos más severos para funcionarios que omitan denunciar o que participen en estas conductas. Los servidores públicos responsables de prevenir o investigar delitos y que no reporten actos de extorsión enfrentarán sanciones elevadas, mientras que quienes faciliten o permitan su operación desde instituciones gubernamentales o penales recibirán condenas más altas.
La reforma también obliga a que fiscalías estatales y federales cuenten con unidades especializadas, personal capacitado y protocolos claros para la atención de víctimas y la investigación del delito, con el fin de homologar criterios a nivel nacional.
Con estos ajustes, el Senado busca cerrar espacios a las redes de extorsión y reforzar la participación institucional en su combate, priorizando la protección a ciudadanos y sectores productivos. Se espera que los cambios aceleren la implementación del nuevo modelo nacional contra la extorsión en coordinación con los gobiernos estatales.
