Para que la orden de desafuero proceda en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, será necesario contar la ratificación del Congreso del Estado, de acuerdo con un reglamento aprobado por la legislatura local de mayoría panista.
Fue el pasado 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Congreso de la Unión la Declaratoria de Procedencia en contra del mandatario panista, señalado por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ayer martes 2 de marzo, la LXIV legislatura de Tamaulipas aprobó un reglamento que señala que serán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los diputados locales quienes determinarán la decisión de avalar la solicitud de desafuero.
El proceso será adversarial, lo que significa que las autoridades recibirán todas las pruebas a favor y en contra del ciudadano con solicitud de desafuero; lo que permitirá el derecho de que se le acuse y se defienda.
Esto dará paso a que una Comisión Instructora revise toda la información y mediante una aprobación de mayoría absoluta se defina a proceder penalmente o no en contra del indiciado, cuya resolución debe ser avalada por el Congreso Local.
La legisladora local por Tampico, Rosa González Azcárraga, declaró a El Sol de Tampico que hasta el momento el Congreso tamaulipeco no ha recibido una solicitud formal de desafuero del gobernador, sino un aviso oficial de investigación.
“Lo que recibimos fue una notificación nada más de que se estaba preparando la solicitud de procedencia por parte del Congreso de la Unión, pero no hemos recibido su solicitud formal”, informó.
Aseguró que este reglamento que fue aprobado de forma rápida surge debido a que no se contaba con antecedentes sobre este tipo de solicitudes.
“De manera muy sencilla, aprobamos el procedimiento a seguir; una vez que llegue la solicitud de procedencia del Congreso de la Unión, el Congreso del Estado va a forma una comisión instructora, que va a ser adversatoria”, apuntó.
Agregó que en caso de que concediera el desafuero, sería el mismo Congreso quien definiría a la persona que lo sustituiría
“Nosotros vamos a decidir de acuerdo con las pruebas que se nos presenten y si hay una votación unánime, vamos a decir si procede el desafuero o no”, señaló.
“En caso de que no, se rechaza la solicitud y todos seguimos trabajando. Existe en la constitución, pero no en la del estado porque no se ha recibido alguna solicitud”, sostuvo.
