El Imperativo Ético Contra la Corrupción en México
POR MTRO. LUIS ARMANDO CARRANZA CAMARENA
En el México contemporáneo, donde los ecos del neoliberalismo aún resuenan como un mal recuerdo, la corrupción estructural ha erosionado la confianza ciudadana y transformado al Estado en un botín para intereses privados. En mi reflexión sobre «La Moralidad Pública: Una Reflexión Contemporánea», hago un llamado urgente a refundar la ética en el servicio público. Con el giro democrático impulsado por el pueblo en las últimas décadas, surge un mandato claro: erradicar la impunidad y la desigualdad que han convertido las crisis económicas en «juegos de casino» financieros, donde el lucro privado prima sobre el bienestar colectivo. Advierto que este «doble fraude» —saqueo de recursos y defraudación de la fe ciudadana— no es solo un delito jurídico, sino una forma de dominación social que combina abuso de poder, fraudes electorales y exclusión de las clases vulnerables.
El contexto histórico es sombrío: la geopolítica se ha convertido en geoeconomía, modelando políticas públicas al ritmo de la acumulación acelerada del capital. La corrupción, amparada a menudo por la legalidad, florece en estructuras que incentivan la impunidad y la colusión. Como cito a Sandoval Ballesteros (2009), combatirla exige desmantelar no solo las «manzanas podridas», sino la canasta entera: sus tejidos e incentivos. Esta erosión amenaza las bases democráticas, capturando esferas financieras y políticas en una moneda de dos caras que inhibe el acceso equitativo al poder y la justicia.
Frente a este panorama, propongo la construcción de una nueva moralidad pública, anclada en una hegemonía política ética. Inspirado en la democracia griega —defensa de los pobres contra el saqueo—, urge actualizar el Estado para superar oligarquías y recuperar la participación ciudadana. Un eje clave es el ecosistema deontológico impulsado por la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), que prioriza la formación ética y la profesionalización de servidores públicos. «El presupuesto no es un botín, sino riqueza colectiva para el desarrollo», enfatizo, destacando acciones como el Código de Ética para Servidores Públicos (2019) y códigos de conducta por dependencia. Estos instrumentos fomentan honestidad, transparencia y participación, alineados con el artículo 134 de la Constitución, la Ley Federal de Austeridad Republicana y mecanismos de denuncia protegida. La prevención de conflictos de interés emerge como pilar legal.
La Ley de Austeridad (2019) obliga a separar activos privados de responsabilidades públicas, prohibiendo a altos funcionarios unirse a empresas reguladas por al menos diez años. La declaración de conflictos —definida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como afectación a la imparcialidad por intereses personales— clasifica riesgos en reales, aparentes y potenciales, garantizando integridad en decisiones. El Consejo de la Judicatura Federal lo resume: un juicio influido por lo privado socava el interés público.
En la función administrativa, la ética no es accesoria, sino fundamental. Invoco a Max Weber: la burocracia es dominación por el saber, y su profesionalización asegura eficiencia.
La reestructuración de la Secretaría Anticorrupción incluye la Subsecretaría Anticorrupción para estrategias preventivas y la Unidad de Combate a la Impunidad para investigaciones y transparencia. Iniciativas como el Padrón de Integridad Empresarial extienden la lucha al sector privado, con colaboración de sociedad civil, estudiantes y organismos internacionales.
La moral administrativa, utilitarista y deontológica, genera el mayor bien común: vocación de servicio, honestidad y responsabilidad, transformando el poder en autoridad legítima. Desde Aristóteles hasta Montesquieu, la reflexión histórica subraya la separación de poderes como freno a la tiranía. Weber distingue la «ética de la convicción» de la «responsabilidad», recordándonos que la política, lejos de la manipulación, debe ser ética comunitaria. Sin embargo, como advierto citando a Maiorano y Fernández, la creencia en el poder arbitrario ha fracturado el «deber ser» político, convirtiendo la corrupción en norma.
Conclusión: Un Llamado a la Virtud Colectiva en definitiva, la nueva moralidad pública no es utopía, sino imperativo para un Estado democrático y justo. Los códigos éticos y mecanismos legales son herramientas valiosas, pero su éxito depende de su internalización en la vida diaria: desde la familia y la educación hasta el aula judicial.
Concluyo que, en un mundo de avances tecnológicos, la moral pública sigue anclada en conductas anacrónicas. Combatir la corrupción requiere enfoques multidisciplinarios —preventivos en valores y punitivos en sanciones— para que los funcionarios sean virtuosos defensores del bien común. Solo así, México transitará de la vulnerabilidad clientelar a una administración ética, donde el presupuesto sirva al desarrollo y a los más pobres. La sociedad civil, vigilante y participativa, es el aliado indispensable: porque, como dijo Maritain, «la justicia es condición de toda buena política». El desafío es colectivo; el futuro, ético.
