El Senado de la República aprobó este miércoles por unanimidad, con 106 votos, la reforma constitucional en materia de extorsión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo cual se otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General que unifique criterios, sanciones y protocolos de atención a víctimas en todo el país.
De acuerdo con el dictamen, la reforma homologa el delito de extorsión al nivel de otros considerados de alto impacto (como el secuestro, la trata de personas y la desaparición forzada) al establecer que deberá regularse mediante ley general. Esta legislación definirá el tipo penal, sus agravantes y delitos vinculados, además de fijar sanciones mínimas y máximas, con el objetivo de combatir la impunidad y garantizar una atención estandarizada a las víctimas.
El documento estipula que el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días para expedir la Ley General correspondiente, mientras que las disposiciones vigentes a nivel federal y estatal continuarán en operación hasta que se emitan las nuevas reglas.
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Al presentar el dictamen en tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, sostuvo que esta reforma responde a la necesidad de enfrentar un delito que ha crecido bajo un alto nivel de impunidad y que se ha adaptado a las nuevas tecnologías.
“La extorsión la padece todo México, en todos los estados y municipios. Sus múltiples modalidades y la disparidad de legislaciones estatales han permitido que se expanda como una sombra letal que sacrifica vidas, invade hogares y frena la inversión”, dijo.
Con esta reforma inicia el fin de la cifra negra, porque los casos serán perseguidos de oficio en todo el país y se protegerá la identidad de los denunciantes.
Cantón enfatizó que el consenso alcanzado refleja el compromiso de todas las fuerzas políticas. “Hoy el Senado envía un mensaje de unidad y responsabilidad: la extorsión ya no tendrá refugio, la ley será su límite y la justicia su destino”, enfatizó.
Durante el debate, el PRI respaldó la reforma, pero lanzó fuertes críticas al oficialismo y desplegó una gran manta en el Pleno donde acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo “Andy” López Beltrán y otras figuras, como el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, el gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal y al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N.
La senadora priista Karla Toledo Zamora aseguró que no basta con modificar la Constitución y exigió una Ley General con presupuesto, protocolos nacionales de investigación, mecanismos de protección a víctimas y sanciones a autoridades omisas.
