La Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado desechó la solicitud para que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, comparezca sobre la adjudicación de un contrato de arrendamiento en 2022 por el Instituto Sonorense de Transparencia a la Inmobiliaria Alta Sierra, vinculada a la familia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
En la reunión de la comisión, las senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano y Anabell Ávalos, se opusieron a que los tres puntos a tratar en el orden del día fueran votados en conjunto, ya que argumentaron que se tratan de dictámenes muy diferentes, por lo que denunciaron que los senadores de Morena estarían buscando evadir su responsabilidad y cubrir a ciertas personas.
“Miren, se los dice alguien que ya tuvo la oportunidad de estar en el gobierno. No pueden ustedes defenderlo indefendible porque gobernar significa una responsabilidad. Así que es importante que ustedes asuman su responsabilidad. Son la mayoría. Eso no les da derecho a que siempre voten lo que ustedes quieren cubriendo a ciertas personas. Ser la mayoría no significa que tengan la razón. Por lo tanto, la mayoría no es un argumento. La mayoría es una circunstancia, una coyuntura, que no es para siempre, por cierto”, afirmó la senadora Carolina Viggiano.
Los dictámenes desechados por la comisión abordaban tres puntos diferentes. El primero estaba relacionado con la adjudicación del contrato de arrendamiento a la empresa inmobiliaria por el que se solicitaba a Taddei que informara sobre el proceso de contratación y que también exhortaba al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a rendir un informe detallado sobre los términos del contrato con Alta Sierra, su relación con la empresa y cualquier otro vínculo contractual entre su gobierno y empresas ligadas a su familia.
El segundo dictamen votado en contra era otro exhorto a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que, según sus atribuciones, investigue y en su caso sancione al titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la ciudad. El dictamen también exhortaba a la Jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Brugada, a que destituyera del cargo al director, Guillermo Calderón Aguilera.
El último punto, y por el que la senadora Anabell Ávalos acudió a la comisión aunque no la integra, exhortaba al gobierno de Tlaxcala para que explique la adquisición de 10 camionetas blindadas con un costo superior a los 56 millones de pesos.
Los senadores de Morena señalaron que estos exhortos carecían de fundamento y se basaban principalmente en notas amarillistas de la prensa, por lo que las y los senadores que forman parte de la 4T votaron los tres dictámenes en contra.
“Se trata de un exhorto. No es una sentencia condenatoria para llevar a la cárcel a nadie. Es un exhorto. ¿Por qué nos niegan un simple exhorto? Es un exhorto y además para que se investigue. ¡Qué caray! ¿A poco la gente no tiene necesidad o no tiene el derecho que se investigue por las cosas que aquí se ven? Mi compañera ve que esas camionetas no valen lo que dicen que costaron, que no se hizo la licitación correspondiente, que no se les está dando el uso que se quería dar. ¿Por qué no investigamos y mejor lo aclaramos y no dejamos en entredicho a la gobernadora?”, cuestionó la senadora Carolina Viggiano.
