*Urge un Camino más Sólido Para Garantizar Bienestar de Largo Plazo
*Hasta Ahora han Fracasado los Intentos Para una Mejoría de las Energías Eléctrica y Petrolera
*Un Enigma si las Inversiones Anunciadas en Pemex en el Sexenio Pasado se Realizaron
*Reacción Negativa de Inversores por la Supresión de Organismos Autónomos Constitucionales
*Reducción de Inversiones También Producida por la Aprobación de la Reforma Judicial
*El Primer Mensaje del Nuevo Titular de la Corte Cayó Como Balde de Agua Fría
*Y la Respuesta del CCE: “El Mejor Programa Social es la Generación de Empleos Formales”
JOEL ARMENDÁRIZ
Ahora que México estrena su “nuevo poder judicial” y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como si estuviera en campaña- anunció que la justicia será cercana al pueblo, la presidenta de la república dialoga con los representantes de la iniciativa privada y les plantea la necesidad de mayor inversión para fortalecer la economía y poder enfrentar la serie de medidas arancelarias que se han impuesto desde el gobierno de Estados Unidos.
La amable invitación para que se acuerden las inversiones, merecieron una respuesta del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes que, guardando la diplomacia empresarial, demanda que el gobierno garantice certeza jurídica y certidumbre económica sustentadas en el Estado de Derecho, elementos indispensables para atraer mayor inversión privada al país y consolidar los objetivos del Plan México.
Los llamados que hace la presidenta mexicana para que los empresarios inviertan más, no corresponde a la realidad. Desde el gobierno pasado, cuando la relación entre el Estado y la iniciativa privada no ha sido del todo buena.
Se diría que, durante cinco años y 10 meses, solamente algunos empresarios tuvieron acceso a contratos gubernamentales y no se recuerda, además de asistir a la Convención Nacional Bancaria, que el expresidente o ahora la presidenta sigan la vieja práctica neoliberal de acudir a todas las asambleas anuales de los 16 organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Esta costumbre, pues, fue sepultada.
La semana pasada ocurrió una reunión entre la presidente de la República y representantes del sector privado en el que planteó la necesidad de invertir más y precisar áreas de oportunidad y sí ofreció retribuir con una serie de permisos que se les podrán conceder en tanto se logre un cambio respecto a las intenciones económicas del ámbito privado.
En la reunión, la Jefa del Ejecutivo Federal apuntaló su oferta: se esperan más de 800 mil millones de pesos en programas de bienestar, mientras que habrá otros 600 mil para cuestiones de infraestructura y otros aspectos gubernamentales durante su sexenio.
Sin embargo, en el comunicado del CCE la respuesta no es aterciopelada:
El organismo que dirige Francisco Cervantes reconoció que la presentación del Paquete Económico 2026 “es una oportunidad para reafirmar el compromiso del Plan México con altos niveles de inversión”; aunque, apuntaló la importancia de contar con certeza jurídica, la cual “es clave para atraer más capital y consolidar proyectos productivos en el país”.
“Con mayor inversión, se crearán más empleos formales y aumentará la productividad laboral y empresarial. El crecimiento en número y tamaño de las empresas incrementará también la recaudación, fortaleciendo las capacidades del Estado para mejorar la redistribución”, indicó.
El ingreso base en el país pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 278.80 pesos en 2025, destaca el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum.
El CCE insistió en que la coordinación entre gobierno, sector privado y trabajadores es el camino más sólido para garantizar bienestar de largo plazo.
EL CERCANO
PASADO
En el último gobierno neoliberal -según el nuevo régimen-la iniciativa privada, nacional y extranjera, encontraron en el paquete de reformas constitucionales alcanzadas por la formación del Pacto por México -integrado por PRI, PRD, PAN y de colado el PVEM- una apertura de las puertas para inversiones en dos empresas con atractivo: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
Denominadas como Empresas Productivas, ambas despertaron el apetito de petroleras de Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos y generadoras de energías limpias españolas, francesas, inglesas y norteamericanas.
Aunque las reformas constitucionales concedieron espacio a los inversores privados -locales y externos-, conservaron la rectoría de las empresas al contar con cuando menos 51 por ciento del valor de las mismas y de las acciones que se emitirían para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores e incluso en la máxima representación de valores: a Bolsa de Wall Street.
Para 2014 estaban todos los caminos pavimentados y los buscadores de oportunidades en donde invertir iniciaron las negociaciones. Surgió las llamadas “Rondas” en las cuales se subastaron campos petroleros en tierra -abandonados por falta de prospección- y zonas en el Golfo de México, en las que se realizarían profundas extracciones. Se intentó llegar a la conocida “Dona” -yacimiento que pertenece a México, Estados Unidos y Cuba- y de la cual solamente las petroleras estadounidenses o externas que tienen asiento en el territorio- con resultados positivos que contribuyeron en hasta 23 por ciento del crudo.
En cuanto a generadores de energías limpias, las empresas españolas y francesas desarrollaron campos de ciclo combinado, tanto eólicos como solares que contribuyeron con un tercio de la producción.
El arribo del nuevo gobierno preludiaba el cumplimiento de las promesas de campaña: recuperar de la “privatización” a Pemex y la CFE mediante la cancelación de concesiones, permisos y contratos, con lo cual se desató una guerra jurídica.
