“Nada Justifica Incumplir la Constitución…”: Silva Meza

A la Vuelta de la Esquina

 

 

IVÁN RUIZ FLORES

 

El que fuera ministro de la corte, Juan Silva Meza, en 2020, ya como académico publicó en la UNAM su pensamiento y su experiencia en materia del Sistema Penal Acusatorio. Sí, en 2016 había entrado en vigor y es hora que aún no procede adecuadamente, pero cuatro años después, este profesional del Derecho dio a conocer sus observaciones y consideraciones.

En un trabajo que denominó “El Sistema Penal Acusatorio, los Jueces y el Estado de Derecho (Algunas Reflexiones), abordó “…algunos de los retos que enfrentan actualmente los poderes judiciales, y significadamente el federal, para finalizar con una reflexión respecto al actuar de la jurisdicción constitucional y legal para preservar el Estado de derecho frente a las intromisiones e injerencias que se viven en la actualidad”.

Ojalá y lo lean los estudiantes y profesionales del Derecho, porque se ha dicho con insistencia que sigue sin funcionar adecuadamente, sobre todo en la actual administración, lo cual no es raro porque pareciera que nada sale bien en estos últimos cinco años.

 En aquel tiempo en Misión Política escribimos: 

       “Hoy México está de estreno (2016). El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio está en marcha. Un buen número de mexicanos festejan, pero muchos más cruzan los dedos para ver si ahora funciona la justicia, por aquello de que hasta ayer y todavía en algunos estados “el que entra en la Inquisición, suele salir chamuscado”.

Efectivamente, era un día de fiesta para los “avangarde” y de luto para los tradicionalistas, aunque dónde estaban de plácemes era en San Juan del Río, Querétaro, sitio en el que la entonces Procuraduría General de la República había invertido 325 millones de pesos para la construcción del Instituto de Formación Ministerial, Policía y Pericial de la PGR (para este nuevo sistema procesal penal); instalaciones inspiradas en la Academia de Quántico, perteneciente al FBI, en Virginia, Estados Unidos. Se suponnía que algo similar se ubicaría cerca de la Sierra Gorda, de acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

Pero desde entonces no se podía cantar victoria porque el propio Centro había advertido que no obstante los esfuerzos y acciones, llevadas a cabo “…aún falta un largo trecho para tener un sistema de justicia que cumpla con todos los objetivos planteados por la reforma hace casi una década, principalmente una persecución eficiente del delito y el respeto de los derechos humanos de las personas”.

Pues bien, las cosas no marcharon como se esperaba y mucho menos una vez en el poder el actual gobierno.

LA SCJN DEBE SER UNA

INSTITUCIÓN GARANTISTA

Sin embargo, desde antes, Silva Meza precisó en su trabajo publicado por la UNAM:

“Hoy, más que nunca, la Suprema Corte debe seguir siendo la institución garantista que, en última instancia, establezca los límites al poder y las obligaciones de las autoridades. Debe continuar representando y salvaguardando los intereses de la sociedad, y hacer que la ley sea la norma suprema de nuestra vida pública. Un Estado constitucional, por esencia, marca límites al ejercicio del poder, límites que sólo pueden ser efectivos si existe una institución, como la Corte, encargada también de sancionar cualquier exceso de la autoridad y exigir reparación… 

“No podemos claudicar; la independencia judicial es irrenunciable, debe ser respetada y debemos defenderla. Uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es precisamente la garantía de la independencia de los jueces. El ejercicio autónomo de nuestra judicatura debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico y concreto… Los jueces sólo pueden tener dependencia hacia lo que la Constitución mandata. El destino y la conformación de este poder del Estado no puede, por ningún motivo, y bajo ninguna excepción, estar al arbitrio de intereses, que llegan como el agua y se van como el viento.

“Nada justifica incumplir la Constitución y el respeto a los derechos humanos para que el nuevo sistema penal funcione. Respetemos por igual las formas y la legalidad, no son formulismos leguleyos, son formalidades esenciales del procedimiento, es el debido proceso, es el respeto a la igualdad. Respetemos la esencia de la República, dejemos que las instituciones funcionen, que se respeten los derechos de todos con y en la dignidad de la ley. Demos sentido al Estado constitucional y democrático de derecho, en el que a todos nos conviene vivir”.

Esperamos que quien llegue a la Presidencia de la República en 2024 (que no sea el actual porque se iniciaría abiertamente una dictadura) reflexione en los planteamientos que se han hecho en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la problemática que ha debido de enfrentar por la intromisión presidencial en su trabajo y elecciones que deben ser independientes.

 

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