Cada cuatro días una persona fue víctima de violencia electoral en Colombia, en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, reveló este miércoles un informe de una organización no gubernamental que advirtió sobre el riesgo de un incremento a medida que aumenta la campaña.
El estudio de la Fundación Paz y Reconciliación estableció que entre el 13 de marzo y el 23 de agosto se registraron 29 hechos violentos que dejaron seis muertos y 30 amenazados.
“Este escenario tiende a empeorar en el contexto nacional debido al fortalecimiento de fuerzas políticas alternativas frente a las clases políticas tradicionales”, dijo el informe.
En las elecciones locales y regionales de 2019, la violencia electoral dejó 230 víctimas en 177 hechos ocurridos en 28 de los 32 departamentos, según el estudio.
“Conforme avance el tiempo y la inscripción de los candidatos vamos a tener una tendencia a incrementar los hechos de violencia”, aseguró en una conferencia de prensa virtual Esteban Salazar, uno de los autores del informe.
Pese a un acuerdo de paz de 2016 con la desmovilizada guerrilla de las FARC, el país sudamericano aún enfrenta un conflicto armado en el que las Fuerzas Armadas enfrentan a disidentes que rechazaron el pacto, a los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional y a bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
Colombia realizará elecciones legislativas en marzo próximo para elegir a los nuevos congresistas, y en mayo la primera vuelta de las presidenciales.
De acuerdo con la investigación, las víctimas de los ataques y amenazas entre marzo y agosto de este año fueron principalmente funcionaros públicos de elección popular como concejales y alcaldes, la mayoría pertenecientes a partidos y movimientos alternativos como Alianza Verde y Colombia Humana.
En el 72.4 por ciento de los casos los responsables de los ataques o amenazas no fueron identificados por las autoridades, mientras que el restante 27.5 por ciento fueron cometidos por grupos criminales asociados con el narcotráfico que surgieron de los antiguos escuadrones paramilitares de derecha, según el estudio.
“Alguien está pagando estos sicarios para que asesinen a esas personas, o para que los amenacen”, dijo por su parte Ariel Ávila, subdirector de Paz y Reconciliación, al asegurar que las víctimas habían denunciado casos de corrupción, actividades de siembra de cultivos de hoja de coca o de minería ilegal.
“En donde hay altos niveles de competencia electoral pareciera que la utilización de la violencia es un mecanismo más de competencia política”, concluyó Ávila
