Es de Sabios…

Por Fernando Hernández de la Rosa y Raúl Mondragón Von Bertrab

El pasado domingo 31 de enero, el Senador de la República Ricardo Monreal anunció que presentaría una iniciativa de ley para regular las redes sociales en México. Paradójicamente, para hacerlo acudió a las propias redes sociales, en específico a Twitter, foro al que retornó el 11 de febrero de los corrientes, en afán de ofrecer mayor explicación sobre puntos precisos de dicha iniciativa y de enriquecer el debate. En video con escenografía impecable que evoca a la Batalla de El Álamo y a la Segunda República, por la cronología tridimensional de la bandera nacional y la diligencia del Viejo Oeste que, en relucientes vitrinas, flanquean al emisor, y con tono calmo, el experimentado legislador se dispuso a contestar preguntas de los medios asignados al Senado, en relación con la controvertida intención oficialista mexicana de regular las redes sociales.

Al cuestionamiento sobre lo que busca la iniciativa, se señala como principal argumento la protección de la libertad de expresión, que el derecho a la información y el derecho a la propia manifestación no se restrinjan, que no se vulnere, pues, el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio. Sobre los efectos prácticos de la idea, se descarta la afectación a usuarios de redes, pero las empresas, esos actores globales que se buscan acotar, dando la espalda al rumbo del mundo que los hace inmunes a ese acotamiento, esas sí tendrán que presentar sus términos para adaptarse a la nueva y solitaria realidad mexicana que podría ir dibujando, de manera alarmante, en el horizonte.

En una cáscara de nuez, como suelen decir los estadounidenses y más allá del origen atribuido a la reciente “censura” a Donald Trump, la iniciativa reformaría la Ley Federal de Telecomunicaciones, regularía a las redes sociales con más de un millón de usuarios, las cuales requerirían autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y podrían establecer mecanismos para la suspensión o eliminación de cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, mensajes de odio, afectación a los derechos de menores, revelen datos personales o inciten a delinquir. En adición a lo anterior, las redes contarían con un procedimiento interno para impugnar la suspensión de cuentas y contenidos, y los usuarios contarían con el recurso de la queja ante el IFT por supuestas violaciones a la libertad de expresión, que de acreditarse podrían sancionarse con multas de hasta $89’620,000.00 M.N. (Ochenta y Nueve Millones, Seiscientos Veinte Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Las propias redes sociales se han manifestado y han apuntado como con teodolito a los impedimentos que antepone el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) que cuenta entre su membrecía con Twitter, Facebook y Google, alertó sobre el posible incumplimiento en torno al principio de “trato nacional” dadas las “barreras injustificadas al comercio digital” que no son exigidas en los vecinos países del Norte. Cabe resaltar que el tratado citado tiene capítulos expresos sobre ambos temas.

Para Malcolm N. Shaw, Profesor de la Cátedra Sir Robert Jennings de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, si un estado viola una disposición importante en un acuerdo, es natural que los otros estados a los cuales concierne dicho acuerdo consideren su terminación. El efecto de manifestar la anterior contramedida es de represalia, en función de desincentivar la conducta del estado en falta. El artículo 60(3) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un incumplimiento material de un tratado consiste ya sea en el repudio del mismo, no permitido por la Convención, o en la violación a una disposición esencial para el logro del objeto del tratado.

Seguramente, lo anterior fue temática sopesada para evitar caer en un escenario de incumplimiento y afectar la relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos y con el gobierno de Justin Trudeau. Seguramente el legislador ha tomado en cuenta la actual normatividad sobre datos personales y derecho a la información, así como la relevancia de la identidad personal como el quid de este asunto. Sin duda alguna, ha habido un debido tratamiento de lo anterior desde la exposición de motivos de la iniciativa, pensándose en interesados, afectados y terceros.

Por supuesto existe un dilema con las redes sociales, ilustrado en un documental con información privilegiada de informantes desilusionados de la ola tecnológica, pero lo ha existido siempre en torno a la tecnología. En una conferencia TED impartida hace una década, Shashi Tharoor, actual ministro indio de Estado para el Desarrollo de los Recursos Humanos, relataba la historia de la telefonía en India, cuyo lamentable servicio ilustraba con el ejemplo real de un miembro del parlamento, quien tan recientemente como en 1984 se quejaba de su teléfono, prestación oficial, en plena sesión. El entonces Ministro de Comunicaciones respondió que, en un país en vías de desarrollo, las comunicaciones eran un lujo y no un derecho, que el gobierno no tenía obligación alguna de mejorar el servicio y que, si no estaba satisfecho con su teléfono, el honorable parlamentario podía devolverlo, ya que había una lista de espera de ocho años para teléfonos en India. Hoy la India se perfila como indiscutible -y temible- potencia mundial, con millones de teléfonos celulares nuevos adquiridos, mes con mes, incluso por individuos manejando un carrito diseñado en el siglo XVI, operando una plancha de vapor que usa carbón, inventada en el siglo XVIII, pero con un instrumento del siglo XXI que le permite procesar órdenes de planchado y operar con agilidad moderna.

Hay mucho en juego para el futuro mexicano y nuestro país no puede regresar al proteccionismo. De ningún tipo. Es momento de capitalizar nuestra diferenciación, el ingenio mexicano, y abrazar con valentía el futuro. Pudo haber imposición de la iniciativa que ocupa estas líneas. Habría sido un error. Se perfila un debate constructivo, incluyente, y se agradece. Es de sabios, señor Senador, rectificar.

 

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