Por Alfredo Mejía Montoya
El dilema de la eficiencia y de la eficacia del Sector Público, el Sector Privado y el Tercer Sector. Mientras el sector público tienen el deber de servir al ciudadano, mediante políticas públicas tendientes a proporcionar bienestar a la población; en el sector privado son personas físicas o jurídicas, que invierten en proyectos productivos generando empleos, ingresos y cadenas de valor; y el tercer sector, que realiza actividades similares a las del sector público y privado pero ejercidas por la Sociedad Civil Organizada (SCO), cubriendo sus presupuestos con dinero público proveniente de donaciones de la sociedad y contribuyentes, y cuyo servicio es mas eficiente y eficaz, al proporcionar bienestar a los beneficiarios.
Los tambores de guerra suenan fuerte desde Palacio Nacional, donde le aplican la reducción de fondos públicos provenientes de donativos de los contribuyentes Personas Físicas (PF) a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o Sociedad Civil Organizada (SCO), una simple reforma que deviene en su exposición de motivos de supuestos donantes abusivos, y que por ello, miles de donantes no podrán más realizar tales deducciones y donaciones al Tercer Sector (TS), manifestando la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que “el problema no son las donatarias autorizadas, sino los donatarios” (sic). Entonces que le apliquen las facultades de comprobación a los donantes abusivos.
Qué grave suena esa afirmación, que sirvió de razón y motivo para reformar el artículo 151, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), medularmente topar o poner un límite a las deducciones de los contribuyentes personas físicas que ya no podrán deducir el 7% de sus ingresos anuales para donaciones y aportaciones extraordinarias al Fondo de Ahorro para el Retiro (FAR). En consecuencia, las PF tendrían que decidir si deducen (1) sus gastos médicos y funerarios, seguros de gastos médicos, intereses de hipotecas, transporte escolar, proporción de colegiaturas, salario mínimo, entre otros; o (2) deducir sus donativos y las aportaciones extraordinarias al FAR.
Es cierto, conforme a la ley, hay un tope en las deducciones para las PF, que para efectos del 2021 es de 163 mil pesos. El tope no se acota, sino que ahora, si las PF desean efectuar donativos o aportaciones, será sin deducción, esto es, sin recibo deducible para efectos del ISR. Otra de la Jefa del SAT: “que la mayoría de la población no alcanza su tope de deducción de los gastos obligatorios, y que casi nadie dona el 7% de su ingreso, entonces no habrá afectación” (sic). Nótese, habla de gastos obligatorios, y no lo son. Y si la mayoría no alcanzan el tope de deducción, entonces para que la reforma.
El daño no se le hace a las PF, sino a la SCO que dejaran de percibir más de 8,000 millones de pesos provenientes de donativos de personas físicas nacionales y que hoy destinan a la realización de actividades asistenciales. Este es el verdadero problema, que no el fondo de la reforma, eso queremos pensar positivamente ya que, si es al contrario, es un golpe más a la SCO que es donataria autorizada para emitir recibos deducibles del ISR en actividades fundamentales de política pública como la asistencia a niños de la calle, lucha contra el cáncer, terapias psicomotrices, bancos de alimentos, etc., la educación, la cultura y el medio ambiente, y varios rubros más. De ese tamaño es el impacto de la reforma recaudatoria dirigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador: golpe directo a la sociedad civil organizada, y que el inquilino de Palacio parece odiar a quien le haga sombra en programas asistenciales, con sus “programas prioritarios” al asistir como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad ,. . . lo cual consideramos que prácticamente es imposible, ya que, desde el inicio de su mandato, fue eliminando los apoyos asistenciales a los sectores más pobres y en pobreza extrema, apoyos que no los cambió por ninguno otro, que no sean los que se encuentran en sus malogrados programas prioritarios y sus “listas de beneficiarios”.
