En el Filo de la Navaja: Instituciones Educativas Autónomas de México

Tema Principal

*Autonomía Palabra que Deja de ser Sinónimo de Libertad

*Tras el Caso Nayarita hoy es Analógico de Abuso de Poder

*El Daño Infligido por la “Estafa Maestra” y la Maledicencia

*Instituciones de Educación Superior sin Transparencia

*En el Limbo Político-Administrativo lo que Viene

Por Nidia Marín

Y llegó el primer “atentado legislativo” contra la autonomía universitaria. Es el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y en el filo de la navaja están todas las demás Universidades autónomas del país e inclusive instituciones de educación superior.

La violación a la autonomía de la UAN marca el inicio para que estas instituciones, sean estatales o privadas, pierdan el estatus que mantuvieron durante décadas. Pero… no se irán sin luchar, ya lo han advertido.

Autonomía hoy, es la palabra que ha cruzado de ser sinónimo de libertad contra el autoritarismo, el estatismo y la dictadura, a ser analógico de corrupción y de abuso de poder, en estos tiempos farragosos y una posibilidad para los políticos oportunistas que no ven como un “negocio” elevar los estatus de la educación en México.

Ante ello, el Gobierno y sus instituciones están en la encrucijada, porque, además, derivado de la “Estafa Maestra”, fueron lesionadas no sólo la credibilidad de las autonomías y de las autoridades, al resultar que varios dirigentes presuntamente habían sido colaboradores de la corrupción sexenal.

El caso de la Estafa Maestra produjo una mancha de sospecha sobre todas las instituciones de educación superior autónomas. Y, ha causado, colateralmente, la exhibición del abuso de la ley contra una mujer, acusada de haber intervenido en el ajo, sin que le hayan probado su participación, pero sí permanece encarcelada, lo que revela una escandalosa violación al debido proceso.

En este asunto, se dio a conocer en, su momento, el involucramiento de 11 dependencias y en juego 7,670 millones de pesos. Fueron desviados presumiblemente mil millones de pesos que eran presupuesto de las casas de estudio.

Involucrados dicen que estuvieron 8 universidades y más de 50 funcionarios universitarios o de educación superior.

Las instituciones comprometidas son las Universidades: Autónoma del Estado de México, Autónoma de Morelos, Autónoma de Campeche, (del Carmen), Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Politécnica del Golfo de México (Tabasco), Institución Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado (Tabasco).

EN EL FILO DE LA NAVAJA: LA UAN

El Caso Universidad Autónoma de Nayarit, irrumpió hace unos días en México y la preocupación cundió:

A propuesta del gobernador Antonio Echevarría García (del PAN) la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) fue modificada por el congreso local del estado que reformó los artículos: 5; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 20; 21; 24; 25 y el artículo 32, además se adicionó un segundo párrafo al artículo 1°; la fracción IX del diverso 7; los incisos d) y e) de la fracción I, del artículo 13; el inciso i) del numeral 2 del artículo 14; el artículo14 Bis; el artículo 15 Bis; los numerales 3 y 4 al artículo 31; el artículo 31 Bis; artículo 32 Bis; el Capítulo XII, con los artículos 43, 44, 45 y 46.

Se crearía el Colegio de Elección Universitaria (para elegir al rector), el Consejo de Educación Media Superior y el Consejo General Universitario.

Como primer resultado de aquella barbaridad, 21 rectores de las universidades se unieron para protestar por la reforma a la Ley Orgánica de la institución nayarita.

Ellos consideran que “es una flagrante violación a la autonomía de la UAN, ya que es contrario al espíritu y a la letra de lo que en referencia a la autonomía universitaria establece la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Son los rectores de: la UNAM, Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Puebla, Autónoma de Chiapas, de Guanajuato, Autónoma del Estado de México, Autónoma de Morelos, Autónoma de Coahuila, Autónoma de San Luis Potosí, Autónoma Metropolitana, Autónoma de Yucatán, Autónoma de Tabasco, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de Hidalgo,  Colegio de México, Autónoma de Querétaro, Autónoma de Campeche, Universidad veracruzana y Universidad Autónoma de Nayarit, desde luego.

ANTE LOS AMAGOS LA POSICIÓN DE LA ANUIES

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) había señalado, ante ciertos amagos en otras instituciones, desde enero del año pasado (2019):

“El artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que las universidades y las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; educarán, investigarán y difundirán la cultura respetando la libertad de cátedra, el libre examen y la discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas de estudio; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”.

