El Gobierno de México expresó su rechazo ante la decisión del Estado peruano de romper relaciones diplomáticas tras el otorgamiento de asilo político en la embajada mexicana en Lima a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú. México calificó la medida peruana como “excesiva y desproporcionada”, y reafirmó que el asilo fue concedido en cumplimiento del derecho internacional.
Perú, por su parte, sostuvo que la acción mexicana constituye un acto “no amistoso” que viola su soberanía, al considerar que México ha intervenido repetidamente en asuntos internos del país andino desde la destitución del expresidente Pedro Castillo. Ante ello, el Gobierno peruano anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas plenas con México, aunque continuará manteniendo vínculos consulares mínimos.
El Ejecutivo mexicano descartó que la concesión de asilo tenga carácter de injerencia, y reafirmó que la decisión se adoptó conforme a normativas internacionales sobre protección de personas perseguidas políticamente. Asimismo, reiteró su disposición al diálogo y su deseo de preservar una relación bilateral basada en el respeto a la autonomía de cada país.
La crisis marca un nuevo nivel de tensión en la relación bilateral, sumándose a una serie de roces acumulados en los últimos años. A pesar de ello, México dejó claro que no acepta regular interrupciones diplomáticas como respuesta a procedimientos que, bajo su interpretación, se enmarcan dentro del derecho de asilo. Mientras tanto, Perú mantiene vigente la severa advertencia de que la ruptura diplomática permanecerá hasta que se revisen las condiciones de respeto mutuo entre los dos países.
En este contexto, la atención se centra en el futuro de la diplomacia latinoamericana y en cómo resolverán ambos países un conflicto que mezcla soberanía, protección internacional y política interna.
