*En Riesgo la Elección en Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas por Falta de Recursos
*Los Presidentes de los OPLE’s Solicitaron al INE Respaldo Financiero
*La Institución, Está “Quebrada” con el Recorte Presupuestal que Llevaron a Cabo
*Una Desagradable Historia en Torno a la Decisión Tomada por un Hombre
*Y una Tragedia más Ocurrió el 11 de Septiembre, Ahora en la República Mexicana
*Mayor Preocupación: el Abstencionismo, Pero con un Solo Voto se Puede Ganar
*Desde Ahora se Busca la Legitimación de una Elección Desconocida en el País
*¿Habrá Forma de Evitar que Usen los Viejos Métodos Para Rellenar Urnas?
GERARDO LAVALLE
Mientras el tic-tac de los relojes antiguos (porque los digitales no suenan), avanza inexorablemente y la fecha para abrir el sepulcro en el que se enterrará más del 50 por ciento del Poder Judicial de la Federación para, en 2027, arrojarle toda la tierra que será sellada con concreto para que no resucite, el desconocimiento de la gente de que el primero de junio, es decir, en 19 días, habrá “elecciones extraordinarias”, es mayúsculo.
Como reportero pregunté a 20 personas si irían a votar. El 90 por ciento, ignora que habrá elección extraordinaria el domingo primero de junio y que se elegirá a la mitad de los cargos que conforman el Poder Judicial de la Federación.
Como lo está usted leyendo, no sabe de los comicios y menos que se trata de elegir ministros (9), magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2), magistraturas de las Salas Regionales (15), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (5), magistrados de Circuito (464) y Jueces de Distrito (386).
Eventualmente, dicen los entrevistados, hemos escuchado algunos spots en radio o mirado espectaculares del INE con el anuncio.
“Pero no -afirman- sabemos en qué consiste la elección, en dónde estarán las casillas, qué boletas habrán de cruzarse. En síntesis, no sabemos lo que significa lo que usted pregunta”.
En la elección de jueces, magistrados y ministros que integrarán la primera parte de la renovación del “nuevo poder judicial de la federación”, se aplicará con rigor la paridad de género, aunque la suma de los cargos en ministros, magistraturas de Salas Regionales y, magistrados del Tribunal de Disciplina terminen en non, por lo cual habrá más hombres o mujeres en esos casos.
Por lo que se refiere a magistrados de circuito y jueces de distrito, la paridad será igual al elegirse personas que hacen la suma de pares.
Durante el primero de junio, también se elegirán magistrados y jueces estatales y en 4 entidades, Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, la elección está en riesgo por la falta de recursos de los Organismos Públicos Locales Electorales, OPLE’s, toda vez que los gobernadores Miguel Ángel Navarro, Ricardo Gallardo, Rocío Nahle y David Monreal se han negado a entregar las sumas aprobadas por los congresos correspondientes.
Los presidentes de los OPLE’s solicitaron al INE respaldo financiero para cumplir con la responsabilidad. Sin embargo, el organismo federal se encuentra “quebrado” al habérsele recortado a la mitad la solicitud de ampliación de presupuesto.
El INE solicitó 13 mil 200 millones y la Cámara de Diputados, a petición de la presidencial, lo recortó a 7 mil y ante la insuficiencia presupuestaria pidió mil 800 millones más y solamente se le asignaron 800.
TROPIEZOS EN
EL LARGO CAMINO
En diciembre de 1994, el Poder Judicial de la Federación sufrió una transformación de “fondo” que, en su momento, fue considerada como un “golpe de estado”, al desaparecer a 24 de los 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solamente 2 quedaron de “guardia” para recibir asuntos que no se abordaron sino hasta aprobada la reforma y los tiempos de la administración de justicia se paralizaron.
La iniciativa de la reforma fue la primera enviada al Congreso de la Unión por Ernesto Zedillo Ponce de León, quien, a 16 días de haber protestado como presidente constitucional, cimbró a la nación por los profundos cambios realizados.
Hubieron de pasar 27 años antes de que se presentará otra reforma y correspondió al gobierno del presidente Andrés Manuel López encargarla al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, armar el texto para su revisión. En diversas reuniones en Palacio Nacional entre ambos personajes se afinaron los detalles y la iniciativa de reforma fue presentada en el Senado de la República.
“La Reforma Judicial de 2021 es la más importante en casi 30 años, dijo el Dr. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al impartir en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México la conferencia de inauguración del ciclo académico Primavera 2022 del Departamento de Derecho, intitulada La Gran Reforma Judicial del año 2021.
En su ponencia, mencionó que el Poder Judicial tiene que impartir justicia a todos los asuntos que llegan, pero tiene que ser una justicia con perspectiva de género, una justicia que entienda de las discriminaciones estructurales a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a los grupos de la diversidad sexual, a las niñas y niños, etcétera.
Destacó que la defensoría pública es algo muy trascendente, pues “no se podrá tener una justicia diferente mientras la gente más humilde no tenga una defensa de calidad; por lo que, hemos cambiado la defensoría pública, para que tengamos más y mejores abogadas y abogados de oficio, defensores y defensoras públicas que defiendan a la gente más pobre”.
Las palabras de Zaldívar fluían con aire de victoria.
Una pírrica si se considera el tiempo de vida que tuvo…
Porque la reforma para crear el “nuevo poder judicial” enterró sin pompas fúnebres el trabajo que, según confesó, le llevó años confeccionarla, pulirla y presentarla al presidente en turno.
