Hay Quienes no Siguen al pie de la Letra el Debido Proceso

Tema Principal

*Felipe Calderón fue el Primero en Criminalizarlos

*Hoy También son Acusados por el Presidente

*Los Tres Tipos de res Jueces, en una Misma Canasta

*A los Ministerios Públicos no se les Toca ni con Pétalos

*¿Tras un Galimatías, la Prevaricación y la Connivencia?

Por Jesús Michel Narváez

El ABC de la procuración y administración de justicia:

La denuncia y ratificación; se abre la carpeta de investigación, se ordena a la Policía de Investigación confirme la declaración del denunciante, el ministerio público consigna ante el juez y éste, si encuentra elementos, obsequia la orden de aprehensión, se detiene al imputado y llega ante el juez de control. ¿Es el responsable de someterlo a proceso o de decretar la liberación por falta de elementos probatorios?

El tema, recurrente y nunca definido con precisión, surge con fuerza porque el presunto delincuente Óscar Andrés Flores (a) “El Lunares”, puso en jaque al sistema de administración de justicia que se convirtió en el blanco de las críticas y las burlas, luego de que en dos ocasiones fue detenido y presentado ante los jueces de control que, en ambas ocasiones, lo dejaron en libertad.

Como en las luchas: la tercera caída es la vencida, y el identificado como uno de los líderes de la Unión Tepito, fue arrestado por tercera ocasión y ahora sí se le impuso la prisión preventiva oficiosa. No saldrá hasta que el juez de la causa determine el tiempo necesario para que el ministerio público aporte las pruebas suficientes y válidas para someterlo a proceso.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –coloquialmente conocida como la Constitución General- dedica 9 artículos al tema de la procuración y administración de justicia e inicia en el 13 y culmina en el 21 y la claridad con la cual están redactados no dejan duda del procedimiento a seguir para imputar, detener y consignar al que resulta, en ese momento, presunto criminal.

¿PREVARICACIÓN? ¿CONIVENCIA?

Cuando Felipe Calderón gobernaba se gestó un severo enfrentamiento con el Poder Judicial de la Federación. Generalizó: los jueces son corruptos.

Es una historia repetida por Andrés Manuel López Obrador que, desde la campaña, calificó al Poder Judicial Federal y de los Estados, de ser corruptos.

Todo comenzó a oxigenarse con la puesta en marcha del Nuevo Sistema Penal Adversarial, el Poder Judicial de la Federación delineó el actuar de los jueces que participan en los procesos:

Juez de Control, Juez de Enjuiciamiento y Juez de Ejecución, pero además opera el Tribunal de Alzada que es el Órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados, que resuelve la apelación, federal o de las Entidades federativas.

A pesar del cuidadoso camino –pavimentado con capacitación y experiencia- los jueces son el blanco de las críticas de quienes presuponen que no se hizo justicia y que, en efecto, la puerta giratoria está ubicada en las salas de sentencia.

Las acusaciones se fijan solamente en el Poder Judicial. No se menciona a los Ministerios Públicos –fiscales en realidad- que conducen la indagatoria a partir de una denuncia o una acción de hechos y si logran conjuntar los elementos solicitados por el párrafo tercero del artículo 16, que señala:

“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. Entonces, solo entonces, solicitan al juez de turno obsequiar la orden para realizar la aprehensión del imputado.

El galimatías que surge se da cuando un juez obsequia la orden, los fiscales ordenan a su policía de investigación recabar datos y pruebas y las presentan y cuando se llega al Juez de Control se desecha la detención y se ordena la libertad porque no se sustentaron las pruebas.

De ahí que se hable de que en los sectores de procuración y administración de justicia se genera la prevaricación y/o la connivencia, cuyas definiciones jurídicas dicen:

Prevaricación: 1.- Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. 2.- Algunos inspectores reconocen haber cometido un delito de prevaricación al no actuar en casos de narcotráfico de los que tenían conocimiento.

