La Guardia Nacional: ¿el Camino a la Militarización?

Artículo Invitado

Por Luis Miguel Martínez Anzures

En el pasado durante los años más álgidos de la guerra entre narcotraficantes del cártel de los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa en Baja California, dos gobernadores: Eugenio Elourduy primero y José Guadalupe Osuna Millán posteriormente, concedieron a militares el mando de la coordinación para la seguridad pública del Estado.

En ese contexto, dos personajes de estas características encabezaron la lucha contra el narcotráfico en esta entidad del norte. Ambos con resultados positivos en la coordinación de las policías locales. El primero de estos casos, fue el General de División en el retiro Sergio Aponte Polito y el segundo, el General de División Alfonso Duarte Mújica.

Cabe mencionar que la lucha que enfrentaron contra la delincuencia organizada, no la llevaron a cabo solos. De hecho, contaban con el apoyo de la Procuraduría General de la República, institución que aportó al Ministerio Público que acompañaba a los militares y a las policías civiles a la realización de cateos e investigaciones. Todo bajo el manto del marco normativo correspondiente. La frontera se transformó. De repente, los vehículos de militares patrullando la ciudad sorprendieron para sumarse en poco tiempo a la cotidianidad de esta demarcación.

En ningún momento durante aquellos años se pensó que la seguridad del estado había sido militarizada o al menos, no se hablaba de ello en la prensa local.  Ninguna de las corporaciones civiles perdió alguna de sus facultades, el procurador de justicia lo seguía siendo y atendiendo las labores propias de la institución, lo mismo que el secretario de seguridad de aquel estado, de igual manera, las policías municipales. La diferencia era que, para el combate al narcotráfico, iban todos juntos coordinados por los militares. Una estrategia que ofreció mayor control sobre los elementos operativos de esa región.

Aquella decisión la tomaron los gobernadores, cuando la inseguridad y la violencia rebasaban las políticas públicas de contención y a las corporaciones policiales locales. Especialmente porque muchos de estos organismos, estaban corrompidos por el narcotráfico. A la par de la coordinación militar en las actividades de seguridad pública, iniciaron los procesos de depuración institucional para ir despidiendo o en su caso, consignando a los elementos deshonestos.

Pasados los años y  las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no terminaron de depurar en su totalidad a las instituciones policiales en México, así como tampoco se logró regular la participación del Ejército y la Marina en las tareas de combate a la inseguridad y la violencia en el país, producto principalmente de la incursión de los cárteles de las drogas en actividades ilícitas ajenas a sus dominios.

Por eso el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la Guardia Nacional que le fue aprobada en el Poder Legislativo y que en unos meses será una realidad. Ciertamente, estará integrada de manera inicial por elementos de las Fuerzas Armadas, a decir de quienes laboran en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en cuya estructura y facultad quedará la Guardia Nacional, serán: 35 mil militares, 15 mil marinos y 20 mil policías federales, quienes integren este nuevo organismo de seguridad pública.

Pero esos efectivos del Ejército y de la Marina, deberán dejar de serlo para convertirse en agentes de este nuevo cuerpo de seguridad de elite. Esa es la condición y quedo asentada en el proyecto presentado ante el pleno del congreso. De igual manera, el General Luis Rodríguez Bucio, deberá solicitar licencia a su cargo en el Ejército Mexicano, para poder ser el responsable de este nuevo organismo. En este nombramiento no hay nada que objetar y por supuesto se entiende la naturaleza de su encomienda.

Por lo tanto, las facultades de la Guardia Nacional están en el fuero civil y no en el militar como se ha querido manejar. Así se lee en la reforma que se hizo al Artículo 21 de la Constitución Política nacional, que cita lo siguiente:

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de Gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…”.

¿Entonces por qué la confusión?

Sencillo. Porque fueron muchos los que ajenos al conocimiento de los detalles técnicos de la seguridad pública nacional, han esgrimido comentarios en este proceso que solamente se centran en el exterior del problema y no en la sustancia del mismo.

Me explico.

La Guardia Nacional ciertamente tendrá una estructura más parecida a la militar que a la civil, especialmente en la administración de los recursos y la disciplina, y será regida por un Estado Mayor que integrarán el Secretario General de la Defensa, el Secretario de la Marina y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. De ahí saldrán las políticas públicas para el accionar de este organismo.

Pero, gradualmente desaparecerá la Policía Federal para integrarse completamente a la Guardia Nacional, así solo quedará una corporación policiaca en la Secretaría de Seguridad, y no dos como actualmente sucede.

Esta no es una militarización de los cuerpos policiales en sentido estricto del término. Es, más bien, una simbiosis en la formación de cuerpos civiles, a través de la intervención de la instrucción militar y la formación civil en sus funciones.

Así mismo, el general Luis Rodríguez Bucio, al igual que todos los elementos del Ejército y de la Marina que la integren, será civil. Porque al momento de solicitar licencia a las Fuerzas Armadas se desarrollarán en una institución civil, con leyes y reglamentos del mismo tipo. De hecho, en todo caso, a estos elementos de la Guardia Nacional les será más necesaria la capacitación pues están acostumbrados al mando militar.

Para decirlo de manera clara.

Una Guardia cuyo reglamento, facultades y obligaciones están en el fuero civil, no es militar, así esté integrada por militares con licencia, y la titule un General en igual circunstancia o en el retiro.

Nombrar a un General pues, no significa la militarización. Mucho menos en proceso de retiro. Ni del país, ni de la Guardia, ni de nada. Pues deberá coordinarse con las policías de los Estados y Municipios, además de las Fuerzas Armadas, y muy importante, con el Ministerio Público que depende de la Fiscalía General de la República, y la única instancia con la facultad de judicializar.

De hecho, desde el momento en que un militar solicita licencia a las Fuerzas Armadas, se somete al fuero civil y por consiguiente a sus leyes y reglamentos; también cuando desempeña un puesto civil o de elección popular sin depender de la Sedena o de la Semar. Y en la Guardia Nacional, respetarán y harán respetar la legislación civil.

De esta manera, antes de que se construyan unas 87 bases de operaciones de la Guardia Nacional en el país, sus integrantes estarán en instalaciones de la Policía Federal, o de las Fuerzas Armadas, pero actuando en el fuero civil y coordinados con las corporaciones de igual naturaleza.

En ese contexto, tampoco se está militarizando la seguridad, pues los castrenses en el retiro se regirán con el fuero civil. Lo que sí es importante destacar, como sucedió en sexenios anteriores, es que se está echando mano de los elementos de las Fuerzas Armadas, como en un pasado sucedió con la Policía Federal Preventiva (PFP), para integrar una nueva corporación, lo cual no significa, insisto, militarizar. Es más bien, invertir en capital semilla, que a la postre de nuevas generaciones de efectivos con mejores valores y condiciones técnicas para el combate a los delitos del fuero común y el crimen organizado.

El reto del General en proceso de retiro Rodríguez Bucio, será llevar la disciplina administrativa y física de la milicia nacional, a un cuerpo policíaco civil, para combatir de manera eficiente a la criminalidad con las leyes, reglamentos y corporaciones civiles de los tres órdenes de Gobierno.

Una labor que, según la percepción de los ciudadanos en este país, es la más importante y urgente de resolver por el gobierno entrante.

Buena suerte en su encomienda.

 

 

 

 

 

 

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