Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
La nueva Ley de Telecomunicaciones, cuyo dictamen se elaboró en fast track, además de concentrar actividades destinadas a otros entes y trasladarlos a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que dependerá del Ejecutivo Federal tiene demagogia, soberbia, ansia de poder y ánimo de venganza.
Si bien es cierto deben regularse las transmisiones que sean pagadas por gobiernos extranjeros, también lo es que los nacionales deberían seguir el mismo camino y no atender contra la libertad de expresión que, disfrazadamente estará presente en cuanto entre en vigor.
El dictamen contiene un párrafo alarmante y que no tiene razón de ser: la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil que podrá ser consultada por las autoridades “conforme a los criterios y condiciones que establezca la Agencia en los lineamientos que emita para tal efecto”.
¿Qué tienen que ver los ciudadanos, los periodistas, los comunicadores con las bilis gubernamentales?
La exposición del tema confirma lo que se ha sostenido desde el inicio de los gobiernos de la mal llamada cuarta trasformación y que ahora se pretende legalizar con leyes a modo para satisfacer las ansias de venganzas compartidas. Se trata del espionaje.
Sí, de acuerdo con la facultad que tendrá la ATDT -se presume que sería el acrónimo- se aplicarían criterios y condiciones, del nuevo centro de espionaje legalizado. Y uno tiene qué preguntarse: ¿en qué se fundamentarán los criterios? … ¿hablar del mal gobierno en reuniones familiares?… ¿colocar bozales a todos quienes nos dedicamos al periodismo y contamos con micrófonos radiofónicos y televisivos para emitir nuestras opiniones?
¿Habrá derecho de réplica?
¿Podrá el afectado ampararse ante el abuso de poder?
¿Quiénes o cuántos serviles al gobierno emitirán los criterios y las condiciones?
Habría que recordar que, durante el pasado gobierno de Morena, su titular negó sistemáticamente que se espiara a periodistas, defensores de derechos humanos, adversarios o sacerdotes.
Sin embargo, se ha hecho público que, a partir del año 2019, ya en ejercicio legal -aunque empezó antes de ser declarado presidente electo- utilizando el programa Pegasus, el más acabado para el espionaje a control remoto, violó la confidencialidad y hurgó en vidas personales de quienes se “sospechaba” estaban preparando un “golpe de Estados”.
No debería sorprendernos que ahora se busque legalizar el espionaje en contra de políticos, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos.
Durante la discusión del dictamen, el senador Aníbal Ostoa Ortega defendió la iniciativa de ley argumentando que los medios de comunicación han sido durante años “herramientas de manipulación, de intereses ajenos al pueblo y serviles a las élites nacionales e internacionales”.
Añadió que el dictamen busca combatir la “colonización mediática” ejemplificada en los anuncios antinmigrantes protagonizados por la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem y que fueron televisados en el Canal de las Estrellas de Televisa.
“Con esta nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se recupera la soberanía comunicativa del Estado mexicano que intencionalmente cedieron en 2014″, afirmó el senador.
Cierto: los medios de comunicación han sido durante años “herramientas de manipulación”. Es de esperarse que haya logrado detener la terrible hemorragia por haberse mordido la lengua.
Si alguien utiliza los medios para manipular la verdad, es quien tiene el poder. Y lo hizo y se hace sin rubor alguno. El que se fue y la sucesora, siempre tendrán otros datos para violar la ley y, en el caso de la actual presidenta, simplemente ordena legalizar el espionaje y punto.
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