Antes de que se vaya el tren…

Punto de Vista

Por Jesús Michel Narváez

Desde el momento en que se aprobaron las reformas legales a las leyes de Amparo y Amnistía quedó claro que los afectados no serían los delincuentes de cuello blanco sino los que menos tienen y, además, la facultad al presidente para que decida quién recibe la amnistía, es del todo confusa.

Antes de que parte el último tren de la independencia Judicial, el bloque de contención en la Cámara de Diputados, formado por PRI, PAN y PRD presento la acción de inconstitucionalidad ante la Corte para que se suspenda la entrada en vigor de ambas reformas, toda vez que el decreto ya fue publicado en la edición vespertina de este martes.

El amparo, una herramienta reconocida globalmente, tiene por objeto proteger a los ricos, a los delincuentes, a los pobres y a los políticos de acciones que vulneren sus derechos tanto materiales como humanos.

Sin embargo, los legisladores del oficialismo ignoraron los beneficios que otorga el juico amparo al

impedir que los jueces suspendan los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando afecten el interés de la sociedad.

Esto implica que el Amparo deja de ser una herramienta efectiva para defender los derechos de la ciudadanía. Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de Amparo deja de ser un medio efectivo de protección, porque además una suspensión se aplicaba en lo general y con la reforma tendrán que ser directamente los afectados, en lo personal quienes soliciten la protección de la justicia federal.

En la relatoría de la acción de inconstitucionalidad los representantes de los partidos PRI, PAN y PRD, afirman que el que el juicio de Amparo deje de ser un medio efectivo de protección hace más difícil el acceso a la justicia para “los que menos tienen”, pues la Ley garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona y con esta reforma deberán contratar a abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos.

Los diputados señalan que el decreto reformatorio es contrario al artículo 17 de la Constitución que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se consagran las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los derechos humanos.

“Esta reforma atenta contra los avances alcanzados en materia de protección de los derechos humanos por medio del Amparo, que se habían conseguido con la reforma del año 2011 y con los criterios judiciales que limitaron el principio de relatividad de la sentencia del Amparo. Con ello se restringe la utilización de todos los medios apropiados para salvaguardar la integridad de las personas”, precisaron.

Respecto a las modificaciones realizadas a la Ley de Amnistía, apuntaron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los Tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito.

Los legisladores exigieron que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos, que se fortalezca el estado de derecho y que se combata eficazmente la impunidad en nuestro país mediante justicia efectiva, y no selectiva.

PRI, PAN y PRD.

Esta reforma, además proporciona a la autoridad una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a alguna tercera persona. Los requisitos establecidos para acceder a la amnistía generan un incentivo para realizar actos de represalia política, incluso con falsedad de declaraciones.

La reforma a la Ley de Amnistía vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución, porque amnistía no es igual a indulto que, en su caso, lo puede autorizar el presidente de la República.

El riesgo de darle la facultad de amnistiar al Jefe del Ejecutivo federal pone en riesgo a centenares de personas, porque podría, si así lo decide, otorgarla a criminales que están bajo proceso y encarcelados, aunque no sentenciados.

El abuso de poder, la concentración del mismo en un solo hombre, contradice los predicados constitucionales y, por ello, los legisladores presentaron la acción de inconstitucionalidad antes de que se vaya el último tren de la independencia del Poder Judicial de la Federación.

E-mail: jesusmichelmp@hotmail.com, Facebook Jesus Michel, X @misionpolitica y en Misión, Periodismo sin Regaños martes y jueves de 16 a 17 horas por Radio Cañón en el 760 de amplitud modulada

 

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