Como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del 1º de septiembre, Hugo Aguilar Ortiz se comprometió a “hacer mucho con poco” presupuesto –incluida una reducción salarial–, y a hacer que el máximo tribunal sea “de puertas abiertas”, para que dialogue y atienda a todos los sectores, y deje de existir la figura del “ministro inalcanzable”.
Además, sostuvo que llegará al cargo “con entera autonomía, que no implica ruptura”, pero también adelantó un diálogo con los otros poderes.
Al concluir su participación en un foro en la Cámara de Diputados, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el jurista accedió a responder sólo tres preguntas de los medios –cuyo tema fue inquirido previamente por personal de comunicación de la Cámara–, entre ellas la relacionada con el presupuesto para el año entrante de la SCJN.
Los ministros salientes podrían pedir un aumento de 8.1 por ciento en términos reales, respecto del ejercicio de este año.
“Nosotros realizamos ya la revisión del funcionamiento de la Corte, del presupuesto, y vamos a proponer algunos ajustes, porque como saben, quien tomará la decisión será el órgano de administración judicial. Pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios. Vamos a ir a la baja”, adelantó Aguilar.
De acuerdo con el próximo presidente de la Corte, “varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia al pueblo van a requerir sólo reorientación de recursos, no van a implicar gastos mayores, vamos a salir con el presupuesto” existente hasta ahora.
Aunque indicó que ya le solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Ricardo Monreal Ávila (Morena), poder conversar sobre el presupuesto de la SCJN para 2026 en cuanto asuma su cargo, anunció que “no habrá una contradicción entre austeridad y eficiencia. Vamos a poder hacer mucho con poco. Ese sería el principio básico con el que vamos a regir nuestra actuación”.
Al ser cuestionado sobre el supuesto “estigma” de cercanía con la 4T que tendrían los juzgadores que fueron designados en las recientes elecciones del Poder Judicial, Aguilar reiteró: “no tengo carrera política, no tengo compromiso con ningún partido político, agrupación política, ni con ningunos otros sectores que tengan interés en la Corte”.
Antes de su llegada a la Corte, dijo, fueron designados cinco ministros más, por lo que “si yo fuera el prospecto, el indicado para representar ciertos intereses, pues ya hubiera sido ministro desde cuatro, cinco o seis años. No ha ocurrido así”.
En ese tono, reconoció que la reforma judicial “para los pueblos y comunidades indígenas, para mí en lo personal, ha sido la oportunidad histórica para llegar a este espacio y servirle a la nación. A mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio. A esta fecha, nadie me ha presionado o ha condicionado lo que yo voy a hacer en la Corte. Llego con entera libertad, con plena autonomía”.
El presidente entrante de la SCJN aseguró que no dejará de pelear por la autonomía del Poder Judicial, “pero no una autonomía mal entendida, que implique aislamiento, ruptura o confrontación. Vamos a construir un diálogo con los otros poderes, por el bien de México. Vamos a estar abiertos a dialogar con todos, eso es lo que hemos ofrecido y ese va a ser el nuevo rostro de la Corte”.
Según Aguilar, “uno de los primeros actos que vamos a hacer es abrir la puerta de la Corte; la puerta principal se debe abrir al pueblo en general y vamos a estar abiertos a dialogar con todos, pero cuando vayamos a tomar la decisión (sobre algún tema), lo haremos con base en la Constitución, las leyes y el criterio que nosotros tengamos, sin presión de ningún tipo, sin la injerencia de nadie”.
El cambio en el máximo tribunal del país, aseguró, se notará “desde el día uno. Vamos a cambiar aspectos de forma, desde abrir la puerta, el trato, la cercanía con la gente. Yo no va a haber el ministro inalcanzable, el que es difícil dialogar con él. La única limitante va a ser el tiempo, lo que nos alcance en las horas del día para dialogar con todos, atender a todos y resolver los asuntos de nuestra competencia”.
Durante su intervención en el foro, el abogado mixteco ensalzó la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos que se aprobó en San Lázaro en septiembre del año pasado, en particular por haber reconocido esos sectores como “sujetos de derecho” pleno, y no sólo como grupos “de interés público”.
Asimismo, alertó que, tras la enmienda a la Constitución, hace falta crear una ley general de los pueblos indígenas, pues sin esta legislación reglamentaria, la reforma “podría quedar en letra muerta”.
