* Analizar el Abuso de Poder y la Ineficacia de la
Administración Pública es un Deber Ciudadano
*La Publicación con Sentido Crítico Enriquece
el Mundo de las Ideas y Descubre lo Oculto
* Gobierno que Amenaza a la Libertad de Prensa
y Persigue a sus Críticos, Alimenta al Fascismo
POR EZEQUIEL GAYTÁN
El 8 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código de Ética de la Administración Pública Federal y alude explícitamente que aplica para todas las personas servidoras públicas, con lo cual queda establecido que al referirnos a esas personas ya asentamos la equidad de género. Por su parte, el artículo 6 constitucional nos garantiza la libertad de expresión. Por lo tanto, podemos criticar el desempeño y decisiones que toman todas las personas que reciben su salario de nuestros impuestos sin importar el género.
En otras palabras, debido a que afortunadamente vivimos la igualdad y la equidad de género y de que la libertad de manifestación de ideas es aún una garantía constitucional y, a la vez, un Derecho Humano, la conclusión es que criticar el desempeño de cualquier persona servidora pública lo hacemos sin importar el género, pues lo que impera es la responsabilidad ciudadana si se aprecia que los resultados de la Administración pública carecen de la calidad suficiente, no se distribuyen en la cantidad adecuada, no se proporcionan con la oportunidad requerida o el trato es déspota.
Criticar el abuso de poder y la ineficacia de la Administración pública es un deber ciudadano. También, si es el caso y tenemos pruebas, denunciar actos de corrupción de una persona servidora pública. De no tenerlas, lo consecuente es omitir nombres. De ahí lo delicado del periodismo público.
En otras palabras, criticar las decisiones político-administrativas y hacer ver otros puntos de vista respecto a una decisión tomada en materia de gobierno, no debe ser materia de censura y mucho menos de persecución política. Decir no estoy de acuerdo es un pilar de la democracia y, por lo mismo, la publicación con sentido crítico tiende a enriquecer el mundo de las ideas. Léase, disentir es recurrir al despliegue del mundo de las ideas y analizarlas a la luz de la búsqueda de las mejores opciones para el beneficio social y la calidad de vida de los seres vivos que habitamos el planeta. Las habilidades de observar, analizar, interpretar y decidir no son monopolio de las personas servidoras públicas. De ahí que el pensamiento crítico es fundamental en la correlación gobierno-sociedad, ya que es una de las mejores fórmulas que los ciudadanos hemos encontrado a fin de crear condiciones de gobernabilidad. Consecuentemente, gobierno, partidos políticos y sociedad civil somos responsables de construir el plebiscito cotidiano de la democracia.
Un sociedad pasiva, apática y displicente es lo que menos alimenta a la democracia. Un gobierno que amenaza a la libertad de prensa y persigue a sus críticos es lo que alimenta al fascismo. Por lo mismo, la cara más visible de una sociedad es su libertad y su permanente deseo creativo de contracultura, pues nos guste o no, desde el Renacimiento hasta nuestros días la imaginación es madre de la reconfiguración de la curiosidad humana. Es decir, aprender, desaprender y aprender. Lo cual, es cierto, lleva intrínseca la semilla de la subversión en el mundo de las ideas.
Hoy, en México, hemos regresado al partido de Estado que busca formas de censurar veladamente a las voces disidentes. Uno de sus recursos es el argumento de que las críticas al gobierno tienden a la violencia de género. Lo cual, de ser cierto, es totalmente condenable. Humillar a una mujer por su género es a todas luces indignante. Lo cual significa que debe quedar claro que no es lo mismo criticar las decisiones y el manejo de los recursos que toman las personas servidoras públicas independientemente de su de género a denostar a alguien por ese asunto o por otros tales como la raza, religión, forma de vestimenta, complexión física u otros. De hecho, la Constitución en su articulo sexto si abre la penalización a quien ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros.
A las personas servidoras públicas se les respeta y, en su caso, se les debe señalar si abusan de su autoridad, exigen el pago indebido de remuneraciones por realizar su trabajo, si recurren al ejercicio ilícito de sus atribuciones, trafican influencias o articulan algún tipo de coalición o si faltan al debido proceso jurídico y administrativo. También están sujetas a la crítica si toman decisiones desde sus cargos a favor de su partido político.
La crítica puede ser por diferencias ideológicas, percepciones del rumbo que decidió un gobierno o por decisiones que caen en el ámbito de la conducción de la Administración pública, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la designación del señor López Gatell a la Organización Mundial de la Salud y de ahí que en mi artículo de la semana pasada argumenté al respecto. Ergo, estoy haciendo público mi desacuerdo con la titular del poder Ejecutivo Federal, lo cual no tiene que ver con cuestiones de género.
Las personas servidoras públicas deben cumplir con el perfil de sus cargos independientemente de su género y apegarse al Derecho Constitucional y al Administrativo. Consecuentemente debe quedar claro, la crítica no es al género, sino a las decisiones que se toman y, de ser el caso, al cuestionable manejo de los recursos públicos.
