
Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Cuando alguien no entiende, se repiten los mismos errores y se levantas polvaredas innecesarias.
Apenas hace 48 horas, al presentar se la Nueva Ley de Telecomunicación -y el largo etcétera- se produjo un alud de criticas provenientes de sectores afectados y, sobre todo, por el intento de aplicar la censura y concentrar el poder en la Presidencia de la República par cancelar, licitar o asignar frecuencias y, al mismo tiempo, para converse en censor de los contenidos difundidos en radio, televisión, redes sociales y bloquear, en su caso, Internet.
El cúmulo de protestas orillo a la presidenta mexicana a solicitar al Senado de la República la posposición de la votación para aprobar el dictamen correspondiente, lo que reflejó la equivocación cometida en la redacción de la nueva legislación.
Y ayer, de nueva cuenta, como decía la abuela “otra vez la burra al trigo”.
El Senado de la República difundió haber recibido la iniciativa presidencial con la que se crea la Comisión Nacional Antimonopolio, en la que resaltan los siguientes párrafos, íntegros, para que nadie diga que hay interpretación.
(…) Faculta a que, con independencia de la emisión y publicación de las disposiciones regulatorias, la Comisión Nacional Antimonopolio expida lineamientos y criterios técnicos, así como guías de carácter orientador para el efectivo cumplimiento de la ley.
“Fija diversas atribuciones de la citada comisión, como imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado o zona geográfica.
“Además de determinar la existencia o subsistencia de Agentes Económicos Preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados de los sectores.
“En cuanto a sanciones, se establecen multas hasta por el equivalente al veinte por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta y quince por ciento de dichos ingresos por una práctica monopólica relativa.
“También multas hasta por el equivalente a trescientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
“Asimismo, inhabilitación temporal para participar, de manera directa o por interpósita persona, en procedimientos de contratación pública por un periodo que no será menor de seis meses ni mayor a cinco años, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta. Respecto de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, se señala que la Comisión Nacional Antimonopolio determinará la existencia de Agentes Económicos Preponderantes”.
Más claro ni el agua cristalina santificada. Se trata de un artero ataque a las televisoras y radiodifusoras que, por cierto, son las que informan de los aciertos y errores cometidos por el gobierno federal a través de iniciativas que muestran el verdadero fondo: control absoluto de los contenidos.
Por supuesto que se fija el camino para ir en contra de los monopolios comerciales bajo el argumento falaz señala que “…en esta nueva etapa del desarrollo nacional es fundamental corregir los abusos de poder, que se habían convertido en norma, por parte de grupos que sólo veían por sus intereses a costa del bienestar de las y los mexicanos.
(…) “los monopolios, la concentración del poder económico y su simbiosis con el poder político crearon un país en donde las grandes empresas no tuvieron que preocuparse por generar bienestar compartido y en el cual no les aplicaban las reglas, como se hacía con el resto de la ciudadanía.
“… al combatir los monopolios con toda la fuerza del Estado se genera una economía con competencia, donde las empresas deben ofrecer mejores precios y calidad a los consumidores mexicanos, lo cual permite que las familias mexicanas puedan adquirir más y mejores productos, sin que los intereses o abusos de grandes grupos de poder puedan afectar a la economía nacional”. y sigue la retahíla en contra de los adversarios de la cuatroté que no producen bienestar, sino empleos, pago de impuestos, mejoría de surtimiento de productos y control de calidad.
La concentración de poder a través de la desaparición de órgano autónomos constitucionales para crear sustitutos a modo, llegan cuando más necesidad de contar con un Estado de derecho que respete las libertades. Un estado de derecho hecho añicos en solamente 6 años y 7 meses.
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