Venezuela busca la detención de Javier Milei, presidente de Argentina

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la designación de dos fiscales especializados para tramitar una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei; su hermana, Karina Milei, que es la secretaria general de la Presidencia argentina; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En un despacho periodístico de Europa press se da a conocer que al presidente de Argentina se les acusa por el “robo” del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires en 2022 y fue enviado a Estados Unidos este año.

“Milei se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio. Uno de los casos que más lo señalan –donde el Ministerio Público ha abierto una averiguación en base al derecho internacional y al derecho que rige en nuestro país– es el robo del avión de Emtrasur”, ha declarado durante una conferencia de prensa el fiscal.

Saab indicó que su oficina investigará presuntos crímenes de lesa humanidad en Argentina, después de condenar los “ataques” contra ancianos y jóvenes en referencia a la represión durante las manifestaciones antigubernamentales.

Sostuvo que Milei “está atacando a Venezuela, a las instituciones democráticas venezolanas, al Estado venezolano y a quienes asumen ‘motu proprio’ el nacionalismo bolivariano como parte de una doctrina de liberación de los pueblos”.

El Ministerio de Exteriores de Argentina repudió la solicitud del fiscal general de Venezuela de emitir estas órdenes de captura.

“La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela contra el señor presidente de la nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur”, expresó la cartera ministerial en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Además, aseguró que el caso fue resuelto por el Poder Judicial del país, al que considera como “independiente”, razón por la que el Gobierno “no puede ni debe tener injerencia alguna”, concluye la información de la agencia.

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