La presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo descalificó el informe preliminar de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre elección judicial y señaló que no está dentro de las funciones del organismo “dar recomendaciones”.
La mandataria federal se expresó en el mismo sentido en el que lo hizo previamente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que a través de la Misión Permanente de México ante la OEA, señaló este sábado su “firme rechazo” a las recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores al asegurar que “rebasó su mandato”.
En una nota diplomática dirigida al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, la Cancillería dejó constancia que la Misión de Observación Electoral (MOE) “rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización”.
El Gobierno mexicano citó el Artículo 3 (e) que señala: “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.
La respuesta del Gobierno mexicano llegó luego de que el viernes, la MOE de la OEA recomendara “no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región”, tras constatar múltiples problemas en el primer proceso de este tipo en México, en el que participaron apenas el 13 % de los electores.
La SRE subrayó que una misión de observación de la OEA “no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”.
La nota agrega que, como lo señala el propio informe, la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio “se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en México”.
El viernes, en su informe preliminar, la Misión de la OEA afirmó que este modelo no tiene precedentes a nivel mundial y que lejos de fortalecer la justicia, podría debilitar su imparcialidad, independencia y eficacia.
