El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, y James Lael Jensen, de 68 años, ambos residentes en Utah, de conspiración para cometer lavado de dinero y cargos relacionados con el contrabando.
La Operación Muerte Líquida implicó la colaboración de agentes antidrogas, del FBI, de migración, del departamento de impuestos y otras dependencias.
“Lo que comenzó como una investigación de narcotráfico de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se convirtió en un caso multifacético que involucra una presunta y compleja operación criminal que genera millones de dólares del petróleo crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”, declaró el agente especial interino a cargo, William Kimbell, de la DEA en Houston.
Los Jensen son señalados de operar la empresa Arroyo Terminals, con sede en Río Hondo, la cual realizó transacciones financieras con el fin de ocultar y disimular la naturaleza y el origen de las ganancias del contrabando de petróleo crudo.
También ayudaron e instigaron la entrada fraudulenta de aproximadamente 2 mil 881 cargamentos de petróleo, en violación de la Ley Arancelaria, según los cargos.
Un reporte del medio Valley Central apunta que las autoridades documentaron que esta empresa contrabandeaba crudo robado a Petróleos Mexicanos (PEMEX), el cual hacían pasar como “aceite usado”.
Según las autoridades de Estados Unidos, es una operación a gran escala que presuntamente intentaba mover millones de dólares en petróleo crudo ilícito y blanquear las ganancias.
“Dado que los cargos tienen profundas implicaciones tanto para Estados Unidos como para México, continuaremos explorando todas las pistas e identificando a cualquier presunto implicado. La colaboración con las fuerzas del orden federales, los fiscales y las agencias estatales fue crucial para esclarecer estos presuntos delitos y continuará hasta que se desmantelen dichas operaciones”, dijo Kimbell
Al momento de los arrestos iniciales, las autoridades incautaron cuatro barcazas cisterna con crudo, tres camiones cisterna comerciales, una camioneta de Arroyo Terminal y un vehículo particular. También se solicita el decomiso de la propiedad de Arroyo Terminal en Río Hondo, los tanques de almacenamiento de crudo de Arroyo Terminal y otros bienes inmuebles.
La acusación formal sustitutiva también incluye un aviso de que Estados Unidos solicitará una sentencia de 300 millones de dólares en caso de condena.
