Por afiliaciones indebidas, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas a los partidos políticos, con excepción del PAN, por 28.8 millones de pesos.
De un total de 917 personas que presentaron quejas por ese motivo – y también por desafiliaciones indebidas- el consejo general del INE resolvió que no hubo afectación en 546 asuntos, mientras que otros resultaron sobreseídos, por fallecimiento del ciudadano, y algunos más tenían vencida la caducidad, de ahí que las infracciones fueron aplicadas en 259 casos.
Según cifras preliminares, el PRI deberá pagar 5.5 millones por haber inscrito en su padrón a ciudadanos el consentimiento respectivo; Morena fue multada con 15.6 millones; PT, con 1.7 millones; Partido Verde, 5.2 millones, y Movimiento Ciudadano, con 506 mil 573 pesos.
En otro asunto, el consejo general aprobó la destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, la lista nominal de electores y boletas inutilizadas durante la elección judicial.
Esta acción se hará en coordinación con la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuitos, pues el papel será reciclado y utilizado en la producción de estos materiales educativos.
Aparte, fue aprobado el procedimiento de revisión de los informes de ingresos y gastos de las actividades realizadas por organizaciones de observación electoral en la elección judicial.
El INE fiscalizó a 33 agrupaciones de las que siete presentaron su informe en tiempo, cinco de manera extemporánea y 21 fueron omisas; ninguna de las omisas recibe recursos del Fondo de Apoyo respectivo ni de algún otro similar. Al no tener registro de gastos, solo recibieron amonestación pública.
En otro tema, por mayoría de votos, el INE respondió a la agrupación que pretende constituir el partido “Somos México” (identificado con ex funcionarios del INE) que no pueden recibir aportaciones de empresas inscritas con actividades profesionales.
Al inicio de la sesión y a petición del representante del PAN, los integrantes del consejo general del INE rindieron a petición del PAN un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, así como del dirigente de productores de Limón, Bernardo Bravo.
