La cancillería mexicana publicó un comunicado para intentar desmentir la nota de Reuters titulada “Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles”.
El comunicado de Relaciones Exteriores se difundió después de terminar la reunión de alto nivel en Palacio Nacional entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landou, misma cuyo tema central son los arreglos para la visita anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio.
SER precisa: “Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado, se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México”.
Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos, apunta.
La nota de Diego Oré apunta que el gobierno del presidente Donald Trump está presionando al de México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, y para que los extradite a Estados Unidos si existiesen cargos penales allí, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Las solicitudes -planteadas al menos en tres ocasiones por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos- buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a funcionarios y lance una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.
En las discusiones, los funcionarios estadounidenses han pedido acciones contra varios políticos del propio partido Morena, incluso amenazando con imponer más aranceles si México no toma medidas, dijeron dos de las fuentes.
La administración de Trump ha justificado su imposición de aranceles a México en la creciente influencia de los cárteles sobre el gobierno del país latinoamericano.
Una ofensiva -que podría afectar a funcionarios de alto rango mientras estén en el cargo- marcaría una drástica escalada en los esfuerzos de México contra la corrupción relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, conlleva riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas de las acusaciones involucran a miembros de su propio partido, según declaró a Reuters un miembro de su gabinete de seguridad.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, asistieron a la junta, indicaron las cuatro personas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también estuvieron presentes.
La Presidencia de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General mexicana y la Secretaría de Seguridad no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las conversaciones. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados
