*De la Influencia del Periodo Priista a la era de Morena
*Violentando de Manera Flagrante la Ley Laboral
*Un Juzgado de Distrito y el Tribunal de Conciliación
*Funcionarios Menores con Poder con Sheinbaum
*La Pugna Entre Joel Ayala y Elba Esther Gordillo
*Los Casos de Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces
Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
“Cambiar todo para que nada cambie”, es la esencia del gatopardismo. En el sindicalismo mexicano, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, vigentes desde el 1 de mayo de 2019, con la introducción del voto personal, libre, secreto y directo en la elección de los dirigentes sindicales representa, en los hechos, el perfeccionamiento del corporativismo cubierto con una careta de supuesta democracia.
Son los nuevos tiempos políticos del país: ayer con el PRI y hoy con Morena. Sólo que mucho antes de ese cambio, México firmó y ratificó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece que los trabajadores tienen la libertad de redactar sus estatutos internos. Es decir, pueden definir la forma de elección de sus dirigentes: por democracia directa o indirecta.
Durante más de cincuenta años, los sindicatos, en su calidad de aliados del gobierno, apoyaron las políticas en materia laboral, aun cuando en la práctica afectaran los intereses de los trabajadores. Y cuando enarbolaban banderas contrarias, la fuerza del Estado se hacía sentir sobre ellos: los ferrocarrileros y los petroleros en la década de los cincuenta, los médicos en los sesenta, los electricistas en los setenta y grupos de maestros entre los ochenta y noventa son los ejemplos más representativos.
El corporativismo sindical integró al PRI, el partido del gobierno, a las grandes centrales, a cambio de representaciones en las cámaras de diputados y senadores e incluso gubernaturas en la etapa de mayor influencia. La CTM y Fidel Velázquez acumularon tanto poder que, en los primeros años de la década de los ochenta, contaban con 50 diputados federales, 14 senadores, dos gobernadores y una subsecretaría de Estado -la de Alfonso G. Calderón ex gobernador de Sinaloa-.
Una alianza que permitió la consolidación en la construcción de nuevas instituciones políticas, así como la industrialización del país. Sin la participación del que fuera llamado movimiento obrero organizado, no se entenderían instituciones como el IMSS, Infonavit, ISSSTE y FOVISSSTE.
La CROM, con Luis N. Morones es el antecedente inmediato de esa alianza. Con Plutarco Elías Calles, le permitió al dirigente obrero más importante de la década del veinte, ser secretario de Industria, Comercio y Trabajo. En el gobierno del general Lázaro Cárdenas la cercanía se institucionalizó, con la creación de la CTM (1936) y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en 1938.
El surgimiento de la CTM en la vida política y sindical del país, fue fundamental: su apoyo resultó determinante en la pugna que el presidente Cárdenas mantenía con el empresariado, especialmente de Monterrey, permitiéndole además la consolidación de la nacionalización de la industria petrolera.
El gobierno consolidó el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano, aliado con Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesus Yurén, Alfonso Sánchez Madariaga y Luis Quintero conocidos como “los cinco lobitos” que en 1928, al romper con Morones los llamó “miserable lombrices” que se alejaron de un roble llamada CROM.
“…torpe de usted, Morones, que en su calenturienta imaginación ve lombrices. Son cinco lobitos que pronto, muy pronto, le van a comer todas las gallinas del corral” le respondió Luis Araiza, el 1 de mayo de 1929.
La CTM sustituyó a la CROM en influencia entre los trabajadores, mientras consolidaba un
poder político que alcanzó niveles que no habían sido imaginados.
De acuerdo con el historiador Javier García Aguilar (“Ensayo biográfico de Fidel Velázquez Sánchez”, consultado en revistas.unam.mx), ese grupo -y en el que incluyó a Carlos L. Díaz y Leonardo Flores- tenía “una clara visión del momento político del país. Sabían que el asesinato de Álvaro Obregón -recién electo por segunda ocasión no consecutiva como presidente de la República- en 1928 había tenido un fuerte impacto en la estructura política que se estaba creando en el país” y la vida misma de la CROM.
Y es que el presidente saliente Calles había roto públicamente con la CROM y se esparcía el rumor de que los cromistas estaban relacionados con el asesinato, debido a que Morones era opositor a la segunda elección de Obregón.
En la elección de la primera dirigencia cetemista, Lombardo Toledano ocupó la secretaría general por unanimidad. Para el segundo puesto en importancia, la Secretaría de Organización, fueron postulados Fidel Velázquez y Miguel Ángel Velasco -apoyado este por el grupo denominado como los comunistas-. Con Fernando Amilpa aquellos amenazaron con retirarse en caso que el líder lechero no ocupara esa posición, por considerar que los comunistas no debían tener esa posición, por lo que en una negociación Valentín Campa aceptó que el segundo fuese secretario de educación.
El gobierno del general Cárdenas enfrentaba entonces diferencias con el sector empresarial de Monterrey, el cual amenazaba con una manifestación en contra de lo que consideraba políticas de corte comunista.