Aquel 5 de febrero de 2024, desde Palacio Nacional, el que ocupaba el cargo de presidente de la República, hizo públicas 20 iniciativas que enviaría ese mismo día en que se conmemoraba el CVII aniversario de la promulgación de la Constitución. Ahí estaba la reforma judicial. Ahí estaba la reforma electoral. Ahí estaban las desapariciones del INAI, el IFETEL, la COFECE…
Se presumía que al inició de la LXVI Legislatura, diputados y senadores de Morena y aliados, le otorgarían el regalo de despedida al presidente López aprobándole las más importantes iniciativas.
Y ¡le cumplieron!
La negra noche del 11 de septiembre se sumó a dos fechas trágicas: el asesinato de Salvador Allende y el derribo de las Torres Gemelas
El recorrido estaba a la mitad del camino cuya meta es el primer domingo de junio, cuando los ciudadanos emitan el sufragio para elegir a los jueces.
A solamente 19 días, 456 horas, hay diferendos entre el poder legislativo y el INE, por haberse “descubierto” que entre los aspirantes a jueces y dos a ministro, hay quienes prestaron sus servicios profesionales, es decir abogados, a criminales y narcotraficantes y ante la situación, el presidente del Senado, Gerardo Fernández N, pidió oficialmente al INE que cancelara las candidaturas. El organismo electoral se declaró incompetente y estableció que tomaría la decisión hasta pasada la elección.
La voz de la presidenta dejó escuchar y se sumó a la solicitud, aunque reconoció que los nombres ya estaban en la boleta.
La negativa del INE provocó que Fernández N. y Sergio Gutiérrez, ambos presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, anunciaron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular las candidaturas.
La decisión que tome el TEPJF podría ser favorable a la petición del Legislativo, pero no tendrá manera de detener que los ciudadanos no voten por los que pierdan la candidatura.
602 MILLONES
DE BOLETAS
La semana pasada terminó la impresión de 602 millones de boletas en las que aparecen los nombres de los 26 aspirantes que han sido reportados al INE para la cancelación de sus candidaturas.
Los ciudadanos ignoran los nombres del ¡97%! de los participantes así que no sabrán si entre los que marcarán y otorgarles su voto se encuentran los rechazados… tardíamente.
Ante los recortes presupuestales, en la elección extraordinaria se instalarán solamente 83 mil 997 casillas en todo el país, 48% de las abiertas para la elección federal de 2024 en donde se eligieron 629 cargos.
El listado electoral confirma que 99 millones 793 mil 821 ciudadanos podrán ejercer su voto. Las estimaciones del INE y encuestadoras del porcentaje que emitirá el sufragio frisa entre el 17 y el 21 por ciento, lo que representa que habrá un ausentismo de cuando menos 79 por ciento.
La razón que se esgrime para la baja participación es la falta de interés entre los ciudadanos atizado por el número de boletas que tendrán que cruzar, sin conocer físicamente a los que elegirán, y por el tiempo que destinarán en su participación. Al ser 16 boletas de diferentes colores, en las que estarán 881 nombres, los especialistas consideran que el llenado podría tardar cerca de una hora.
El INE considera que en cada casilla podrán votar mil 250 personas. Su estimación se basa en el número de casillas instaladas y el de las boletas entregadas a cada una de ellas.
En un comunicado el organismo electoral federal se precisa: Se prevé que cada casilla reciba entre 100 y mil 250 personas inscritas en la lista nominal. “También se establece la colocación de una urna única, donde todas las y los electores deberemos depositar todas nuestras boletas; se busca agilizar el flujo interno de la casilla, evitando cuellos de botella y confusiones que podrían alentar la votación. Este modelo acortará el tiempo de escrutinio respecto al modelo tradicional”.
EL EXPERIMENTO
PODRÍA FRACASAR
Para llegar hasta la apertura de casillas, recibir los votos, no contarlos porque serán trasladados a los distritos electorales, se cruzaron muchas opiniones de expertos en elecciones y nadie quedó convencido de que el experimento finalice exitosamente.
La mayor preocupación es el abstencionismo. Sin embargo, en tratándose de elecciones a cargos de representación popular, aunque solamente se registrara un voto por casilla los favorecidos serán beneficiados con el cargo al que aspiran.
El concepto presidencial y de los dirigentes de Morena y los congresistas del partido en el poder, tiene solo una respuesta: democratizar el poder judicial, erradicar la corrupción y que la justicia llegue a las clases más vulnerables.
A la autoridad gubernamental no le importa que los ciudadanos no acudan masivamente a depositar su voto. Se conforma con un mínimo porcentaje porque se trata de impulsar un modelo hasta ahora desconocido por los mexicanos con derecho al voto.
EL RIESGO MAYOR, EL
EJÉRCITO DE MORENA
El gobierno federal ha puesto en marcha la movilización de su “ejército” de servidores de la nación que, con respaldo financiero de los gobernadores de Morena, 22 hasta ahora, las estructuras políticas y sociales y el acarreo, con lo que busca la legitimación de una elección desconocida por la mayoría de los ciudadanos.
En la búsqueda de asistencia de los ciudadanos, senadores y diputados federales de Morena, PVEM y PT estarán en sus entidades y en sus distritos “invitando” a sufragar. Cada cual cuenta con sus grupos estatales y distritales. Los diputados locales y los alcaldes y sus cabildos, también toman parte de la movilización masiva. Los resultados, el número de votos, confirmará si el trabajo realizado obtuvo el éxito deseado.
Las debilitadas oposiciones claman vigilancia del INE en la conclusión del proceso. Sin embargo, sin la presencia de representantes en las casillas, han declarado que no habrá forma de evitar los viejos métodos para rellenar urnas y hacer ganar a los que estén identificados con el partido en el poder.
La movilización de los morenistas, se afirma, correrá a cargo de la Secretaría del Bienestar, entidad que distribuye los recursos de los programas sociales. Además, en su nómina cuenta con personal suficiente para impulsar la asistencia de votantes.
¿Y usted sabe por quién votará?
