En la noche del miércoles, las instalaciones de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona de Playas de Tijuana fueron blanco de un ataque con explosivos. La agresión, presuntamente perpetrada mediante drones, provocó daños materiales sin que se reportaran lesionados.
Según reportes preliminares, el incidente ocurrió cerca de las 19:00 horas cuando varias pequeñas aeronaves no tripuladas arrojaron artefactos explosivos sobre el patio del inmueble. Las detonaciones impactaron principalmente en vehículos estacionados, dañando tanto unidades particulares como oficiales, así como partes de la estructura del edificio.
Tras recibir la alerta, los cuerpos de seguridad estatales y municipales activaron un operativo conjunto alrededor de la zona y resguardaron el perímetro. Personal forense y peritos especializados realizaron inspecciones en el sitio para determinar el tipo de explosivos, recolectar indicios y establecer la dinámica del ataque.
Durante la madrugada, la Fiscalía estatal ofreció una conferencia en la que la titular confirmó que los explosivos eran de tipo casero: botellas de plástico que contenían fragmentos metálicos, balines y clavos, preparados para dispersar metralla al estallar. Además, precisó que el ataque no estaba dirigido contra personas específicas, sino contra la institución misma y su labor en el combate al crimen organizado.
Por su parte, la Fiscal adelantó que el caso será investigado bajo la figura penal de terrorismo, pues se considera una acción que busca infundir temor e intimidación en contra del sistema de justicia. Aunque aún no se ha identificado a los responsables, las autoridades estatales y federales colaboran para dar con ellos.
Adicionalmente, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, pidiéndoles mantenerse alejados de la zona y mantenerse pendientes de los comunicados oficiales.
En su declaración, la Fiscalía subrayó que este ataque se suma a una serie de agresiones recientes contra sedes e instalaciones de procuración de justicia en Baja California. Esta ofensiva, según las autoridades, podría estar vinculada a retaliaciones por operativos, detenciones y cateos dirigidos a células criminales de alto impacto.
