El gobierno de la CDMX impulsa una ley de ‘rentas justas’ y limita incrementos por encima de la inflación; también se crea la Defensoría de Derechos Inquilinarios.
El Gobierno de la Ciudad de México presentó ayer una estrategia integral que contempla medidas gubernamentales, reformas legales y convenios con el sector privado para contrarrestar, bajo el principio de justicia habitacional, los efectos negativos de la gentrificación, como el desplazamiento de comunidades originarias y el alza en los precios de la vivienda.
La iniciativa incluye una inversión de nueve mil millones de pesos para la construcción de vivienda de interés social en zonas céntricas, así como frenar que los aumentos en las rentas superen la inflación. También se propone una ley de “rentas justas” que regule los precios de alquiler —especialmente en plataformas digitales de arrendamiento a corto plazo— mediante un índice de precios.
El objetivo es combatir la especulación inmobiliaria en zonas vulnerables, implementar un programa de arraigo comunitario que otorgue apoyos económicos a pequeños comercios, negocios tradicionales y empresas locales para que permanezcan en sus comunidades, y establecer la Defensoría de los Derechos del Inquilino, entre otras medidas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que se trata del arranque de un proceso estructural, profundo y gradual para transformar el acceso a la vivienda en la capital del país.
Al presentar el Bando número 1 de su administración, explicó que se busca poner en marcha acciones concretas para estabilizar los precios de renta y garantizar el derecho a una vivienda digna.
“Estamos desarrollando un modelo que hace frente a la especulación y protege a quienes viven en esta ciudad, colocando a las personas y sus comunidades en el centro. Es el momento de generar las condiciones necesarias para una ciudad más justa, digna e inclusiva”, afirmó.
El anuncio se realizó en el Palacio del Ayuntamiento ante los 16 alcaldes capitalinos, la mayoría de los diputados del Congreso local, miembros del gabinete legal y decenas de vecinos de colonias como Roma, Condesa y Escandón.
Brugada detalló que el bando contempla 14 acciones específicas para detener el desplazamiento de residentes de colonias impactadas por la gentrificación, así como la desaparición de negocios con raíces comunitarias.
“Con este bando, la Ciudad de México se convierte en pionera entre las ciudades latinoamericanas al impulsar políticas para estabilizar las rentas, garantizar el derecho a la vivienda y defender el derecho a la ciudad. Estamos construyendo un modelo que enfrenta a los especuladores y protege a quienes habitan esta ciudad”, reiteró.
Añadió que desde ahora inicia un proceso de diálogo y debate que incluirá foros y mesas de trabajo donde participarán funcionarios, universidades, académicos, especialistas y ciudadanía en general.
“Las ideas serán debatidas y enriquecidas por todas las personas interesadas en proponer, discutir o aportar soluciones a esta problemática”, puntualizó.
Durante la conferencia, otras autoridades capitalinas informaron que como parte de esta estrategia ya se han concretado acuerdos con el sector privado para asegurar una inversión de 10 mil millones de pesos en obra pública y nueve mil millones para vivienda social.