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la autonomía faculta a las universidades para realizar con plena libertad su función social, les permite establecer su normatividad interna y, con base en su autogobierno, definir los procesos para nombrar y remover a sus autoridades y funcionarios sin injerencia de instancias externas.

La ANUIES ha expresado su preocupación por los intentos, cada vez más frecuentes, de los poderes ejecutivos o legislativos de varias entidades de modificar las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas, “por no mediar comunicación ni participación de los órganos de gobierno competentes y las comunidades universitarias, tal y como está ocurriendo en Baja California Sur y en el Estado de México.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al definir los alcances de la autonomía universitaria, señaló que ésta constituye una protección especial concedida en la Constitución para resguardarlas de intromisiones o intereses externos, lo que les permite cumplir con sus fines.

“Como antecedente más inmediato y en comprensión absoluta del concepto y alcances de la autonomía, la Segunda Sala de la SCJN, en octubre de 2018, resolvió en favor de la autonomía universitaria ante la injerencia de un congreso estatal para modificar la Ley Orgánica de una universidad, al argumentar que dicha garantía “puede ser definida como el grado necesario de independencia de la interferencia extrema que la universidad requiere con respecto a su organización interna y a su gobierno…”. En este sentido, al dictar su resolución, determinó que la autonomía universitaria permite a las universidades públicas “establecer su autogobierno para desarrollar las bases a fin de cumplir con sus objetivos…”.

“Con absoluto respeto a las atribuciones de los congresos de dichas entidades, hacemos un llamado a evitar cualquier acto que afecte el funcionamiento institucional de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y de la Universidad Autónoma del Estado de México o pretenda limitar las facultades que les confieren sus leyes orgánicas y la CPEUM.

“El principio de autonomía es un componente fundamental para la estabilidad de estas casas de estudios y una condición necesaria para el desarrollo armónico de sus funciones sustantivas en beneficio de miles de jóvenes, de las entidades federativas y del país”.

EL ESTATUS QUE VIENE DE LEJOS

Suman 35 las instituciones autónomas de educación superior con carácter público. Tres carecían de autonomía (Guadalajara, Guanajuato y Veracruz), y son las más jóvenes en obtenerla, las dos primeras en 1994 y la otra en 1996, aunque desde antes disponían de su patrimonio, establecían su reglamentación interna, diseñaban sus curricula y contaban con derechos y prerrogativas equivalentes a las autónomas.

La primera afectada, la de Nayarit, es autónoma desde 1976. Para finales de 2018, contaba con 40 opciones de formación en diferentes modalidades en las 20 Unidades Académicas distribuidas en el estado de Nayarit, constituyendo la oferta de 68 programas de licenciatura y 24 de posgrado, lo que representa un incremento del 74.4 % en la oferta educativa en el periodo de 2016-2019. La población estudiantil de la Universidad creció en los últimos tres años 2,536 espacios, representando un incremento del 9.3% respecto al total de la matrícula en 2016.

Hoy, en 2020 se cumplirán 91 años de la autonomía de la UNAM, la segunda en obtenerla en 1929, porque la primera fue la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán (15 de octubre de 1917)

De acuerdo a Jaime Martuscelli y Carlos Martínez Leyva, en su trabajo “La Autonomía Universitaria: Realidades y Desafíos de hoy”, cuando el gobierno del Estado de Michoacán, presidido por Pascual Ortiz Rubio, le otorga a la Universidad Michoacana su autonomía convirtiéndose en la primera universidad mexicana en obtener esta condición legal, misma que incluía un patrimonio propio para su mantenimiento, confiándole el gobierno a un Consejo paritario de maestros y alumnos, con la potestad de nombrar autoridades, incluida el rector. Una vez que el Consejo nombrara rector, éste tenía que hacer una protesta constitucional a la que obligaba el Congreso del Estado, condición a la que el primero de ellos, Agustín Aragón, se negó a someterse por lo que tuvo que renunciar, quedando la institución a la deriva sin organicidad y propiciando la intervención estatal. La autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue recuperada en 1966”.

Otro caso fue el sucedido durante el régimen cardenista y el nivel de autonomía que el Colegio Civil Rosales conservaba. En ese tiempo fue abrogada y se transformó en la Universidad Socialista del Noroeste, en correspondencia de lo que estableció el Artículo 3° en 1934, para luego mudar en 1941 a Universidad de Sinaloa. En 1965 se expide un nuevo ordenamiento que restituye la autonomía.

