Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
En el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, fue cesada una médica especialista, por una denuncia que su esposo habría promovido ante la CNDH para que le continuaran el tratamiento a una paciente de endocrinología suspendido por el jefe de ella. Utilizó datos sensibles y reservados y revelación de asuntos relacionados con su trabajo, fue la justificación para sancionarla.
El asunto parece tener un componente de venganza, debido a que según esto, hace unos tres años, al quedar vacante la Jefatura del Servicio de Endocrinología, la médica cesada, Alma Vergara López, ocupaba, desde entonces una plaza de mayor nivel que le daba más derecho para ocupar el cargo. Fue designado el doctor Ángel Alfonso Garduño Pérez, quien inició el proceso administrativo para cesarla.
En el oficio 96.203.1.4.2/76/2020 para el levantamiento del acta administrativa, se hizo una relatoría de los hechos con diversas contradicciones y en la que se pone de manifiesto que órdenes superiores afectan a pacientes. El fondo del asunto es que supuestamente el esposo de ella tramitó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque por decisión del doctor Garduño Pérez, se le suspendió un tratamiento médico.
En ese oficio se citó una acta de hechos, en la que el jefe del servicio reconoce que el 20 de agosto pasado “justifiqué” la no prescripción del medicamento teriparatide “ya que aparentemente había terminado el tiempo de uso autorizado”, sin revisar a la paciente, como estableció la doctora Mónica Macías Ortega, médico residente del segundo grado de endocrinología -alumna de la doctora Vergara López-.
La prescripción dictada por el jefe del Servicio de Endocrinología a la doctora Macías Ortega no fue impresa ese día porque, sostiene, no tuvo físicamente el expediente para anexarla. Sin embargo, al revisar -se entiende que el 20 de septiembre- los anexos se percató que existía una impresión hecha posteriormente a que él la dictó.
Incluso sostiene “noté la impresión de otras notas de evolución del expediente clínico de la paciente” con información “sensible y confidencial” de diagnósticos, exploración física y tratamientos.
Ante ello, solicitó al coordinador de tecnologías de la información, Jorge Luis Pineda Cárdenas, un rastreo del origen de la impresión de la prescripción dictada por él. Se estableció que se hizo el 20 de agosto a las 13:46 horas en la impresora ubicada en el consultorio de la doctora Vergara López y para su uso exclusivo.
El 24 de agosto la doctora Macías Ortega por escrito le informó a la doctora Vergara López la decisión que el jefe del servicio tomó de no proporcionar el medicamento a la paciente.
La paciente manifestó que el tratamiento prescrito no había concluido. Ante ello se hizo una revisión con el jefe de farmacia, encontrándose que le faltaban diez meses todavía. Es decir, el jefe del Servicio de Endocrinología atentó contra la salud de la derechohabiente, de lo que hasta ahora no se ha iniciado una investigación para aplicar las sanciones correspondientes.
En el expediente se establece que los teléfonos de la paciente se encontraban fuera de servicio, por lo que fue necesario buscarla en su domicilio. Acudió al CMN “20 de Noviembre” el 11 de septiembre, informándosele de la queja que ante la CNDH -radicada en la sexta visitaduría con el expediente 6/220/22/Q presentó el esposo de la doctora Vergara López.
Según el relato del jefe del Servicio de Endocrinología, la paciente afirmó no conocer a Ricardo Sergio Hernández Ibar y no saber de la queja, molestándose “sobremanera” al darle a conocer que se había utilizado información confidencial de su expediente clínico.
La paciente, según esto, elaboró un escrito dirigido al jefe del Servicio de Endocrinología -quien le informó de la queja ante la CNDH-, en el que dice no conocer al esposo de la doctora Vergara López y por tanto desconocer lo actuado ante el organismo de derechos humanos.
Y escribió: “…informo que he recibido mi tratamiento y medicamentos en la consulta de endocrinología, así como seguimiento con estudios de laboratorio hasta la fecha; refiero también el buen trato y gentileza en mi atención por parte del Dr. Garduño”. Es evidente la intención.