En 1937, las empresas Standard Oil y Royal Duch Schell rechazaron el pliego petitorio presentado por los trabajadores, por lo cual estallaron en huelga el 28 de mayo. Casi tres meses más tarde, una comisión de peritos concluyó que las petroleras extranjeras tenían condiciones económicas para satisfacer las demandas laborales, lo cual fue ratificado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en un laudo emitido el 18 de diciembre, el cual fue impugnado por la vida del amparo.
El conflicto escaló aún más como consecuencia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 1 de marzo de 1938 negó el amparo a las empresas petroleras, las cuales se negaron a obedecerlo. El 21 de marzo el gobierno del presidente Cárdenas anunció la nacionalización de la industria petrolera.
En febrero del año siguiente, la CTM aprobó un resolutivo en el que decidió participar en el Partido de la Revolución Mexicana -antecedente inmediato del actual PRI- en la lucha presidencial como algo obligatorio. Y el 3 de noviembre de 1939, Fidel Velázquez encabezó a los representantes del sector obrero para notificarle a Manuel Ávila Camacho su postulación como candidato oficial a la Presidencia de la República, un ritual que se extendió durante los siguientes sexenios.
Previamente, el 27 octubre de 1938, fue fundada la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), central prevista en el Estatuto Jurídico, promulgado el 27 de septiembre y que fue firmado el 5 de diciembre, a la que fueron incorporados los sindicatos de servidores públicos. El primer secretario general fue Francisco Patiño Cruz.
El Estatuto Jurídico se convirtió en la práctica en la primera ley laboral de los trabajadores del Estado, aun cuando un primer antecedente se encuentra en la Ley de Pensiones Civiles de Retiro expedida en el gobierno de Plutarco Elías Calles y un segundo en un acuerdo del gobierno de Abelardo L. Rodríguez -famosa es la huelga de los telegrafistas, de 1933, inconformes porque en la fusión con correos, se les daba preferencia a estos para ocupar gerencias. Conflicto que registró algunos muertos-.
El 25 de noviembre de 1939, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje -cuya creación fue prevista en el Estatuto Jurídico- otorgó el reconocimiento a la FSTSE.
El registro sindical fue y sigue siendo un mecanismo de control gubernamental sobre los sindicatos, junto con el reconocimiento gubernamental -o toma de nota- de sus dirigentes: el ejemplo más claro en la nueva etapa del corporativismo, lo representa el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), en el que tanto un juzgado de distrito como el tribunal de conciliación han violentado de manera flagrante la ley laboral reformada porque ganó las únicas elecciones democráticas Hugo Alonso Ortiz, a quien vetaron funcionarios menores de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum.
LA MUERTE DE FIDEL Y LOS CAMBIOS POR VENIR
La muerte de Fidel Velázquez, el 21 de junio de 1997, debe considerarse el antecedente más importante de los cambios que experimentaría en los siguientes años el hasta entonces sólido movimiento obrero organizado del país, del que se habían alejado personajes de la importancia de Elba Esther Gordillo, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Hernández Juárez y Agustín Rodríguez Fuentes.
Mientras la CTM entró en un proceso de debilitamiento -y con ella organizaciones como el Congreso del Trabajo, CROC y CROM- que se agudizó a partir del 2005, con la desaparición de Leonardo Rodríguez Alcaine y la elección como su sustituto de Joaquín Gamboa Pascoe.
El 11 de mayo de 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia y por tanto dejó en la inaplicabilidad el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establecía que en cada dependencia pública sólo podía existir un sindicato. Al otorgar el amparo a un puñado de 500 controladores de Tránsito Aéreo para que se registrara su sindicato -independiente del de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes-, aplicó por vez primera la libertad sindical prevista por el Convenio 89 de la OIT, firmado y ratificado por México desde 1948.
Unos meses más tarde declaró inconstitucional el artículo 75 de la LFSTSE que prohíbe la reelección en los sindicatos del sector público -sorpresivamente en la última reforma laboral no fue derogado-.
En marzo de 1998, Joel Ayala Almeida fue electo secretario general de la FSTSE. A finales de 2003 fue, con Elba Esther Gordillo -efímera líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados- protagonista de la disputa por el control sindical de los trabajadores del Estado.
Ayala Almeida logró ser reelecto por segunda ocasión en la FSTSE, mientras la maestra, tras su destitución de la coordinación parlamentaria y su renuncia a la secretaría general del PRI -partido del que fue expulsada en julio de 2006- fue electa, en 2004 presidenta del SNTE, sindicato que había dirigido formalmente entre 1989 y 1994-.
En los primeros días de 2013, la maestra fue detenida al arribar al aeropuerto internacional de Toluca, acusada, entre otros delitos, de evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilegítima. Exonerada, recobró la libertad el segundo semestre de 2018, cuando era ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a cuya candidatura se sumó a través de la agrupación Redes Sociales Progresistas (RSP).
