La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación por la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), al considerar que los cambios amenazan la operación de miles de empresas, en especial de las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs).
(Nota de la Redacción: la afirmación del sindicato patronal aunque no lo dice explícitamente da a entender que la citada ley podría estar dirigida al micro lavado de dinero, es decir, a operaciones hormiga de lavado de dinero y compara a las micro, pequeñas y medianas empresas con las acciones que realizan crimen organizado, narcotráfico y delincuentes de cuello blanco cuyos montos financieros no conocen ni el papel los emprendedores).
En un comunicado, la organización empresarial reconoció la importancia de combatir el lavado de dinero y de asegurar la transparencia financiera en línea con estándares internacionales. No obstante, advirtió que la minuta que será discutida en la Cámara de Diputados podría derivar en una sobrerregulación que complique el funcionamiento cotidiano del sector formal.
“Nuestra inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables”, expresó Coparmex. Según la organización, los cambios propuestos obligarían a las empresas a identificar y conocer a todos sus clientes con documentación oficial y, en caso de personas morales, a recabar datos detallados sobre los beneficiarios.
Coparmex también señaló que la propuesta incrementa el universo de operaciones que deben ser monitoreadas y reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de mantener restricciones al uso de efectivo, lo que —según el comunicado— no corresponde con la realidad del país y la limitada bancarización de algunos sectores.
La confederación empresarial afirmó que la implementación de la reforma implicaría altos costos operativos para las empresas, pues requeriría inversiones en infraestructura tecnológica, capacitación continua y contratación de servicios externos especializados. “Para muchos negocios, especialmente los de menor tamaño, esto representa una carga económica difícil de absorber”, advirtió.
La patronal alertó que las sanciones previstas por la iniciativa podrían alcanzar hasta 7.3 millones de pesos o incluso el 100% del valor de la operación, y cuestionó la eliminación del requisito de probar el dolo en ciertos casos, lo que “abre la puerta a responsabilidades penales automáticas”.
La organización enfatizó que “la integridad financiera y la reputación global de las empresas mexicanas son fundamentales”, pero insistió en que cualquier nueva regulación debe considerar “acompañamiento técnico, gradualidad y sensibilidad al entorno empresarial”.
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