Los Olvidados del 73

Los Privilegios del Poder

Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón

El tema de las pensiones es, hoy por hoy, una constante en el gobierno federal. Las presiones que este rubro ejerce sobre las finanzas públicas ha sido considerado, desde hace años atrás, como una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar.

En enero de 2021 entró en vigor la reforma al Sistema de Pensiones Mexicano, mismo que desde el punto de vista de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), constituye un modelo a seguir para los países de la región.

De acuerdo con este organismo, donde se concentran los negocios de todo el mundo, dedicados a la administración de las pensiones (digamos, las Afores) esta reforma tiene implicancias en distintas dimensiones, en particular, en el número de trabajadores que podrán alcanzar una pensión, en el monto de las mismas, en los activos bajo administración de las Sociedades de Inversión de los Fondos para el Retiro (SIEFORES) y en las finanzas públicas.

Uno de los aspectos principales que menciona el análisis realizado por la FIAP indica cambios relacionados con el porcentaje de las personas pensionadas y los montos que reciben.

Números de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, indican que únicamente 25 por ciento de los trabajadores que cotizan a lo largo de su vida bajo el régimen de 1997 alcanzan una pensión, en tanto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el monto mensual de la pensión que, hasta antes de la reforma recibirían apenas la tercera parte de su sueldo, con la reforma se busca incrementar la población pensionada y mayores montos.

Entre los elementos que se implementaron para lograr lo anterior, destaca el incremento gradual, a partir de 2023 y hasta 2030, de las contribuciones del empleador a las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores, desde 6,5% a 15% del sueldo base de cotización, además de una redistribución de la contribución gubernamental, la cual se concentrará, en su totalidad, en trabajadores que ganen los salarios más bajos, a ello se suman cambios a la pensión mínima garantizada.

Anteriormente, dicha pensión era un monto fijo para todos los trabajadores, para ello debería tener un mínimo de mil 250 semanas cotizadas y 65 años de edad. Con la reciente reforma la pensión mínima garantizada se establece de acuerdo con la edad de retiro, las semanas de cotización y el salario base del trabajador, con lo que dicha pensión se prevé oscile entre 2,622 y ocho mil 241 pesos.

Cabe destacar que con la reforma 2021 se reducen las semanas de cotización ante el IMSS y de 1250 pasan a 750 semanas, mismas que se incrementarán a mil semanas a partir de 2031.

Esta reducción busca incluir en la red de beneficiarios del sistema a un mayor número de trabajadores, y reconoce la estructura del mercado laboral en México, en el cual una alta proporción de trabajadores transitan entre la formalidad e informalidad durante su vida laboral.

Vale la pena, en este sentido, tomar en cuenta aspectos actuales de los trabajadores que deciden pensionarse bajo los lineamientos de la reciente reforma enfrentan.

Los trabajadores de la llamada generación en transición (aquellos que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 en el IMSS ) y que por más de cinco años no han cotizado en el IMSS y perdieron su derecho a obtener una pensión y la reforma no los beneficia.

Si bien es cierto que el trabajador, sin regresar a cotizar, y con solo tener un mínimo de 750 semanas recibirá una pensión, esta, de acuerdo con diversos analistas, sería hasta en 50 por ciento menor, a la que obtendría por la Ley del 73.

La imposibilidad de contar un empleo formal, para continuar cotizando al IMSS, hace que miles de personas laboren en la economía informal y, en consecuencia, perder la posibilidad de contar con una pensión, no obstante que, en muchos casos, cumplen con los requisitos de semanas y edad demanda por la legislación.

Es importante desarrollar nuevas estrategias para que estas personas obtengan la pensión que se merecen y que les ha sido negada. Hacerlo sería un acto de justicia.

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