*El Servidor Público Debe Conducirse
con Imparcialidad y Legalidad
*Formarse, Educarse, Actualizarse, Tres
Líneas que Deberá Seguir
*Armenta no es un Servidor Público, es
un Pequeño Dictador en Cierne
POR EZEQUIEL GAYTÁN
La función pública tiene entre algunas de sus características servir a la sociedad desde el ámbito de la administración pública. Servir como acto de grandeza que dignifica a quien sirve y honra a la persona que recibe el bien o el servicio. Es una relación compleja, pues, ante todo, una persona servidora pública vive para la política y no de la política. Léase, la nobleza de conducir a la sociedad hacia horizontes de calidad de vida y decoro de las personas.
El gesto de servir como proyecto de vida es una decisión que se toma. Es cierto, existen burócratas que trabajan en el servicio público porque no encontraron trabajo en otro lado y están inconformes con el cargo que desempeñan y con sus ingresos. También hay gente que decide entrar al gobierno con el propósito de enriquecerse ilícitamente, pues lo ve como un botín. Afortunadamente también existen personas que decidieron dedicarse a la función pública con el genuino ánimo de trabajar en favor de la sociedad, combatir la corrupción y luchar en favor de la justicia social.
Las personas que se dedican a servir en favor de la sociedad están sujetas a ciertas reglas de operación formales y éticas. La legalidad es ante todo una cultura de apego al Estado de Derecho que sujeta al funcionario a hacer exclusivamente lo que la ley le indica, mientras que el resto de las personas pueden hacer todo aquello que no les está prohibido. Más aun, la Constitución Política tiene todo el capitulado cuatro, que contiene en su artículo 109 fracción III la posibilidad de sancionar, en su caso, a quienes cometan entre otras faltas la parcialidad en el desempeño de su cargo. El espíritu de ese título alude sin cortapisas que se gobierna para todos y no para algunas personas. De ahí que la atmósfera ética del servicio obliga, mediante reglas no escritas, pero si aceptadas por el consenso social, a alcanzar la legitimidad y la confianza en un marco de entendimiento conciliatorio. Es decir, aplica para toda persona servidora pública electa democráticamente o por designación administrativa en favor del desarrollo integral.
Gobernar es, por lo tanto, una ciencia, una técnica y un arte. Obliga, sobre todo, a quienes nos rigen debido a que llegaron al poder mediante el voto popular a ser ejemplo de apego a un método de trabajo, sujetos al debido proceso y con sensibilidad política y social. Requieren, consecuentemente formarse, educarse y actualizarse permanentemente. Las consecuencias de las decisiones de esas personas son trascendentes.
Sin embargo, existen gobernantes que una vez instalados en la silla del poder ejecutivo olvidan que están ahí a fin de servir y deciden, como es el caso del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, chantajear a quienes en su campaña convocó a trabajar por la entidad. Específicamente a la inmobiliaria Grupo Proyecta. Su tesis es que dicha organización o dona terrenos o los expropia. De entrada, no conozco a nadie de esa constructora, ni la defiendo. Lo que defiendo es el principio del apego al Estado de Derecho. Léase, si quiere incrementar los impuestos a las constructoras, lo puede hacer mediante leyes impositivas y si así lo aprueba el poder legislativo poblano. También es cierto que el Estado puede recurrir a la Ley de Expropiación si acaso es en favor del interés público. Pero lo que no puede hacer es amenazar a un grupo determinado de la sociedad mediante el chantaje y, peor aún, tirarse al suelo cual víctima del empresariado a fin de que la sociedad lo levante.
Romper la precaria confianza social en el gobierno no es recomendable, al hacerlo, mañana nadie en Puebla estará tranquilo. Quedará el antecedente del chantaje como forma de gobierno cuyas repercusiones serán, entre otras, el temor de micro, pequeños y medianos empresarios de ser expropiados. También, por poner un ejemplo extremo, las viviendas de más de 200 metros cuadrados podrían ser expropiadas con el propósito de hacer casas dúplex en el nombre de los pobres.
El gobernador poblano, con su discurso de confrontación de “quitarles a los ricos para dar a los pobres” más allá de los impuestos es peligroso política, social y económicamente. La idea de tirarse al suelo a fin de que el pueblo lo levante es hipócrita y peligrosa debido a que hacerse pasar como víctima y estar del lado de los desposeídos y marginados tiende a la insaciabilidad popular de ir más allá de la legalidad. Es una idea pueril que históricamente ya demostró sus fracasos. Con esa postura queda claro que Alejandro Armenta no gobierna para todos, que el chantaje, la amenaza y el amague los puede aplicar discrecionalmente al recurrir a las leyes a conveniencia y escudado en el populismo. No sé qué respuesta tendrá del grupo desarrollador. Pero me queda claro que Armenta no es un servidor público, simplemente es un pequeño dictador en ciernes.
