Los Católicos Están Furiosos por la Respuesta Oficial Sobre los Asesinatos

NIDIA MARIN

¿Quién manda en México?

Depende dónde. Porque, por ejemplo, las zonas indígenas están abandonadas a su suerte y el mando lo tiene el que traga más pinole. ¿Y ese quién es? En muchas zonas, lamentablemente, el crimen organizado.

Sí, la respuesta es triste, dolorosa e indignante, porque estamos viviendo en carne viva lo evidente: que decenas de dichas zonas están alejadas no de la mano de Dios, pero sí de la justicia. 

Muchas, en ambos extremos de la República, lo mismo en Chihuahua que en Chiapas, pasando por el centro del país, están padeciendo los peores momentos de sus vidas, cooptados o atacados por el narco y las bandas delincuenciales.  

Apenas hace unos cuantos días los mexicanos nos quedamos helados y posteriormente enfurecidos ante el asesinato de los dos jesuitas -Javier Campos y Joaquín Mora- y del guía de turistas -Pedro Eliodoro Palma- en Chihuahua. Y la indignación colmó a la nación, misma que se incrementó tras las insensibles e ignorantes palabras presidenciales.

Sí, porque no hay que olvidar que en México suman más de 77.7 % los católicos, es decir casi 98 millones de los 126 millones de habitantes, mientras que los cristiano-evangélicos son poco más de 14 millones. Por lo tanto, la cifra de indignados es muy elevada.

Y entre tales furiosos con los gobernantes hay 17 millones de indígenas, porque solamente el año pasado de todas las agresiones ocurridas sumaron 41.2 por ciento las perpetradas contra este sector del pueblo. Por cierto, no hay dinero que se reparta desde Palacio Nacional y que alcance para eliminar la indignación existente. Como ellos mismos dicen: “ya llegará el momento de cobrar”.

Pero mientras tanto, están que trinan, por todo el país. Sí, porque en el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas.

La sociedad más vulnerable de nuestro México está sufriendo y está siendo afectada por la violencia en las decenas de comunidades indígenas del país. 

Como ya se ha señalado, las restricciones que ordenaron los gobiernos para detener la expansión del coronavirus “han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen los territorios indígenas y acallen a sus líderes”.

Y no hay que olvidar que México ocupa el octavo lugar en el mundo de aquellos países con la mayor cantidad de pueblos indígenas. Sí, hace varios años precisó el Senado de la República, mediante el Instituto Belisario Domínguez, que 75 por ciento de las personas indígenas se concentran en ocho estados: Oaxaca (24.4 por ciento), Chiapas (14.2 por ciento), Veracruz (9.2 por ciento), Estado de México (9.1 por ciento), Puebla (9.1 por ciento), Yucatán (8.8 por ciento), Guerrero (5.7 por ciento) e Hidalgo (5 por ciento).

De tal manera, aseguraron entonces, es el segundo país de América -después de Perú- con el más elevado volumen de población de origen étnico, la cual reside fundamentalmente en zonas rurales y de alta marginación.

En la República Mexicana contamos con estados intermedios, en materia de cifras, como Michoacán. Sin embargo, los que menos indígenas tienen son, entre otros: Colima, Aguascalientes y Zacatecas.

Nada que ver con otros rebosantes de etnias indígenas como los mayas de Yucatán, los tarahumaras en Chihuahua (los cuales están viviendo el reciente trauma de los jesuitas y del guía de turistas asesinados), los zapotecas y Mixes en Oaxaca (entre otros), los tzeltales y tzotziles en Chiapas, los huicholes y coras en Nayarit y los tepehuanos al Sur de Durango y Norte de Nayarit, entre decenas.

De acuerdo con los tiempos que corren y la falta de aplicación de las normas jurídicas, casi ninguno de los grupos en el país, está exento de los hechos de sangre. Así, como tristes ejemplos están, la indignación de los tzotziles y tzeltales de Pantelhó a favor y en contra del grupo de autodefensas El Machete, quienes están reclutando jóvenes para luchar contra el narco.

Y qué decir de Guerrero, que cuenta con comunidades de niños armados como defensa, para evitar que los delincuentes se apoderen de sus tierras y a su vez disfrutar de mano de obra barata para el cultivo de la amapola, como la de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrera.

Y en Michoacán donde constantemente hay asesinados en las comunidades indígenas, como fue una de tantas tragedias la de 35 hombres y mujeres en las zonas indígenas purépechas de Tarecuato y Tacátzcuaro.

Como dijera Moisés Franco Mendoza de El Colegio de Michoacán, en su trabajo “La Cultura de las Etnias”:

“Es preciso asegurar que el indígena mexicano cuente con el apoyo legal para defenderse y que se represente a quienes por falta de conocimiento o medios para llevar su queja a la justicia no puedan tener acceso a ella”.

Urge, pues, levantar a la justicia mexicana de la fosa en la que está hundida, mientras a su lado pasan los ríos de sangre por toda la República.

Realmente es de vergüenza. Ninguna de las instituciones federales encargadas en la materia sirve para nada y todas están machadas de sangre de mexicanos, entre los cuales están los indígenas.

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