El Senado de la República aprobó este miércoles por unanimidad una reforma que fortalece la autonomía sindical y establece sanciones severas contra los funcionarios que intervengan en las decisiones internas de los gremios.
La iniciativa, promovida por el senador de Morena y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Alfonso Cepeda Salas, incorpora por primera vez un catálogo de conductas prohibidas y sanciones específicas para quienes violen la independencia de los sindicatos.
De acuerdo con el dictamen, los funcionarios que interfieran en la constitución, funcionamiento, administración o procesos electorales de los sindicatos podrán ser suspendidos, destituidos o inhabilitados de uno a 20 años, además de enfrentar sanciones económicas y, en su caso, responsabilidades políticas o penales.
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Con esta iniciativa enviamos un mensaje claro a las personas servidoras públicas: todo acto de injerencia en la vida sindical será considerado falta administrativa grave y sancionado conforme a la ley.
El dirigente calificó la reforma como “la conquista laboral más importante del siglo XXI” y subrayó que busca evitar abusos y “dirigencias a modo”.
Con esta reforma le cerramos otra puerta más a la corrupción. No más ventajas indebidas, no más abusos del cargo, no más subordinaciones indignas.
Desde la oposición, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, respaldó la iniciativa, recordando que la libertad sindical fue uno de los compromisos asumidos por México con la firma del T-MEC.
“Hoy celebramos esta reforma que complementa el avance logrado con el apartado A, al incluir por fin el apartado B, que protege a los trabajadores del sector público”, señaló.
Por su parte, la panista Ivideliza Reyes Hernández destacó que la medida contribuye a consolidar una verdadera democracia sindical.
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“El nuevo artículo 69 Bis reconoce que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado deben gozar de protección contra toda forma de injerencia”, subrayó.
Ninguna autoridad podrá condicionar apoyos ni usar recursos públicos con fines sindicales, hacerlo será ahora una falta administrativa grave.
Gráfico tomado de la web
