Fiscalía General de la República: Nuevo Camino ¿Cómo Hacerla Funcionar?

Artículo Invitado

Por Luis Miguel Martínez Anzures

En días recientes la organización México Evalúa, de la que es consejero Luis de la Calle, presentó el estudio “De la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República: Lineamientos hacia la transición”. Se trata de un análisis detallado, que plantea los elementos que se deben incluir en el diseño, reorganización y proceso de transición hacia la nueva Fiscalía General de la República, en el contexto de su trasformación en el diseño institucional.

En México se llevan años debatiendo, sobre cuál es la mejor manera de construir un sistema de justicia funcional y fehaciente con los intereses de la ciudadanía. La falta de una instancia de procuración de justicia a nivel nacional, que sea realmente independiente y capaz, ha sido uno de los principales obstáculos para abatir los graves niveles de impunidad que existen en el país, alrededor de cualquier hecho ilícito. Los casos se acumulan por millares. Al respecto, sería adecuado, dar a conocer algunas cifras sobre el problema para dimensionar sus alcances:

De enero a octubre de 2018 se tramitaron 143 mil 831 investigaciones en todo el país, de las cuales fueron analizadas y desahogadas 106 mil 282. Aproximadamente, 74%. Una cifra que demuestra en primera instancia, la nula capacidad del Estado para poder cubrir el 100% de la cuota de procuración de justicia, que demanda la sociedad. Esto quiere decir, que uno de cada cuatro casos que se presentaron ante la PGR no fueron judicializados o lo que es lo mismo, no lograron alcanzar ningún tipo de determinación jurídica por parte de la autoridad competente.

De igual forma, de los casos que sí fueron determinados o estudiados por el poder judicial, en 70% en realidad no pasó nada, ya sea porque la PGR consideró que no había delito que perseguir (36.2%) o envió el caso al archivo temporal (34.4%). ¡Una verdadera vergüenza! Una bofetada para la credibilidad e imagen que la ciudadana tendrá sobre las instituciones de impartición de justicia en este país.

Ahora bien, alrededor del 80% de los casos que conoció la PGR no tenían detenido. Y al momento de llevar el caso ante el Poder Judicial, la mitad de los asuntos se judicializaron sin detenido (63.5% para 2018).

¿Sorprende a alguien que en México sea siempre más barato y fácil quebrantar la ley?

Y lo anterior no tiene nada que ver con el proceso de investigación e integración de los expedientes de hechos ilícitos, sino con las debilidades que el diseño institucional de los organismos del poder judicial demuestra al llevar a cabo con ineficiencia sus funciones.

Hasta ahora, hay escasos resultados en la capacitación de la calidad a su personal desde áreas operativas, hasta administrativas. El ambiente es poco flexible en relación al respeto a los derechos humanos y la aplicación de la ley. En síntesis, hay mucho por hacer y poca capacidad de autocrítica en estos organismos.

Por lo tanto, esta situación no puede seguir, si consideramos la enorme cantidad de delitos del fuero federal que se siguen cometiendo a diario en contra de la paz y la integridad de las personas. Ya no hay margen de error y el tiempo se acaba. El gobierno mexicano no puede pretender ejercer una autoridad legítima, cuando no tiene los instrumentos para hacerlo. Es como querer volar sin tener alas o un medio de transporte para hacerlo, sería un suicido intentarlo.

El documento difundido por México Evalúa, considera que hay que avanzar en el proceso de trasformación para mejorar esta problemática desde cinco áreas de oportunidad:

Uno, el plan estratégico de transición, que debe contar con una metodología clara en aspectos tan importantes como: ¿qué va a pasar con los casos abiertos?, los cambios en la operación cotidiana de la institución, la transformación del organigrama, ¿qué áreas se van a cerrar?, ¿cuáles van a cambiar y cuáles se tendrán que crear?, ¿qué personal se va a necesitar?, etc. Un punto de medición y dirección para saber, hasta dónde llegarán los resultados de las políticas públicas en este tema.

Dos, el Plan de Persecución Penal, porque ahora la Fiscalía tiene que seguir un modelo diferente de persecución penal estratégica y un modelo de investigación criminal alineado a las mejores prácticas internacionales, al debido proceso legal y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Ya no hay espacio para improvisaciones. Se debe homologar la estrategia de investigación y judicialización a nivel nacional.

Tres, el establecimiento de un servicio profesional de carrera, que garantice que sólo se queden trabajando en la Fiscalía las personas más idóneas y aptas para cada posición, y que el reclutamiento se haga con criterios de excelencia para servir a la sociedad con gente capaz y honesta. Este es un gran reto para cualquier institución pública en el país, pero las que estén enfocadas a la procuración e impartición de justicia tienen una obligación moral superior y deben promover el ejemplo.

Cuatro, la política de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas,  es un eje fundamental para asegurar que la Fiscalía no repita los errores de la PGR y sea una institución realmente abierta al escrutinio ciudadano y a la evaluación del desempeño de sus funcionarios. De esta manera garantizará principios fundamentales en su operación y administración de recursos, así como también, dará certidumbre en la percepción del cumplimento de la ley ante la ciudadanía.

Y cinco, los recursos y tiempos que esta transformación requerirá, porque hay que recordar que todo plan o proyecto es tan bueno, como los recursos que tenga a su alcance y el tiempo que tienen las personas encargadas de su implementación para llevarlo a buen puerto. Para que una trasformación institucional como esta de resultados se requerirá de grandes cantidades de paciencia. Todo proceso de aprendizaje debe pasar por el molesto, pero provechoso micro ciclo de ensayo / error.

Como lo ha dicho la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni, al comentar el estudio ya referido, “hay que poner pilares sólidos para que no se los lleve la inercia de una institución que lleva muchos años de no funcionar”.

Precisamente la transformación de la PGR a una Fiscalía General autónoma, es uno de los procesos de cambio institucional más relevantes para nuestro país en los próximos años. Por ello, es fundamental que en este tema no haya margen de error y las soluciones que se planteen estén basadas en evidencia científica y no en improvisaciones.

Acerca de misionpo 4928 Articles
Noticias nacionales e internacionales. Investigación y reflexión política.