El Mensaje Oculto de la Poco Honrosa Iniciativa del INEGI y su Medición de la Desigualdad

Artículo Invitado

Por Luis Miguel Martínez Anzures

En los últimos días se dio a conocer una propuesta desarticulada, mal escrita, y poco afortunada del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, que tenía como finalidad desnudar el carácter mezquino de una parte de la plutocracia mexicana.

Ante la propuesta de crear un instrumento estadístico para medir la riqueza, expresado con torpeza e ignorancia por el dirigente político, las buenas consciencias salieron escandalizadas a clamar contra lo que caricaturizaron como un proyecto para transformar al INEGI en una autoridad con prerrogativa de allanamiento de morada. Para decirlo, en otros términos, este organismo demoscópico iba a ser una especie de GESTAPO.

El sainete desatado fue lamentable, pero dejó ver las entrañas de una parte de las élites mexicanas, que ven cualquier propuesta de redistribución como un atentado expropiatorio, al grado de que hubo quienes señalaron la deshilachada propuesta como prueba de la deriva comunista encabezada por López Obrador.

Y es que al parecer, en los círculos de opinión la polarización del pensamiento político no es lo de menos, cuando se habla de la concepción que se tiene para entender el proyecto de nación que se visualiza para el país a largo plazo.

Sin embargo, algunos elementos teóricos le dan la razón a Ramírez Cuellar en el sentido de su documento: este país, su sociedad, su academia, sus políticos y sus empresarios, deberían conocer mejor los niveles de concentración de la riqueza, lo cual, por cierto, se podría lograr con una fiscalidad más transparente, sin tantos cerrojos que contribuyen a la corrupción y al abuso y que deslegitiman socialmente al pago de impuestos. Pero como esa información fiscal no existe, la mejor forma de acercarse al problema de la obscena concentración de la riqueza, que lacera al país y deforma a su sociedad, es con instrumentos de medición social, como encuestas mejor diseñadas, las que, por cierto, ya están en proceso, pues desde finales de 2019 se levantó la Encuesta sobre las Finanzas de los Hogares, elaborada entre el Banco de México y, precisamente, el INEGI. Y en este punto es importante aclarar que no es través de instrumentos invasivos que se podrá conocer mejor el comportamiento de la acumulación de los capitales en este país, sino a través de la voluntad gubernamental fundamentada en razones bien estructuradas y compartidas con la sociedad civil como se pueden instrumentar adecuadamente estos cambios.

También tiene razón en el planteamiento de fondo el líder del partido oficialista, aunque el ejecutivo federal lo haya descalificado: México necesita construir mecanismos de distribución de la riqueza para combatir la abismal desigualdad de condiciones materiales que hace imposible la mínima pretensión de igualdad de oportunidades.

El país necesita construir un Estado de bienestar si se quiere que el territorio nacional se desarrolle y crezca de manera sostenida pero sustentable. Y eso solo es posible con un sistema fiscal progresivo, que solidarice a los extraordinariamente privilegiados con los más pobres, pero no con las simulaciones de la caridad o la filantropía, sino a través de contribuciones fuertes al sostenimiento del Estado y de sus servicios, con la contrapartida de saber que se gastará con transparencia y que una parte relevante de lo pagado les redituará en buenos servicios de seguridad y en una infraestructura que les permita no solo tener mejores oportunidades de negocio, sino que les garantice una buena calidad de vida.

Un sistema que logre darle ciclos a la redistribución de los ingresos es lo que un país como este necesita.

Los deciles más privilegiados en este país están acostumbrados a pagar solo los impuestos estrictamente necesarios, mientras que realizan otros pagos a los agentes del Estado como mordidas, moches o pago de protecciones particulares y compran en el mercado servicios que el Estado les podría proveer con calidad si contara con los recursos y la demanda vigilante de quienes los pagan.

Lo que todo esto refleja, es la falta de legitimidad fiscal del Estado mexicano y la mezquindad de los privilegiados por sus complicidades con quienes han detentado el poder, es parte de la dependencia que presenta la trayectoria de la sociedad mexicana y está en el origen del mal desempeño de la política.

México necesita, si se pretende que tenga futuro como comunidad política, construir un Estado de bienestar razonable, que provea de salud, educación de calidad y con un ingreso básico vital que garantice la alimentación y la vivienda digna a toda la población. Si no se eleva el desarrollo humano de la población mexicana y se reduce el abismo en el bienestar de sus habitantes este país dejará de ser viable y caerá en una espiral de más calamidades como las que se viven en la actualidad. La pandemia del Covid-19 así lo ha demostrado.

Urge un nuevo contrato social, en el cual el pago de impuestos sea un compromiso solidario contra la pobreza y por la igualdad de oportunidades, pero en manos de un nuevo Estado, uno honrado y que funcione, no el sistema de botín, vendedor de protecciones particulares que se ha padecido ancestralmente.

El nuevo pacto social se construirá, por desgracia, sobre los escombros del fracaso del actual Gobierno que, empero, todavía tiene la oportunidad de dar un giro en el sentido correcto: el de persuadir acuerdos amplios para comenzar a construir un auténtico Estado de bienestar. Si el Gobierno asumiera la propuesta de ingreso vital de emergencia que promueve un grupo plural de legisladores, no solo tomaría una decisión adecuada de política social para paliar los devastadores efectos que sobre el empleo tendrá la crisis económica provocada por el parón de la epidemia, sino que podría construir la base de un esquema de transferencias de carácter universal, menos clientelista, como sería el del Estado de bienestar deseable.

Se sabe que la economía nacional no quedará bien parada después de la pandemia a nivel mundial que se ha suscitado. Aunado a lo anterior, hay que sumarle las enormes desigualdades estructurales que el país tiene por delante y la inmovilidad en los mercados internacionales que amenaza con pulverizar su endeble mercado interno. Por todas estas razones, urge hacer más eficientes los métodos de apoyo a los segmentos poblacionales más desprotegidos de este país.

Esto solo se dará, si se logra otorgar más facilidades para hacer negocios a los grandes inversionistas y el Estado de derecho se cumple sin menoscabo de nadie.

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