Tal parece que desea el monopolio de la asistencia social para todos, para el pueblo, como el les llama a sus seguidores, a los que no son aspiracionistas, neoliberales o conservadores a ultranza, que no es lo mismo que contribuyentes. Precisamente porque todo el Pueblo digno no son todos Contribuyentes, y eso hace la diferencia, los que contribuyen pueden optar a quién le dan parte de sus derechos monetarios, a toda la sociedad o a un sector específico, que con ese poco dinero hacen más que los gobiernos en todos sus niveles; a toda la sociedad para efectos del sistema de redistribución de la riqueza, en forma de carreteras, caminos vecinales, escuelas, centros deportivos, centros de salud, jardines, obra hidráulica en desagüe, alcantarillado y agua potable, etc.; o a un sector especifico de la SCO dedicada a actividade quizá de las que por mandato constitucional el Estado debe llevar a cabo, como la salud o la educación, donde el actual gobierno ha demostrado su ineficacia e ineficiencia.
Lo anterior es patente, precisamente por que las ONG o SCO llámese Fundaciones, Patronatos, I.A.P. o simplemente Asociaciones Civiles de carácter asistencial, están severamente vigiladas, con la inscripción a diversos registros públicos y sometidas a regulaciones y rendición de cuentas que exigen dichos registros, para el prudente manejo de los fondos, certificando el cumplimiento de los fines, ya que usan dinero publico que fue deducido para efectos de la ley del ISR, y su transparencia es al 100%, gastando por ley .95 centavos de cada peso donado o percibido en la actividad asistencial, y .05 Ctvs. en administración. Ello supone una gran satisfacción y tranquilidad de los donantes ante la eficacia y eficiencia del servicio; al contrario de la actividad de los gobiernos en la misma actividad, donde su carga administrativa es de hasta el 40/50% ya que implica la nómina de los servidores públicos que llevan a cabo la actividad, la creación e implementación por expertos del programa, la logística y la propaganda del mismo, por lo que al final al sector o grupo de beneficiarios, solo les llega .50 o .60 centavos de cada peso del presupuesto etiquetado para el Programa, cuestión que sucede actualmente con los mas de 30 Programas Prioritarios del gobierno federal, demostrando su ineficacia e ineficiencia con el dinero de los contribuyentes, lo cual es injusto.
Evitar estas deducciones afectaría, principalmente, a mas de 5 mil organizaciones de la sociedad civil de todo el país que reciben donativos de personas físicas. Estas asociaciones atienden a beneficiarios de la población en pobreza y pobreza extrema, comprometiendo miles de servicios de asistencia, educativos, de salud y de todo tipo, así como con la economía de los hogares con mayor índice de vulnerabilidad.
Las instituciones sin fines de lucro de la SCO representan el 1.37% del PIB nacional y emplean a más de 700 mil personas y movilizan a más de 2 millones de voluntarios. Además de la afectación de la población atendida, esta medida incentiva de alguna forma la informalidad fiscal de las SCO y de las personas físicas, ya que los ingresos de las primeras, por ministerio de ley no están gravados para efectos del ISR, afectando aún más, a las instituciones que ya habían dejado de recibir recursos federales desde 2019, por instrucciones de López Obrador, generando escenarios desoladores para la asistencia social, al ser severamente disminuida su capacidad económica desde Palacio Nacional, siendo sus programas prioritarios los únicos de los que se hablen en el futuro, cuando estos carecen de raíz y no atienden las verdaderas causas de la falta de asistencia a la población vulnerable.
Si la pretensión del gobierno federal es una mayor recaudación, sería una estrategia poco eficaz, ya que sólo el 11% del monto total de donativos realizados por personas físicas a organizaciones civiles ($19,821 millones) fue deducido en 2019.
En consecuencia, si el abuso en las deducciones personales fue de siete personas físicas pertenecientes a una misma familia que donaban dinero a sus propias fundaciones para deducir Impuesto sobre la Renta (ISR), la Jefa del SAT manifestó que “por el secreto fiscal no puedo revelar los nombres, pero sí los números son siete personas de la misma familia. Históricamente se observa que deducen entre 150 y 350 millones de pesos al año y (el donativo) está directamente a sus fundaciones familiares. De 10,000 donatarias autorizadas que existen sólo se verían afectadas en sus ingresos dos que son fundaciones familiares que otorgan siete personas”. (sic). Pues que se lo comente a López Obrador, y sin lugar a duda él lo revela en sus charlas de la mañana, ¡sin ningún recato!
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