La toma de casetas de peaje en 2020 ocasionó pérdidas por más de 4 mil 121 millones de pesos, y este es un problema “que ya no corresponde a actos de protesta social, sino al actuar de organizaciones delincuenciales”, donde Caminos y Puentes Federales ha resultado la operadora más afectada, destacó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, en el Senado.
Ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes, adonde asistió a comparecer como parte de la glosa del tercer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario informó a los legisladores que el monto de las pérdidas provocado por la toma de casetas afectó de la siguiente manera a las empresas: Fonadin, que opera Capufe, mil 526 millones de pesos; las concesionarias Ideal, 2 mil 371 millones, y RCO, 62.6 millones; la red propia de Capufe, 154 millones, y el paquete Michoacán, en Aguililla, 5.9 millones de pesos.
Todavía “nos falta resolver el problema de Sinaloa, donde la delincuencia también se ha apoderado de las casetas. Este problema ha dejado de ser un acto de protesta social, como se presenta mucho en Chilpancingo, por el caso Ayotzinapa, pero ya son organizaciones del crimen que se aprovechan para tener recursos; por tanto, con el apoyo de la Guardia Nacional y la FGR se están aplicando sanciones”.
Destacó que en lo que respecta al telepeaje, en las carreteras de Fonadin y Capufe “se sacó a la empresa concesionaria, que estaba contratada desde el gobierno, porque lamentablemente no daba un servicio adecuado y había corrupción. Se trabaja en reglas para promover la entrada de más participantes en el mercado, más competencia, nuevas tecnologías y mejor servicio; definitivamente, el no manejo de efectivo es la forma de evitar la corrupción”, subrayó.
Respecto a los accidentes, Arganis refirió que se tienen detectados 170 puntos en vías federales, y en las de Capufe, como 80. “Lamentablemente, hemos visto que la principal causa de los accidentes en carreteras es por el cansancio de los choferes, que muchas veces trabajan horas exageradas para cumplir con sus entregas, toman estupefacientes o a veces no respetan por más que se les revisa con los equipos, lo que produce un número importante de accidentes”.
A la pregunta de si el Aeropuerto Felipe Ángeles “será militarizado”, detalló: “tengo el reporte de que la torre de control estará completa y en operación el primero de enero de 2022, y ahí va a estar personal de la SCT, de aviación civil, manejándola. Las operaciones de la nueva terminal aérea estarán a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero las instalaciones estarán bajo resguardo de una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Por otra parte, confió: “una preocupación que no me deja dormir es la pérdida de la categoría uno en materia de seguridad área, por parte de la Administración Federal de Estados Unidos”.
Aseguró que se está haciendo todo un esfuerzo en presupuesto, personal y supervisión para recuperar lo más pronto posible ese nivel.