Connivencia: 1.- Acuerdo o complicidad entre dos o más personas. “se fugó de la prisión con la connivencia de algunos carceleros”. 2.- Tolerancia de un superior en relación con las faltas que cometen sus subordinados.

AMLO: SE ACABÓ LA CORRUPCIÓN

Mientras se encontraba de gira en Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente López Obrador fue enterado de la segunda liberación de “El Lunares” y montó en cólera.

Leer sus palabras lo dicen todo:

Durante un mensaje improvisado, advirtió el sábado 15 de febrero, que no hay cabida para actos de corrupción en el Poder Judicial mediante los cuales se ha dejado en libertad a presuntos delincuentes.

“Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque los soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal, con la misma excusa, el mismo pretexto, la misma ‘mañosería’ de que estaba mal integrada la averiguación y que no pusieron bien la hora en que se le detuvo al delincuente y eso da pie a que lo dejen en libertad”.

López Obrador reafirmó su respeto hacia los jueces y a los magistrados del Poder Judicial, pero subrayó que no se permitirán actos corruptos.

“No es amenaza, ni siquiera advertencia, es decirles que ya se acabó la corrupción, que ya no vamos a permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia”, apuntó.

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum calificó de incorrecta la actuación del juez que permitió la libertad del presunto criminal por segunda ocasión.

“Es necesario revisar qué pasa en el Poder Judicial “. (Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México).

Entrevistada, horas después de la segunda liberación, la gobernante de la Capital del País se llamó sorprendida por la decisión Beatriz Moguel, Jueza de Control del Centro Federal de Justicia del Reclusorio Oriente, durante la primera liberación y llamó inédita la acción del segundo juez cuyo nombre se guarda en secreto. Según sus palabras, brindó espaldarazo a la Fiscalía General que encabeza Ernestina Godoy, de que el segundo juez actuó “con parcialidad”.

¿LE FABRICARON LOS DELITOS?

Aunque nadie ha confirmado o desmentido las razones por las cuales los dos juzgadores decidieron no someter a proceso al presunto criminal –hoy detenido por el delito de homicidio después de que fueron los de uso de arma prohibida y secuestro exprés- la defensa del imputado acusó a la Fiscalía General de fabricarle los delitos.

La respuesta fue tajante: “es falso, las investigaciones de la Fiscalía se basan en la justicia y el debido proceso”.

Si así fuere, la pregunta obligada es: ¿Por qué desecharon las pruebas los jueces de control?

“El Lunares” paró de cabeza al sistema de procuración de justicia de la Ciudad de México, porque a pesar de las órdenes obsequiadas por dos jueces para someterlo a proceso, los jueces de control negaron la acción promovida.

EXTRAÑAMIENTO AL PODER JUDICIAL

De acuerdo con los lineamientos marcados por la Constitución Política corresponde al Ministerio Público –de la Federación o del Fuero Común- integrar las carpetas de investigación apegándose a derecho y a la presentación de pruebas mediante acciones periciales y obtenidas de manera legal.

Hoy se plantea en la nueva reforma penal aceptar sin valorar las pruebas obtenidas por otros medios que pudieran ser ilegales.

Pero nadie habla de las probables responsabilidades de los ministerios públicos, Solamente de los jueces.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México ya lo expresó: se trabaja con el Congreso Local para emitir un extrañamiento al Poder Judicial capitalino.

Al mismo tiempo se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura local.

“El extrañamiento ya lo vamos a dar a conocer. Estamos trabajando con el Congreso, con lo que tiene que ver con el Tribunal Superior. Confío en que, así como se está transformando el Ejecutivo, el Congreso está desarrollando leyes no sólo en la ciudad México sino a nivel nacional, ya hemos escuchado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabeza un trabajo contra la corrupción. Yo tengo confianza en que va a ser así también en el Tribunal Superior de Justicia”.

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