El intento gubernamental propuso una reforma constitucional para regresar a las condiciones de antes de 2014. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y se presentó otra que reformaba la Ley de la Industria Eléctrica y otra sobre la extracción petrolera. La primera fracasó al frenar la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma a la citada ley.
PROMESAS
INCUMPLIDAS
En el pasado gobierno, Carlos Lomelí Salazar, quien presidió el CCE durante cuatro años, anunció en cuando menos cinco ocasiones, al término de reuniones con el presidente Andrés Manuel López, que habría inversiones por 30 mil millones de dólares y oficialmente no se conoce si se realizaron o no. De acuerdo con las versiones en el sector financiero, la IP no está invirtiendo.
A mitad del sexenio anterior, surgió el reclamo de respetar el Estado de Derecho después de que la Secretaría de Energía, en ese tiempo a cargo de la hoy gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cancelara las concesiones de generadores de energías limpias “porque sus entregas hacen inestable la transmisión que realiza la CFE y ello produce apagones”.
También se inició la cancelación de contratos, permisos o concesiones, a empresas petroleras extranjeras que, legal y jurídicamente, los obtuvieron.
En marcha estaba la construcción de la que habría de convertirse en la séptima refinería -en territorio nacional, además de la de Deer Park, en Texas-, una de las obras icónicas del gobierno que se presumía refinería 340 mil barriles de petróleo para convertirlos en gasolinas.
Una obra que fue presupuestada por empresas especializadas en la construcción de refinerías en 12 mil millones de dólares y de inicio hasta terminar en 8 años. El presidente López ofreció 8 mil millones de dólares y nadie aceptó la oferta por lo cual decidió que el Ejército, que ya trabajaba en los proyectos del Tren Maya, se hiciera cargo y es momento en el que Olmeca no refina lo suficiente y todavía está en proceso de alcanzar su producción.
La industria petrolera, con Pemex a la cabeza de todo, entró en declive por tres razones: menos yacimientos y consecuentemente menos extracción; incremento de exportaciones que alcanzaron un millón 800 mil barriles al día y la enorme corrupción que se ha enraizado en la empresa.
Frente a la decisión presidencial de otorgar todas las obras que, en su conjunto registraron -sin estar terminadas- un gasto de un billón de pesos, al Ejército y la Marina, el sector privado se inconformó. De nada sirvió su malestar. Parte de las obras fueron subcontratadas por la Defensa Nacional y la Marina-Armada de México. Fueron minucias que no satisficieron a los empresarios mexicanos.
Además de ello, la participación de amigos cercanos al hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, a quienes se les concedieron contratos para vender materiales para las vías férreas y postes de energía, sin licitación alguna, provocaron malestar en los profesionales de la construcción.
DEBILITADO EL
ESTADO DE DERECHO
Los anuncios de suprimir organismos autónomos constitucionales como el INA, la COFECE y el INTEL, entre otros, generaron una reacción negativa en los inversores. No hubo argumento válido para, corregir desaciertos en los mismos y los reclamos y críticas se escucharon más allá de las fronteras.
El colofón se gestó y germinó en septiembre, a días de terminar la gestión del anterior presidente.
Se trató de la aprobación de la reforma judicial con la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las decenas de Colegiados, magistrados y jueces, sufrirían un cambio que amenaza el Estado de Derecho.
Con una elección cuestionada por las múltiples irregularidades cometidas de las que sobresalen tres: baja calidad de los Comités de Evaluación de los Tres Poderes de la Unión para seleccionar a los miles de candidatos a ministros, magistrados y jueces: elección de candidatos mediante la tómbola y al final la distribución de miles de acordeones para que los ciudadanos emitieran sus votos por los nombres que encabezaban el listado.
Pese al cúmulo de pruebas, el Tribunal Electoral del poder Judicial, última instancia en procesos electorales y cuyas sentencias son inatacables, desechó las controversias y quejas y otorgó las constancias de mayoría a quienes “legítimamente” ganaron en las urnas.
Consumada la elección, la semana pasada 841 nuevos miembros del Poder Judicial de la Federación tomaron posesión de sus cargos.
En el primer discurso oficial del nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, el mensaje cayó como balde de gélida agua sobre los inversores.
“Esta Corte trabajará cerca del pueblo”, habría dicho palabras más palabras menos el personaje cuyo origen es indígena y se mostró con tiras bordadas -presuntamente por oaxaqueños- colocadas en ambos lados de la toga.
EL PLAN MÉXICO,
ARMA PRESIDENCIAL
Conjuntados los reclamos ignorados por Palacio Nacional, el Congreso de la Unión y con la incertidumbre de la actuación de la nueva Corte, la presidenta Sheinbaum habla con el empresariado del gasto social, que este año alcanzará 800 mil millones de pesos y de la disponibilidad de otros 600 mil para cuestiones de infraestructura y otros aspectos gubernamentales durante su sexenio.
El gasto social sumará en el sexenio probablemente cinco y medio billones; “… para cuestiones de infraestructura y otros aspectos gubernamentales durante su sexenio”, es decir 100 mil millones anuales.
Ante el planteamiento, el Consejo Coordinador Empresarial respondió:
“El mejor programa social es la generación de empleos formales”.
La observación final del empresariado no deja duda: Concluye que la certeza jurídica es condición indispensable para detonar inversiones, reforzar la confianza y asegurar que México continúe siendo un destino atractivo para el capital productivo, tanto nacional como extranjero.