Según el jefe del Servicio de Endocrinología, de acuerdo con las constancias que se tienen, el esposo de la médica ha tramitado cuatro peticiones ante Presidencia de la República, autodenominándose representante de ella, en dos de las cuales manifestó que tienen una relación conyugal. Las anexó al expediente, así como la presentada ante la CNDH.
“Es claro que la Dra. Alma Vergara López proporcionó al C. Ricardo Sergio Hernández Ibar, información confidencial y sensible de al menos dos pacientes, que ha sido utilizada para sus intereses particulares y en agravio de la institución, así como de los titulares de la información al haber sido utilizada sin su consentimiento”, relató el doctor Garduño Pérez.
A la especialista se le acusa de faltas de probidad u honradez (sic) y revelación de secretos o reservados de los que tuviera conocimiento con motivo de su trabajo.
En el acta administrativa, el representante de la sección 5 de Sindicato de Trabajadores del ISSSTE, Jorge Morales Rosas, con su declaración lacónica dejó en claro que no apoyaron a la médica. La doctora Vergara López negó las imputaciones se reservó su derecho para presentar declaración por escrito.
De acuerdo con versiones, el doctor Garduño Pérez ingresó al CMN “20 de Noviembre” del ISSSTE a medicina interna, de donde fue removido por aparentes deficiencias y enviado a admisión continua de adultos donde también habría cometido fallas, para llegar a endocrinología.
Según trabajadores, en ese centro en los últimos meses se ha implementado una política de terrorismo laboral implementada por el director, José Alfredo Merino Rajme y ejecutada, entre otros, por la jefa de la división de enfermería, Andrea Leticia Espinoza Sánchez, con la anuencia del secretario general de la sección sindical, Federico Ruiz. Han sido dados de baja unos 30 trabajadores.
Víctimas de esa política a César Mecalco, con plaza de base apoyo administrativo en salud A8 lo cesaron luego de haber estado incapacitado por coronavirus y tras que su papá y un tío resultaron también infectados. No le otorgaron la incapacidad de tres días por enfermedad de familiar en primer grado, bajo el argumento que ya había gozado de catorce días de incapacidad por aislamiento, por lo que fue cesado.
También a una trabajadora de nombre Violeta, adscrita a quirófanos en el turno vespertino, la dieron de baja al negarle días por el fallecimiento de su papá y cinco días después su hermano, por lo que entró en pánico.
PARA LA AGENDA
Una excelente noticia para los trabajadores del ISSSTE fue la salida el 31 de octubre, de Javier Huerta Jurado, quien fue sustituido provisionalmente por Hilda Rojas Velasco. ¿Qué ocurrió? El acuerdo era que los funcionarios ligados a Pedro Zenteno permanecerían hasta el 31 de diciembre. Se habla de irregularidades que irritaron al general Jens Pedro Lohmann. ¿Influyeron en la percepción que la administración de Luis Antonio Ramírez Pineda es una de las más corruptas en el gobierno del presidente López Obrador?… La Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México estableció que a partir del pasado viernes 13 de noviembre empezaron a correr términos jurídicos, después que desde la segunda semana de marzo suspendieron actividades por la pandemia. Los más afectados fueron los trabajadores despedidos injustificadamente… En el marco del triunfo del demócrata Joe Biden, por la presidencia de EU, los controladores de tránsito aéreo que encabeza José Alfredo Covarrubias y maestros del Estado de México que liderea Luis Zamora presentaron quejas por violación al T-MEC en materia laboral. ¿Seguirá ese camino Hugo Alonso, el ganador de las elecciones democráticas en el SUTGCDMX y a quien el tribunal de conciliación legalizó una inexistente figura denominada Directorio Sindical al que se le entregan las cuotas sindicales para evitar reconocer su triunfo? Por cierto, hay que prestar atención al manejo de dineros de José Antonio Xochicale…
