A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
Ocho estados de la República debieran estar con los focos de alerta encendidos por la elección judicial en puerta -en unas cuantas semanas más- debido a los altos niveles de criminalidad organizada, su interés de intervenir y los riesgos que ello significa.
Sí, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima son las entidades.
Lo advierte México Evalúa, al advertir que el control de jueces “permitiría al crimen litigar a su favor, traficar influencias y consolidar su poder”.
La institución también resalta las entidades que estarán en riesgo medio: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.
Lamentablemente sólo son cuatro estados del país con riesgo bajo: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.
El planteamiento de la institución al respecto es que son cuatro los factores principales que determinan el nivel de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales de 2025 a nivel estatal:
“Disputas violentas por el control de los territorios locales:
“Mientras más disputas existan, mayor probabilidad de captura electoral. En zonas bajo una hegemonía criminal establecida resulta menos probable la violencia político criminal porque no es necesaria. La hegemonía criminal requiere otro tratamiento.
“Explotación violenta de múltiples mercados ilícitos convencionales: la captura del poder judicial puede completar el circuito de impunidad para la explotación de mercados ilícitos.
“Alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones:
“Dicho fenómeno muestra que las instituciones políticas cuentan con bajas capacidades para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones. A menores capacidades, mayor probabilidad de intromisión.
“Alta disponibilidad de opciones de captura:
“Medida a través del porcentaje de cargos de personas juzgadoras y magistradas del fuero común que serán votadas en 2025. A mayor porcentaje mayor probabilidad de violencia”.
LAS CONSECUENCIAS
DE LA VIOLENCIA
Será pues un problema de salud pública para México porque, lamentablemente, como expone la Organización Panamericana de la Salud:
“La violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud”.
Y menciona:
“La exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar, consumir alcohol o uso de drogas; de sufrir enfermedades mentales o tendencia al suicidio; así como enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes o cáncer; enfermedades infecciosas como el VIH y problemas sociales como el crimen o más violencia”.
Pero ofrece, como dicen en los pueblos, “el remedio y el trapito”, mediante la prevención. Menciona cuatro pasos: definir el problema, identificar causas y factores de riego, diseñar y evaluar las intervenciones e incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas.
Aunque se ve difícil la aplicación de las medidas en un caso como el de México, hay quienes señalan que son las autoridades actuales las que tienen la responsabilidad de trabajar desde ahora para evitar que corra la sangre.
Porque efectivamente, como advierte la OPS:
“Si no se atiende la violencia, no se puede asegurar la salud y bienestar para todos los grupos de edad en la Región de las Américas. Prevenir y responder a la violencia es fundamental para alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible en las Américas”.
Pero, en este caso, tras la elección de jueces que ocurrirá en junio en México, como expone México Evalúa… “el control de jueces permitiría al crimen litigar a su favor, traficar influencias y consolidar su poder. La justicia, ya de por sí limitada, podría volverse aún más excluyente, beneficiando a quienes puedan pagar por el acceso a jueces y dejando fuera a los sectores más vulnerables”.
La institución que dirige Luis Rubio, advierte lo altamente probable que resulta “…que el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales sobre todo en territorios clave para sus operaciones”.
Por ello… “se requieren acciones inmediatas para reducir los riesgos de violencia político criminal en el próximo proceso electoral judicial”.
Y recuerda:
“De 2021 a 2024, cuando se llevaron a cabo los últimos comicios electorales, la violencia político criminal incrementó 270.6% en todas sus modalidades; y los asesinatos, en particular, 356%.
“Dentro de las víctimas pueden encontrarse autoridades electas, personas candidatas, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad pública, familiares de dichos actores, personas con influencia política y ataques armados a instalaciones gubernamentales”.
Como si no fuera suficiente…
“Ocho de cada diez (77.9%) de las agresiones registradas fueron en contra de actores municipales. Este grupo ofrece mayores insumos a las organizaciones criminales para la explotación de las economías locales, incluyendo impunidad generalizada”.
En alerta, pues, porque en seis semanas más se efectuará la elección más polémica y rechazada por los mexicanos, ante la manipulación de que ha sido objeto desde el sexenio pasado y en lo que va de la actual.