No fue en esa elección, la primera vez que la maestra Gordillo se definía por un candidato presidencial. En el 2006 trabajó en favor de la campaña de Felipe Calderón, candidato del PAN, tras romper con Roberto Madrazo en el PRI, lo que le permitió mantener la dirección general del ISSSTE y se hizo de la Lotería Nacional. Tuvo también acuerdos con Vicente Fox, con una estructura electoral con la que contaba.
EL NUEVO ROSTRO DEL CORPORATIVISMO
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018 y la necesidad de reformas a la Ley Federal del Trabajo, impactarían en el sindicalismo. La primera señal fue la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia, dirigente de los mineros, en la lista plurinominal de candidatos propietarios de Morena al Senado de la República -y Pedro Haces, de la central CATEM como suplente-.
Gómez Urrutia se exilió en Canadá, luego de que, al finalizar la administración de Vicente Fox, en febrero de 2006, un accidente en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, con la muerte de 63 trabajadores, enfrentó demandas por la entrega de 55 millones de dólares.
Haces, cuyos primeros pasos sindicales los dio al lado de Leonardo Rodríguez Alcaine, después de haber sido seis meses senador propietario -mientras Germán Martínez se mantuvo como director general del IMSS-, ha dedicado energía a la creación de un nuevo partido político; pero mantiene la cercanía con el gobierno del presidente López Obrador.
Antes de que el gobierno de López Obrador cumpliera un año, el presidente de la FSTSE, Ayala Almeida, renunció a una militancia en el PRI que se extendió por más de cuatro décadas y que le permitió ser senador -dos ocasiones-, diputado federal y local en la CDMX. A través de una asociación política nacional, coquetea con que a los partidos -principalmente Morena- les parezca atractivo postular a dirigentes de su central como candidatos.
La molestia generada en el Gobierno de la Ciudad de México porque la elección de dirigentes de los trabajadores la ganara ampliamente Hugo Alonso Ortiz, le permitió a Ayala Almeida fortalecer sus relaciones gubernamentales.
Varios hechos son síntoma claro que el corporativismo priista -bajo una tendencia hacia Morena, el Partido en el gobierno- sigue inalterable: el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Laboral le dio entrada a una demanda de amparo promovida por cuatro secretarios generales seccionales contra la convocatoria para elecciones, mientras el Tribunal de Conciliación validó una figura inexistente estatutariamente para no otorgar el reconocimiento al candidato triunfador.
El artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone: “La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos”.
Es decir, los secretarios generales seccionales no tienen representación jurídica, por lo que darle trámite al amparo violó esa disposición.
El juzgado de distrito no sólo le dio trámite a la demanda, sino además ordenó la suspensión de las elecciones. Debido a que el tribunal de conciliación no hizo en tiempo la notificación, la votación se realizó el 9 de enero, ganadas por 7 a 1 por Alonso Ortiz y en las que participaron más de 32 mil trabajadores.
Sin embargo, en un comunicado de prensa sin logotipo y sin firma, el tribunal de conciliación aprovechó para anunciar que la elección era nula por fallas en la convocatoria.
Sólo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo no tiene facultades para calificar ni la convocatoria ni la elección.
Unos días más tarde validó un llamado Directorio Sindical -integrado por 10 dirigentes de sindicatos y 10 trabajadores de la ciudad- presentado por la FSTSE, para que en los siguientes tres meses convocara a nuevas elecciones en el SUTGCDMX.
Esa figura no está prevista en los estatutos sindicales para el comité ejecutivo general, los cuales además establecen los requisitos para convocar a elecciones de dirigentes.
El asunto se encuentra en una serie de amparos, quejas e incluso denuncias penales que implican a la dirigencia de la FSTSE y al director general de Desarrollo de Personal del gobierno de la ciudad, Sergio Antonio López Montecino.
Y es que al candidato triunfador, Alonso Ortiz, el gobierno de la doctora Sheinbaum lo hace cercano al ex subsecretario de administración de personal, Miguel Ángel Vásquez Reyes -preso desde hace meses- en la gestión del ahora senador Miguel Ángel Mancera.
LA INFLUENCIA DEL PARTIDO DEL TRABAJO
Para que a Alonso Ortiz se le negara el reconocimiento gubernamental como presidente del SUTGCDMX, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, habría sido fundamental.
En efecto, en una reunión en la que participaron opositores a Alonso, el legislador le habría pedido al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se retuviera el reconocimiento, lo que junto con la participación del director de personal del GCDMX en la conformación de la candidatura de Armando Bautista, generaron un conflicto que a más de siete meses sigue entrampado jurídicamente.
El diputado Sandoval Flores, junto con el también legislador del PT, Gerardo Fernández
Noroña, fueron fundamentales para que la organización y reconocimiento gubernamental de un sindicato independiente en el ISSSTE, según reconoció el mismo secretario general, Rubén Euginni Alvarado, en una entrevista realizada por León Montesinos.
Sólo que el diputado Sandoval Flores tiene acuerdos con el presidente de FSTSE.
Esos dos sindicatos representan el interés que Morena tiene en que el corporativismo le beneficie.
