Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
En conferencia virtual con los empresarios del acero y el aluminio, para encontrar el camino que permita frenar o al menos reducir los aranceles impuestos por Washington la presidenta mexicana expresó que a su gobierno le importa la conservación de los empleos.
Contradictoria posición. Los acereros y alumineros, llámense dueños, socios o empleados administrativos, solamente han recibido beneficios a lo largo de las concesiones que posee.
Hay personas que adquirieron a precio de hot-sale Altos Hornos de México y recientemente la nueva acería de Ternium en Pesquería. Sonora, además de un veintenar más de plantas, no satisface en consumo interno y, en cambio exportan e importan acero. Lo mismo ocurre en las procesadoras de aluminio.
La producción de acero en 2024 alcanzó los 19.9 millones de toneladas, según reportes de la Canacero.
De acuerdo con datos del INEGI, en el sector minero participan 406 mil personas que claramente viven bajo la tierra, mientras los poseedores de los bienes, cuentan con aviones privados, concesiones de líneas de ferrocarril y mineras que han sido renovadas durante el pasado gobierno y ahora respetadas.
Los mineros, dígase lo que se dijere, son los sacrificados en la extracción de los materiales que realizan sin las debidas o completas medidas de seguridad. Los derrumbes han cobrado vidas siempre, pero las que ocurren en México es por falta de revisiones cotidiana de parte de los inspectores de la Secretaría del Trabajo y de Economía.
Defender los derechos, los empleos de los trabajadores, se convirtió en la bandera presidencial para frenar, reducir o compensar el arancel del 50% a las exportaciones que realizan los amos y señores de la minería.
Aunque no hay información oficial de lo planteado o acordado en la reunión virtual, se advierte que la demagogia se impuso y que en lugar de buscar el camino adecuado la reunión se centro en los empleos, no en las medidas de seguridad, de extracción, de comercialización.
Priorizar la exportación porque económicamente es más rentable e importar lo suficiente para satisfacer el consumo interno produce mayores rendimientos que invertir en las minas mexicanas.
Los empresarios mineros no son los favoritos del gobierno y prueba de ello es que Napoleón Gómez Urrutia, con la venia del “señor” colocó banderas rojinegras en varias minas del país, con fines de que los contratos se firmaran con su nueva central sindical. Tampoco los acereros tuvieron una buena relación persona con el expresidente López. Hay que recordar el caso de Alonso Ancira para seguir la huella del trato que recibieron.
¿Cómo piensa la presidenta proteger los 300 mil empleos con que cuentan las minas de acero y aluminio?
Los aranceles pesan y sin duda, como las remesas, caerán las exportaciones.
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