Cambio de Régimen en el México del Siglo XXI: el Nuevo Diseño Institucional

Artículo Invitado

Por Luis Miguel Martínez Anzures

Apenas hace unos días la mecha se volvió a encender en el frente de la oposición partidista, las organizaciones civiles, medios de comunicación, la Policía Federal y desde luego del poder económico en México. Al respecto, hubo tres temas detonantes para que las brasas volvieran a encenderse: la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, la Ley de Extinción de Dominio, y las manifestaciones, bloqueos y paros de la Policía Federal, en protesta por su incorporación a la Guardia Nacional.

Estos tres ejes de la 4ª Transformación, en marcha, han sido y siguen siendo, motivo de agudas controversias jurídicas y políticas, pero no únicamente en el ámbito legislativo y partidista, sino también en lo social; en particular, con la iniciativa privada la cual estableció con las administraciones anteriores una relación inmoral y perversa llena de métodos faltos de transparencia y competencia equitativa.

Al poder económico y sus destacados miembros les preocupa e inquieta el cambio institucional que promueve el Gobierno en turno, porque considera que afectará sus bienes de producción y sobre todo sus privilegios y canonjías ilícitos. Pero según puede apreciarse, su momento ha llegado.

La Ley de Austeridad Republicana aprobada en días pasados, evidentemente no es de su agrado, por la sencilla razón que afecta sus intereses y ejercicios poco honrosos, poniéndolos en evidencia pública. Me permito explicar.

Por ejemplo, tan sólo entre 2007 y 2018, el 54 por ciento de las condonaciones fiscales (213 mil millones de pesos) se concentró, en 108 contribuyentes del sector privado, 43 de los cuales se ampararon y obtuvieron más de 134 mil millones de pesos. Grandes ganancias para un sector potentado y ya de por sí, privilegiado (visto desde la perspectiva del escalafón social nacional).

De igual manera, la semana pasada, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acusó públicamente que las empresas involucradas en la operación del gasoducto Texas-Tuxpan, por la consignación de 4 contratos que calificó como “leoninos”, suscritos por 2 mil 994 millones de dólares en la administración pasada, “sin siquiera haber licitado la construcción de plantas eléctricas a las que abastecerían el gas, materia prima para la generación de energía”, no querían reestructurar sus contratos con el gobierno.

Agrego que existen 7 gasoductos “parados” que implican un gasto millonario para la CFE. “Es un sistema de gasoductos privados, que cuesta un dineral, para ir a plantas que no existen, que no se licitaron”. Este claro que es un gran negocio para cualquier empresa que preste sus servicios, sobre todo, cuando estos últimos, ni siquiera son ejercidos, pero si asegurados por parte del Estado, se haga o no la obra.

De inmediato, dos representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), solicitaron al Presidente instalar una mesa de conciliación para que no se proceda legalmente en tribunales internacionales en contra de las empresas involucradas. Y como no, si tales contratos, aunque no son ilegales, son inmorales, pues demuestran poca honestidad hacia el progreso energético y económico del país.

Estos dos casos ponen en claro la perversa relación que existía entre el poder económico y el poder político y sus prácticas perversas, que ya no van a poder usufructuar con la modificación que el Senado ha realizado, al elevar de cinco a diez años el lapso que los ex funcionarios de alto nivel (sus ex cómplices), deben dejar pasar para contratarse en empresas privadas que tengan relación con la información privilegiada a la que tuvieron acceso durante su gestión en la administración pública federal.

Ante esta situación, el bloque opositor del Senado (PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano), anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley de Austeridad referida, que en su opinión, viola la Constitución y los derechos humanos de los servidores públicos, quienes como quedó establecido: “no podrán emplearse por 10 años en la iniciativa privada para evitar un conflicto de intereses”.

¿Y este conjunto de medidas legislativas, son malas? Lo que algunas fracciones parlamentarias como el PRI han referido, es que dicha ley, debe adecuarse y especificarse con mayor detenimiento y técnica parlamentaria, al delimitar con claridad, que los funcionarios que no puedan contratarse en la iniciativa privada por un periodo de una década, sean solamente los de alto nivel y/o, con acceso a información privilegiada y no todos los servidores públicos en general. Esta iniciativa pudiera discutirse, pero en esencia es una adecuación y no contraviene al espíritu de la ley.

