Chile y México figuran en el furgón de cola de los miembros de la OCDE por las garantías legales de igualdad a los miembros de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) y dispositivos para su integración, y eso aunque los avances han sido ligeramente superiores a la media en los últimos 20 años.
En un informe publicado este miércoles que compara las legislaciones sobre las personas LGTB en los países miembros, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que México cuenta con un 43 por ciento de las reglas que considera necesarias para garantizar esa igualdad y esa integración.
Ese 43 por ciento, que describe la situación de mediados de 2019, está diez puntos porcentuales por debajo de la media en la organización.
En los últimos dos decenios, el porcentaje en México se ha incrementado en 26 puntos, mientras que en el conjunto de la OCDE esa progresión ha sido de 23 puntos.
La situación es todavía peor en el otro país latinoamericano miembro de la OCDE, Chile, con un cumplimiento del 39 por ciento en 2019 y un avance de 25 puntos porcentuales desde hace 20 años.
Los autores del estudio sitúan a los dos países latinoamericanos entre los 14 miembros de la OCDE que están por debajo de la media, tanto por las carencias de su sistema legislativo como por su dispositivo para la integración del colectivo.
Los peores resultados de ese grupo son los de Turquía (23 por ciento), Japón (24.2 por ciento) y Corea del Sur (29 por ciento). Muy lejos de los más virtuosos, que son Canadá (87 por ciento), Portugal (76 por ciento) y Francia (74 por ciento).
La OCDE hace hincapié en que en México solo dos de sus estados más poblados han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ciudad de México en 2010 y Jalisco en 2016, pese a que la Suprema Corte de Justicia dictaminó en 2015 que son inconstitucionales las normas que restringen esas bodas.
Y únicamente en la Ciudad de México se garantiza la igualdad de acceso a la adopción y a las técnicas de reproducción asistida a las parejas del mismo sexo.
Sobre Chile, uno de los problemas apuntados por la organización es que es el único país cuyo Código Penal fija una edad para el consentimiento de las relaciones homosexuales (18 años) superior a la necesaria para las heterosexuales (14 años).
Además, aunque desde 2015 existe una unión civil que ofrece a las parejas del mismo sexo “casi los mismos derechos pecuniarios” que a los matrimonios homosexuales, no hay igualdad en Chile a la hora de la adopción o el acceso a las técnicas de reproducción asistida.