Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 5 Julio 2025.- En una decisión que ha encendido alarmas en los sectores agrícola, migratorio y de derechos humanos, la secretaria del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, anunció la entrada en vigor de 63 acciones desregulatorias bajo el argumento de estimular el empleo local. Entre estas, destaca la derogación del programa de visas H-2A, que durante décadas ha sido el pilar que sostiene la contratación de trabajadores agrícolas extranjeros temporales, la mayoría de ellos de origen mexicano.
De acuerdo con cifras oficiales, más del 90% de las visas H-2A han sido otorgadas históricamente a trabajadores mexicanos. Estos hombres y mujeres —muchos de ellos provenientes de zonas rurales empobrecidas— han sido la columna vertebral de la producción agrícola en Estados Unidos. Ahora, con la eliminación del programa, decenas de miles de familias mexicanas perderán esta vía legal de empleo temporal, quedando atrapadas entre la precariedad y la informalidad.
El subsecretario Keith Sonderling justificó la medida afirmando que las regulaciones eliminadas «destruían empleos» para los estadounidenses, pero esta narrativa ignora que la mano de obra agrícola doméstica simplemente no existe en las cantidades que la industria requiere. Los campos estadounidenses dependen de los brazos mexicanos, y lo han hecho por generaciones.
El programa H-2A, que ahora se desmantela, incluía protecciones básicas como el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos agrícolas, la prohibición de que los empleadores retuvieran pasaportes y documentos, así como la garantía de que los trabajadores pudieran afiliarse a sindicatos. Estas protecciones fueron impulsadas, entre otros, por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) que durante años luchó por mejorar las condiciones de los migrantes.
Sin estas regulaciones, los trabajadores mexicanos quedan expuestos a abusos laborales, trata de personas, explotación salarial y condiciones de trabajo inseguras. Estados Unidos no está eliminando trámites; está desmantelando la dignidad laboral.
Y déjeme darle un dato más. La agricultura y sus industrias derivadas aportan más del 5% al Producto Interno Bruto estadounidense. Tan solo en el último año fiscal, se certificaron casi 385 mil empleos a través del programa H-2A, de los cuales la gran mayoría fueron ocupados por mexicanos.
Cerrar esta vía no solo amenaza los derechos laborales de los migrantes, también pone en jaque la productividad del sector agrícola, aumenta el riesgo de escasez de mano de obra y podría generar alzas en los precios de los alimentos. La economía estadounidense está cortando la rama sobre la que está sentada. Acaso un “balazo en el pie”, parece que sí.
Mientras el gobierno estadounidense endurece sus políticas migratorias y cierra puertas legales como la visa H-2A, los flujos migratorios no se detendrán. Solo cambiarán de ruta y se volverán más peligrosos, más clandestinos y más explotables. Lejos de frenar la migración, este tipo de medidas obligan a muchos a buscar caminos irregulares, expuestos al crimen organizado y a redes de trata.
Organizaciones como el UFW han denunciado que la derogación del programa es un ataque directo contra los trabajadores migrantes y un acto de hipocresía de un gobierno que se beneficia del sudor de los mexicanos, pero ahora pretende desecharlos en nombre del proteccionismo.
Lo he dicho insistentemente. El gobierno mexicano no puede permanecer indiferente. Decenas de miles de mexicanos perderán empleos legales en Estados Unidos, y muchos más enfrentarán condiciones de esclavitud moderna. Es urgente que las autoridades mexicanas exijan a Washington alternativas legales, protección internacional para sus trabajadores y esquemas de movilidad laboral dignos.
Estados Unidos no solo está desregulando trámites: está desregulando derechos, está desregulando humanidad. Y sobre esas cenizas, ningún campo puede prosperar. Así las cosas, estimado lector.
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