A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
¿Es necesaria una reforma electoral? ¿Sólo se trata de taparle el ojo al macho? Los expertos en la materia tendrán tiempo para exponer sus puntos de vista. El albur está en la mesa mexicana.
Mientras tanto, el pasado martes 4 del mes en marcha (agosto) en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral… que, por cierto, será efímera, de tan sólo 5 años y… algunos meses (hasta el 30 de septiembre de 2030 “o cuando el Ejecutivo determine su disolución”).
El por qué -tras el anuncio de la llegada de Pablo Gómez Álvarez a dirigir estos cambios- se puntualiza en dicho órgano oficial de la Secretaría de Gobernación con la explicación al respecto:
“…México ha entrado en un proceso de grandes cambios. El protagonista central de esa transformación es y ha sido el pueblo. Viejas formas de ejercer el poder y llevar a cabo la lucha política han dejado de tener vigencia. La ciudadanía ha llegado a tener la influencia decisiva sobre el curso del país. Los cambios han abarcado el carácter social del Estado y la ampliación de la libertad política de todos los ciudadanos y las ciudadanas;”
Las preguntas al respecto serían, por ejemplo: ¿Por decisión de quién dejaron de tener vigencia? La respuesta se ubica en Palenque.
El texto oficial también precisa:
“…en años recientes se ha reformado la Constitución de la República con el objeto de reconocer nuevos derechos, tanto sociales como políticos para fortalecer la soberanía nacional y la rectoría del Estado en sectores estratégicos; en consecuencia, se han emitido numerosos decretos legislativos mientras se ha abierto un proceso de modificación a la estructura y el objeto del gasto público;
“… estos cambios han tocado también la forma de constituir y de organizar al Poder Judicial de la Federación y los correspondientes de las entidades federativas, abriéndose por vez primera la participación del pueblo en la integración de la judicatura;
¿Realmente es la participación del pueblo o se trata de dar atole con el dedo para que Morena se mantenga en el poder?
“…entre tanto, las normas que rigen las consultas populares, los sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, los métodos de votación y de procesamiento de los resultados, el régimen de partidos políticos y la institución y organización de las autoridades electorales permanecen igual en la Constitución y en las leyes. La conservación inercial de estos elementos no es congruente con la situación política actual del país…”
Es evidente. Y de ahí la nueva problemática existente en la impartición de justicia, un área que debería estar al cien por ciento en momentos en los cuales es fundamental ante el combate a las bandas delincuenciales que está en marcha en grandes zonas del país. ¿Será una política a modo del todavía mandamás?
“… hoy, como en otros momentos históricos de nuestra Nación, cobra enorme importancia el respeto irrestricto del voto libre y de la voluntad popular como elementos centrales de la democracia, pues de aquellos dependen los demás derechos políticos. Sin respeto a estos principios no tendríamos, como Nación, pueblo y Estado, la fuerza capaz de garantizar las libertades y derechos de todos y todas, sea parte de la mayoría política o de las minorías;”, se expone en el decreto.
Indudablemente que el respeto al voto libre es fundamental, ¿pero y los “acordeones”? ¿Los músicos que los tocaron durante el pasado proceso electoral, permanecerán impunes?
También señala: “…Que el respeto al principio de que la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular es la base para que las libertades sean ejercibles, hasta el punto de que las minorías puedan convertirse en mayoría a través de apelar a la única y legítima fuente del poder: la libre decisión ciudadana;”
La pregunta es: ¿La voz y el voto de esa mayoría, libre de manipulación, serán respetados? ¿O como hasta ahora seguirán siendo manipulados en los procesos electorales?
“…no se trata sólo de la estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo;”, dice.
¿Seguros? ¿O se trata de permanecer en el poder por décadas como sucede en las dictaduras latinoamericanas actualmente?
“… el desarrollo de la democracia está en dependencia de la extensión y profundización de las libertades políticas, dentro de las cuales es posible el debate de ideas, la lucha de intereses y la disputa del poder. Esas libertades deben ser hoy el más valioso instrumento para mejorar continuamente la transformación nacional emprendida, cumpliendo los mandatos programáticos expresados por la mayoría del pueblo. La historia muestra que los procesos sociales y políticos transformadores que se detienen se deforman con su propio conservadurismo…”, precisa.
Sin embargo, no hay nada, hasta ahora, que garantice las mencionadas “libertades políticas”. Por el contrario, la lucha sorda desarrollada en contra de los opositores exhibe el tamaño de la venganza de quienes realmente mandan en este país.
“…para convocar al país entero a pronunciarse sobre tan sobresalientes temas, ha de constituirse una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendrá que emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis, mediante los métodos del debate público. La discusión de los sistemas políticos no es asunto exclusivo de quienes se dedican al oficio de la política, sino que atañe a la ciudadanía por entero; esto es parte integrante de los cambios que hoy vivimos en México;”, precisa el texto.
No tardaremos en darnos cuenta si estas palabras son tan sólo atole con el dedo.
“…para la consecución de los propósitos enunciados, es necesario constituir una comisión presidencial con la participación de las dependencias del Ejecutivo Federal que en adelante se enuncian, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente (decreto):”
En fin, la Comisión estará integrada por un presidente ejecutivo, nombrado por la presidenta de México, lo cual ya ocurrió con Pablo Gómez Álvarez. También por los titulares de Gobernación (hoy, Rosa Icela Rodríguez Velázquez), de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de la Consejería Jurídica (José Antonio Peña Merino), el jefe de la oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, el Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República (Jesús Ramírez Cuevas) y del coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Por cierto, de acuerdo al decreto estará permitida la invitación a las instituciones públicas y privadas, los organismos autónomos, la academia y la sociedad civil, quienes tendrán derecho a voz, pero… sin voto.
Indudablemente el cambio está tocando la puerta y ya vienen la reducción de legisladores plurinominales y la presunta desaparición de los presupuestos para los partidos políticos (creíble porque en la inanición nadie gana).
