Participó el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, quien recordó que México es un país pluricultural en donde más de 18 millones de personas se autoadscriben como indígenas.
Para analizar el principio de mínima intervención como herramienta para tutelar los derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Poder Judicial de esa entidad, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana local y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, llevaron a cabo el Foro “25 años de jurisdicción federal electoral indígena, sentencias fundacionales y relevantes del TEPJF”.
En el acto inaugural, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, indicó que el foro tuvo como objetivo reflexionar sobre la actuación de la justicia electoral respecto a la tutela, reconocimiento y protección de los derechos políticos de las personas y pueblos indígenas. México, destacó, es un país pluricultural en donde más de 18 millones de personas se autoadscriben como indígenas.
Son ya 25 años, dijo, en que la jurisdicción federal electoral conoce de elecciones por sistemas normativos indígenas, etapa en la que cientos de sentencias han sido emitidas por las salas Superior regionales, con la que se ha generado una sólida línea jurisprudencial.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña subrayó que, si bien el Tribunal Electoral ha materializado una progresividad en sus decisiones, que destacan por buscar una maximización de los derechos de las poblaciones indígenas, el sistema normativo y los derechos únicos son tema de permanente reflexión.
En el evento, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón reconoció el trabajo realizado por el Tribunal Electoral por más de dos décadas, tiempo en el que -dijo- ha trabajado por hacer respetar los derechos indígenas y año con año evoluciona la labor de justicia en materia electoral.
Al acto, que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, del Poder Judicial de Chiapas, asistieron la directora de la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral, Gabriela Ruvalcaba García; el magistrado presidente del Poder Judicial del estado de Chiapas, y del Consejo de la Judicatura, Guillermo Ramos Pérez; el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Gilberto Bátiz García; la presidenta del Congreso local, diputada María de los Ángeles Trejo Huerta; el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda, y el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa.
En el marco del foro, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, participó en la mesa “Hacia el Principio de Mínima Intervención en Sistemas Normativos Indígenas”, en donde consideró que tener una visión de autoadscripción cultural puede ayudar a resolver de mejor manera los conflictos en materia electoral local y federal. Sin embargo, advirtió que el sistema es muy complejo, lo cual dificulta dar solución a los casos de los sistemas normativos internos.
Ante magistradas y magistrados de Tabasco, Campeche, Coahuila y Chiapas, así como jueces del Poder Judicial del Estado de Chiapas y comunidades nativas, el magistrado de la Sala Superior destacó que tras las acciones afirmativas que determinó el Tribunal Electoral para tener candidaturas a diputaciones indígenas en el proceso electoral 2018, se tuvo un avance importante, pero el problema, consideró, es que son postulados por los partidos políticos. Planteó la necesidad de contar con otras maneras de representatividad y que las candidaturas indígenas no pertenezcan a los institutos políticos.
Por su parte, la secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Roselia Bustillo Marín reconoció que, en dos siglos de independencia del país, estos 25 años de jurisdicción electoral llegaron tarde para entender las formas de normas generadas dentro de las comunicades indígenas para elegir a sus autoridades independientemente de los partidos políticos y que el Estado mexicano no había volteado a ver.
Afirmó que hay que entender otras formas de generación de normas que se dan a partir de otras diversas maneras de entender el mundo y de organización de las sociedades. Bustillo Marín refirió que se debe tutelar y entender que las decisiones que se dan en las comunidades se derivan de derechos colectivos ya que estas son entes que tienen derechos desde la decisión colectiva emanadas del derecho humano a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno y estas decisiones son para el beneficio de un grupo.
Finalmente, la directora de la EJE, Gabriela Ruvalcaba García, quien fungió como moderadora de la mesa, “Hacia el Principio de Mínima Intervención en Sistemas Normativos Indígenas”, agradeció la participación de autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas, así como funcionarios estatales y representantes de la academia.
