La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado su primer gran paso hacia la consolidación de un aparato de seguridad cada vez más alejado del carácter civil que establece la Constitución. A través de una iniciativa presentada a la Cámara de Diputados el pasado 5 de junio y que se dio a conocer, en San Lázaro, el Ejecutivo propone expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional y reformar más de una decena de leyes militares para legalizar su control absoluto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
La propuesta, firmada por la consejera jurídica Ernestina Godoy, abroga la actual ley de la GN —que nominalmente garantizaba un mando civil— para transformarla en una “fuerza permanente, de carácter militar, con formación policial”.
La iniciativa profundiza así el proceso de militarización iniciado en el sexenio anterior y contradice tanto los discursos de derechos humanos como las advertencias de organismos internacionales, al indicar que el alto mando de la Guardia Nacional será el titular de la Secretaría de la Defensa. Reajustes por la creación de la Guardia Nacional y condiciones laborales precarias son parte de la causa, dice exintegrante de las Fuerzas Armadas
¿De qué trata la nueva Ley de la Guardia Nacional? La iniciativa no sólo transfiere el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, sino que también somete a sus elementos al régimen disciplinario y jurisdiccional de las Fuerzas Armadas. Esto significa que podrán ser sancionados y juzgados bajo el Código de Justicia Militar, lo que equivale a colocarlos fuera del alcance de la justicia civil ordinaria.
Entre las reformas previstas destaca la creación de un Consejo Superior de Disciplina —exclusivamente militar— que podrá suspender hasta por 30 días a integrantes de la GN por “faltas graves”, además de tipificar nuevas conductas delictivas bajo el fuero militar, exclusivas para este cuerpo.
En otras palabras, la presidenta legaliza lo que ya ocurre de facto: desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha operado bajo el control del Ejército, sin autonomía táctica ni presupuestaria, ni mecanismos efectivos de supervisión civil. La reforma contempla que la GN participe en tareas de inteligencia y labores de investigación, sin establecer filtros civiles ni salvaguardas contra el abuso de poder. Aunque se hace referencia a una “doctrina policial civil”, en los hechos todas las decisiones operativas quedarán supeditadas a la lógica castrense.
Además de abrogar la Ley de la GN, se plantea modificar la Ley Orgánica del Ejército, el Código Militar de Procedimientos Penales y otros ordenamientos para integrar a la Guardia Nacional en el andamiaje militar. Incluso en materia presupuestaria, de ascensos y formación, la GN quedaría sujeta a las jerarquías de la Defensa Nacional.
Según la exposición de motivos, estas reformas permitirán que la Guardia Nacional continúe expandiendo sus capacidades institucionales y operativas, enfocándose en territorios con altos niveles de violencia o sin presencia de policías civiles. También se establece que colaborará en la producción de inteligencia y tareas de investigación en coordinación con las fiscalías e instituciones policiales.