La tercera universidad en obtener la autonomía fue la potosina. En 1923 a iniciativa del gobernador Rafael Nieto, el Congreso del Estado aprobó que el antiguo Instituto Científico y Literario se convirtiera en Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta condición fue ratificada en 1934; en 1949 la autonomía universitaria y la libertad de cátedra se convirtieron en norma constitucional del Estado.

Las más antiguas, después de las señaladas son:

*Universidad Autónoma de Yucatán, 1938.

*Universidad Autónoma de San Luís Potosí, 1949.

*Universidad Autónoma del Estado de México, 1956.

*Universidad Autónoma de Puebla, 1956.

*Universidad Autónoma de Morelos, 1957.

*Universidad Autónoma de Zacatecas, 1959.

*Universidad Autónoma de Querétaro, 1959.

*Universidad Autónoma de Colima, 1962.

*Universidad Autónoma de Durango, 1962.

*Universidad Autónoma de Campeche,

Por cierto, en el mismo trabajo mencionado líneas arriba, los autores precisan:

MILLONES DE JOVENES MATRICULADOS

De acuerdo a la OCDE, en el año académico 2017-18, 4.5 millones de estudiantes estaban matriculados en educación superior en México: 2.4 millones más que en el año 2000. Entre 2007 y 2017, el porcentaje de los jóvenes de 25 a 34 años con educación superior aumentó de 16% a 23%, aunque esta proporción está todavía muy por debajo del promedio de la OCDE de 44%.

Alrededor del 40% del total de estudiantes están matriculados en universidades públicas federales y estatales, 20% en diversos tipos de instituciones tecnológicas y otro 35% en instituciones de educación superior (IES) privadas. Alrededor del 15% de estudiantes están matriculados en educación a distancia. Las IES se clasifican en 13 subsistemas públicos y privados, cada uno con características específicas.

Precisa el organismo:

“…una visión legal y doctrinal de la autonomía universitaria ha delimitado claramente el papel de las autoridades públicas con relación a las universidades más antiguas y más grandes del país. En este contexto, la Ley de Coordinación de Educación Superior actual no proporciona suficiente claridad sobre la división de responsabilidades en la educación superior entre el gobierno federal, los gobiernos de las 32 entidades federativas y las instituciones de educación superior.

“México debería desarrollar, en cooperación con el sector de educación superior, un marco legal más transparente para dar claridad y certeza sobre las funciones y responsabilidades específicas de los gobiernos federales y estatales con relación a las IES autónomas.

Asimismo: “Las universidades autónomas deben asumir sus responsabilidades como instituciones financiadas con fondos públicos, para trabajar de manera constructiva con las autoridades y otras IES con el fin de desarrollar un sistema de educación superior coherente.

“Esto incluye la implementación del marco nacional de calificaciones; un sistema de transferencia y acumulación de créditos; un identificador único de estudiante, un sistema eficaz de estadísticas educativas y, como se explica a continuación, un sistema nacional de acreditación y aseguramiento de la calidad…”

¿Y cuánto cuesta un estudiante de educación superior?

Mucho.

“En 2015, el gasto anual por estudiante en IES públicas en México fue de aproximadamente USD 9,000 ajustados por la paridad de poder adquisitivo, aproximadamente un tercio del nivel ajustado en IES públicas en los Estados Unidos. A pesar de los aumentos reales, el gasto gubernamental por estudiante en IES públicas en México no ha seguido el ritmo del crecimiento de la matrícula en los últimos años. Si se pretende que las IES públicas sigan dependiendo de fondos públicos, se requeriría una inversión gubernamental adicional -combinada con esfuerzos que garanticen la eficiencia- para cumplir los objetivos políticos con respecto a la calidad y la equidad.

Asegura el trabajo de la OCDE: “No existe una relación directa entre el presupuesto que reciben las IES con su matrícula, sus actividades o resultados. El sistema carece de transparencia y conduce a diferencias injustificadas en el financiamiento por estudiante entre subsistemas y dentro de ellos. Las autoridades federales deberían establecer un sistema racional para asignar financiamiento público a las IES públicas, así como encontrar un método que otorgue presupuestos plurianuales a las IES con el fin de facilitar la planeación. Al mismo tiempo, la SEP debería asegurar que los programas federales de financiamiento extraordinarios tengan objetivos bien definidos y complementarios, explícitamente alineados con las prioridades establecidas en el nuevo Programa Sectorial de Educación”.

Y en esas estamos, en medio de un severo conflicto, que apenas principió.

 

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