El que si mostró el cobre sin tapujo alguno, fue el PAN, el cual propuso “que sólo se eliminen las pensiones de los ex presidentes de la República, pero se les mantenga la protección, ya que de lo contrario, estarán expuestos a secuestros y otros delitos del crimen organizado”. ¿Y el resto de la población entonces, si debe enfrentar este terrible fenómeno, sin ningún privilegio?

De igual manera, la aprobación de la Ley de extinción de Dominio, permitirá al Estado mexicano disponer con oportunidad y rescatar con celeridad, los 50 mil millones de dólares de los bienes obtenidos en forma ilícita por miembros del crimen organizado y de aquellos que procedan de actos de corrupción y encubrimiento, cometidos por servidores públicos, también los mantiene inquietos, pero de manera soterrada.

Y es que este ordenamiento será imprescriptible (duradero) e independiente del proceso penal que se siga al dueño del bien ilícito o acto de corrupción, y por lo tanto, no puede ser heredado o consignado a sus familiares. Se acabó la sucesión de los bienes mal habidos y el robo institucional generacional.

En este sentido, el senador del Movimiento Ciudadano, Samuel García, fue más preciso al comentar que: “ya no habrá secreto fiscal, bancario, cambiario y tributario…esos fantasmas de blindajes legales”, a los que se apela para ocultar la información de esos ilícitos.

Por lo que hace a la puesta en marcha de la Guardia Nacional y la Sublevación de la Policía Federal, hay como bien dijo el Presidente “mano negra” o políticos que intentan llevar agua a su molino.

Los ex mandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox abiertamente han estimulado las manifestaciones y paros de los agentes de la Policía Federal, de eso no puede haber duda alguna. El miércoles pasado ambos ex mandatarios panistas enviaron en su cuenta de Twitter un mensaje bastante provocador al Presidente de la República:

Calderón: “Si como dijo AMLO, la policía federal se echó a perder”, entonces “para que la quiere dentro de la Guardia Nacional” y pidió que a los policías les restituyan sus derechos laborales. “Mi solidaridad”, expresó.

Fox: El tema es la MILITARIZACION TOTAL de la Guardia Nacional. Los CIVILES y con razón, NO aceptan ordenes e instrucciones MILITARES porque saben que el mando militar no fue aprobado por el congreso ni la opinión pública. Fue una acción tramposa de López. ¡Cada cosa en su lugar! concluyó.

Por su parte, las organizaciones civiles de seguridad y derechos humanos, fueron más inteligentes y cuidadosas. Apoyaron a los Policías Federales que se incorporaron a la Guardia Nacional y demandaron que se respeten sus sueldos y viáticos; no obstante que tanto Arturo Durazo, como el mismo Presidente de la República dejaron en claro, que no habría despidos ni se afectarían sus prestaciones, y lo que es más relevante, en vez de reprimir a los manifestantes que bloquearon el tráfico vehicular en varias zonas de la Cd. De México y carreteras, los exhortaron a conformar una mesa de negociación para atender sus demandas. Conteniendo de manera adecuada la crisis.

Como se ha visto hasta ahora, el poder económico y sus cómplices, deben entender que la polarización y la desestabilización social que promueven y patrocinan, daña no únicamente al actual poder político, sino también a ellos. Todos los mexicanos se encuentran en el mismo barco y cualquier daño a la nave es un daño a todos sus tripulantes.

La 4ª transformación en curso, no pretende en modo alguno, expropiar sus bienes productivos y bloquear su riqueza, sino regular mediante un cambio institucional el desarrollo de la economía y la soberanía del país. Esto quizás no sea de su agrado por que generará nuevos actores económicos protagonistas en el mercado interno, pero sin duda le hará bien al país.

La Ley de Austeridad, la de Extinción de Dominio y la Guardia Nacional, no tienen otra finalidad que la de crear un entramado institucional y social, apegado a la legalidad, la honestidad, la justicia, el beneficio social y una economía incluyente y en desarrollo. Este es parte de un nuevo sistema anticorrupción que no se ha logrado entender, pero ya comienza a tomar forma.

Para millones de mexicanos ha quedado claro que el maridaje entre el poder político y el económico de los últimos 35 años, propició la parcialización de las finanzas públicas mediante la corrupción y la impunidad; agudizó la desigualdad social y la pobreza y el saqueo de los recursos naturales del territorio mexicano.

Y entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Hasta qué nivel va a llegar la desestabilización de los derrotados? ¿Cuál va a ser la respuesta de la base social a la embestida de la oligarquía?

Esta batalla no es nueva en el país, pero lo que quizás si lo sea, sean las consecuencias de este conflicto que esta venir.

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