El periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), inició este lunes su edición 42 con el rechazo a la política migratoria de la administración de Andrés Manuel López Obrador, al suponer un “retroceso” a las garantías individuales de los grupos más vulnerables.
La denuncia fue emitida por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación oral de los mayores desafíos que enfrenta su oficina a un año de comenzar su mandato.
Bachelet dijo estar preocupada por las políticas implementadas en México, Estados Unidos y algunos países Centroamericanos, al exponer a los migrantes a mayor riesgo de violaciones y abusos de derechos humanos.
Para la exmandataria chilena, las estrategias diseñadas a evitar que los refugiados lleguen al país que en principio debe salvaguardar su integridad, están condenadas al fracaso.
“Las familias que buscan abandonar sus lugares de origen se ven obligadas a hacerlo por una profunda angustia social y económica, incluso como resultado del cambio climático, así como por la inseguridad, la corrupción y otros factores de gran alcance”.
“Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen y entren al país destino, o que los devuelvan sin las garantías del debido proceso, son simplemente retrocesos”.
Afirma que ni los programas dirigidos a impedir la circulación de los migrantes, ni las políticas de “cero tolerancia”, evitarán que las personas abandonen su país.
En vez de ello, apuntó, “presionarán a las familias desesperadas para que tomen rutas más peligrosas, quedando más expuestas a violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos”.
Como parte de un acuerdo migratorio suscrito en un contexto de amenazas económicas por parte del presidente estadounidense Donald Trump, México asumió el papel de guardián fronterizo para frenar los flujos migratorios procedentes de Sudamérica.
En el marco de esa cooperación, Bachelet informó que “nuestras oficinas en México, Guatemala y Honduras han documentado un aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes”.
“También hemos observador casos de separación de familias en un contexto de privación arbitraria de la libertad; ausencia de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza en contra de los migrantes”.
Tan sólo en lo que va del presente año, se han registrado al menos 35 mil casos de solicitantes de asilo, que han sido enviados de vuelta de Estados Unidos a la frontera con México a la espera de una audiencia.
“Los acuerdos para devolver a las personas a estos u otros países, no pueden considerarse legales si no respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución, la garantía de debido proceso, la evaluación individual y el interés superior del niño”.
La sesión del Consejo durará hasta el 27 de septiembre y entre los temas a debatir destaca la situación de derechos humanos en Venezuela y los claros impactos desestabilizadores en la región.