Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Informar que habrá un despliegue militar compuesto por 10 mil elementos del ejército y la Guardia Nacional y 1 mil 781 elementos integrados en siete compañías de infantería de Marina, es dar aviso a los criminales para que se escondan, huyan o preparen sus arsenales para hacerles frente a las fuerzas castrenses que estarán en Michoacán para frenar la violencia y que la paz con justicia retorne a Michoacán.
Entiendo que al gobierno de Claudia Sheinbaum le urge que se sepa que el combate a la delincuencia es y será definitivo. Sin embargo, anunciar los operativos que se realizarán no es buena señal.
Es alertar a los criminales para que sientan el peso de la “fuerza del Estado” con la cual no se impedirá el derramamiento de sangre y los registros serán todo lo contrario.
En Sinaloa existe una fuerza castrense, con permanencia los 365 días del año, y los criminales, en este caso los mayitos y chapitos, no han cedido un centímetro en su loca carrera por demostrar que grupo domina la producción, trasiego, contrabando de drogas no solamente naturales sino sintéticas. Y hay que señalar la cantidad de detenidos, destrucción de laboratorios, confiscación de toneladas de drogas y todo ha empeorado con todo y la estrategia diseñada para amainar, no terminar, las operaciones delincuenciales.
Allá, en donde el desgobierno de Rubén Rocha Moya está más preocupado por “eventos turístico-deportivos” que cooperar con las fuerzas federales y ordenar a las estatales, acciones concretas que regresen la tranquilidad a Sinaloa.
Pareciera que el secretario García Harfuch no ha evaluado los resultados de las acciones de cientos de operaciones en Sinaloa y Guerrero, porque con toda la información con la que cuenta, la capacidad guerrera de las fuerzas armadas y las policías estatales y municipales, la violencia no se ha reducido. Las ejecuciones son el pan de cada día. La lucha por el control de territorios no se lleva con la legalidad.
En el caso de Michoacán, el plan anunciado originalmente contendría 3 ejes, pasó a 13 y ninguno de ellos preludia el éxito.
Si en realidad el gobierno quiere llegar a la raíz del problema, tiene que actuar contra los funcionarios -no son servidores públicos- que desde el nivel de gobernador y de ahí para abajo, han sido señalados de ser parte del crimen organizado o cuando menos han sido omisos en tomar decisiones que protejan a sus gobernados.
Ir por las “jefes de plaza”, los que forman la cabeza de la Hidra, no ha sido suficiente para frenar a quienes crecieron con el beneplácito del pasado gobierno. S
Siempre que hay señalamientos de las presuntas participaciones de políticos, en este caso de Morena, la respuesta desde la cúpula del poder ha sido: ¿dónde están las pruebas?
Y se confirma la inexistencia de carpetas de investigación.
El problema no son los criminales sino quienes los dejan actuar y lo cubren con el manto de impunidad.
Desde la óptica de ser mexicano y periodista, deseo que el Plan Michoacán por la paz y la justicia, sea un éxito y que los 4 millones 748 846 habitantes, de acuerdo con el censo de población y vivienda 2020 realizado por el INEGI, inicien la nueva era acompañados por la seguridad, el empleo, la educación y, sobre todo, con gobiernos responsables que nada tengan que ver con los delincuentes.
Sin embargo, dudo del resultado que, de darse, será de largo plazo.
No compartir la manera de integrar el Plan y de difundirlo, no implica que antes de iniciar sea un fracaso.
Las experiencias anteriores deberían servir de algo para que finalmente permita n solamente a Michoacán sino a todo el país, disfrutar de sus bellezas, sus carreteras, sus ciudades y que se pueda viajar a cualquier parte sin el temor de perder la vida a manos de los que dominan parte del territorio nacional.
Por lo pronto, me desagrada la forma en que se anunció el plan y que permitirá a los criminales abastecerse de armamento para enfrentar a las fuerzas federales.
¿Dónde quedó la inteligencia?
¡En el cajón de los documentos inservibles!
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